El ministro se ha encontrado entre la espada y la pared al tener que anunciar la posible sanción a Barreda, el gran amigo y aliado político de Zapatero
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha reconocido que si no cesan las emisiones de Telecom Castilla-La Mancha que impiden ver Telemadrid en Guadalajara y Toledo, se verá obligado a iniciar el correspondiente proceso sancionador.
El señorito Barreda ha colmado la paciencia de su propio compañero de filas. La mentalidad imperiosa del aristócrata y presidente le lleva a liquidar todo aquello que no esté bajo su control.
Sebastián hizo este anuncio en el pleno de la Cámara Alta en respuesta a una pregunta formulada por la senadora del PP Carmen Riolobos con la que pretendía conocer si el Gobierno ha permitido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha emitir en el canal 63, adjudicado a Telemadrid, en las provincias de Guadalajara y Toledo.
El gobierno de Barreda, a través del único operador audiovisual autorizado -la empresa pública Telecom Castilla-La Mancha- colocó dos receptores ilegales que impiden la recepción de Telemadrid en las dos provincias castellano-manchegas, algo que está recogido por ley, al igual que el canal público de Barreda se ve en la comunidad vecina
La inversión de los equipos emisores ilegales empleados para la interferencia de la señal suponen un coste de más de 35.000 euros, un hecho más que desmonta la falsa política de ahorro y austeridad que tanto les gusta anunciar diariamente a Barreda y a la vicepresidenta Araújo
El titular de Industria, que ha certificado la existencia de estas emisiones, ha negado que cuenten con los permisos pertinentes.
Los postes en los que se han localizado los emisores están situados en Cabanillas del Campo (Guadalajara), y en el Cerro de los Palos, en Toledo. No se sabe qué implicación real tienen los alcaldes de ambos municipios -ambos del PSOE- en todo este lío. Mientras que García-Page ha dado la callada por respuesta, el alcarreño Jesús Miguel Pérez ha intentado desvincularse de la autorización de tal emisor a Telecom.
Antes de iniciar el proceso sancionador, el ministro de Industria, ha indicado que en los próximos días se enviará un segundo requerimiento de cese.
En su pregunta, Riolobos acusó al Gobierno regional de «dar instrucciones y financiar» la construcción de las dos emisoras situadas en las torretas de Telecom Castilla-La Mancha
Riolobos vinculó la presunta actuación del Gobierno de José María Barreda a «razones de censura política», afirmando que este ejecutivo está «obsesionado con controlar los medios de comunicación».
Es mezquino y ruin que un gobierno impida que miles de ciudadanos vean la pluralidad informativa que significa poder ver más televisiones
Telecom Castilla-La Mancha recibió dinero sin licitación previa
Los escándalos que relacionan a Barreda y Telecom Castilla-La Mancha no son novedosos. La Unión Europea estudiará las concesiones de TDT de la región por las posibles ayudas ilegales llevadas a cabo por la Junta. La empresa que se encuentra bajo sospecha es Telecom Castilla-La Mancha.
Telecom Castilla-La Mancha cuenta entre sus accionistas con la propia Junta de Castilla-La Mancha, que participa en un 45%, y Caja Castilla-La Mancha (CCM), que participa en un 20%. Además, la empresa está presidida por Petra Mateos-Aparicio Morales, ex directora general del Gabinete de Miguel Boyer y consejera de CCM
Un documento enviado desde Bruselas al Gobierno español sitúa en foco de las sospechas a nivel nacional a las empresas Albertis y Telecom Castilla-La Mancha, las dos mayores contratistas de España con un 57,18% y un 13,72% del importe financiado por el Gobierno español, respectivamente. La UE culpa al Gobierno y a las regiones de usar los fondos públicos para ayudar a las empresas de TDT a tener ventaja competitiva frente al satélite, una ventaja que sería inexistente sin las ayudas estatales y regionales.
