No cabe catalogar más que como espectáculo al numerito que están montando Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón en su afán por controlar Caja Madrid. Nada de eso sería posible si las cajas no estuvieran politizadas; los políticos, o ex políticos, sólo deberían poderse relacionar con las cajas en calidad de clientes y debería haber una ley que castigara con severísimas penas de cárcel a quienes las incumplieran. Las cajas deberían estar al margen de toda pugna o estrategia política y ceñirse a la función para la que fueron creadas.
En el caso de Caja Madrid, como probablemente en todas las demás cajas, se ve claramente que el cliente, o el ciudadano, es el que menos importa. Se trata únicamente de la lucha por el poder, es decir, de lo que queda cuando no hay autoridad. Y asiste a la lucha, como si no fuera con él, Mariano Rajoy. Acaso porque le parece correcto que dos de los líderes de su partido luchen sin cuartel, con todas las armas al alcance de ambos, incluido el recurso a los tribunales de justicia. O, quizá, porque personalmente le conviene que se degasten uno al otro, pero en este caso también se desprestigia él con su pasividad.
Pero no todo el embrollo en este caso proviene del Partido Popular. También participa el PSOE, con Zapatero a la cabeza, al vetar para la presidencia de dicha caja a Rodrigo Rato y Manuel Pizarro, no porque dude de su capacidad para el cargo, sino por motivos estrictamente personales. Es decir, quizá fuera bueno para los españoles que cualquiera de estos dos personajes se alzara con la presidencia, porque sería el fin de la trifulca y, sobre todo, porque a lo mejor gestionaban la entidad correctamente, lo que redundaría en beneficio de todos. Y esto es en lo último que piensan los políticos.
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