Si alguien todavía cree que España sufre “una crisis migratoria”, necesita abrir los ojos de inmediato: esto no es un problema social, esto es un sainete nacional, una tragicomedia de incompetencia política, mafias lucrativas y organizaciones “humanitarias” que, a veces, se comportan más como cómplices que como auxiliares.
En la última década, más de 400.000 personas han cruzado nuestras fronteras por mar y tierra, y casi 370.000 lo han hecho desde que Pedro Sánchez ocupa la Moncloa. A esto hay que sumar el caos absoluto en aeropuertos, donde visados mal gestionados se transforman en estancias ilegales indefinidas. ¿Cuántos son realmente? Nadie lo sabe, porque la vigilancia es ridícula y los efectivos de control brillan por su ausencia.
No son solo cifras frías: hablamos de barrios que se vuelven inseguros, rutas migratorias abiertas para mafias más rentables que el narcotráfico, y un sistema que incentiva la irregularidad y premia el fraude. Adultos haciéndose pasar por menores, tutelas autonómicas que funcionan como paga indefinida, fiscalías colapsadas, colapso en centros de acogida… y todos los días, un nuevo episodio que confirma la negligencia sistemática.
El ejemplo más sangrante llega de Granada: un cartel de Cruz Roja anuncia que «puedes recibir documentos de tu país». Traducción: “Si llegas sin papeles, no te preocupes, nosotros te enseñamos a mantenerte en el sistema y a vivir del cuento”. Adultos haciéndose pasar por menores reciben alojamiento, dinero de bolsillo, comida y ropa a costa de los contribuyentes mientras la burocracia se colapsa y nadie controla nada. La Fiscalía de Menores tarda meses o años en determinar edades, y muchos nunca presentan los documentos reales, prolongando indefinidamente los beneficios.
Desde 2018 hasta 2024, 19.467 inmigrantes ilegales fueron detectados en la costa granadina, sobre todo en el Puerto de Motril. El pico histórico de 2018, con 9.431 llegadas, mostró que el 66,8% de los declarados como menores eran adultos, y esto ocurrió justo en los primeros años de Sánchez en el poder. Y ahora, un cartel aparentemente “inocente” refuerza la normalización del fraude: si se puede “corregir” la falta inicial de papeles mientras se mantiene la paga, ¿por qué molestarse en cumplir la ley?
Mientras tanto, las mafias del tráfico humano, operando desde Marruecos, Colombia o incluso infiltradas en organizaciones humanitarias, cuentan dinero como si fueran banqueros, y el sistema no solo no les pone freno, sino que a veces parece premiar su audacia. Cada llegada masiva sin control, cada tutelado falso, cada aeropuerto caótico y cada frontera permeable es una inyección directa al caos social y financiero.
No se trata de populismo: esto es seguridad nacional en juego. La combinación de incompetencia política, instrumentalización de la inmigración y lucrativa connivencia de mafias y ONG ha convertido a España en un laboratorio de desastre social. Las detenciones por yihadismo superan ya las 100 en 2025, recordando los peores momentos tras el 11-M. Las rutas migratorias descontroladas son una autopista para el crimen organizado y el terrorismo, mientras los ciudadanos pagan con impuestos el precio de la negligencia.
El sentido común grita: cerrar fronteras, desmantelar mafias, controlar aeropuertos y puertos, recuperar el sistema de tutela y proteger a España con firmeza. Cada día que pasa sin acción es un paso más hacia el colapso. El país no puede permitirse más carteles que fomenten irregularidades, más adultos disfrazados de menores, más burocracia saturada y más políticos que sonríen ante el desastre mientras recogen votos y selfies.
Este no es un problema menor: es un circo kafkiano de fraude, descontrol y dinero fácil, donde Sánchez y compañía posan felices mientras España se tambalea. La supervivencia nacional exige valentía, seriedad y acción inmediata. España merece una política de fronteras claras, justicia efectiva y control absoluto del sistema de acogida, antes de que lo que queda de sentido común desaparezca por completo bajo el peso del desorden, la ilegalidad y la codicia.
