Una cuestión pendiente de la democracia española es la independencia del Fiscal General del Estado. La misión del Fiscal consiste en defender la legalidad y proteger los derechos y libertades ante los Tribunales de Justicia. Debe estar al servicio de los ciudadanos. Sin embargo, ningún gobierno de nuestra reciente democracia se ha atrevido a dar el paso que tan necesario resulta. Si el Fiscal General fuera independiente del gobierno de turno, los etarras y sus amigos no podrían bravuconear del modo en que lo hacen. Los ciudadanos tendríamos más garantías acerca del cumplimiento escrupuloso de la ley.
Los sucesivos gobiernos que sistemáticamente han obviado esta imperiosa necesidad, con su actititud, han venido a demostrar que su disposición a cumplir las propias leyes que ellos mismos establecen no es absoluta, ni mucho menos.
La cuestión es que los propios damnificados, que somos quienes corremos con los gastos, nos conformamos, los políticos no detectan una demanda social en este sentido y, por tanto, no hablan nunca de este asunto.
