La juez del 'caso Campeón' prorroga el secreto de sumario en contra de la solicitud del ministro
El ministro de Fomento, José Blanco, se vio este 13 de octubre de 2011 obligado a cancelar la concesión del contrato del siglo de gestión aeroportuaria.
Es el segundo fiasco en menos de un mes para la imagen de la economía española, tras la renuncia a privatizar Loterías y Apuestas del Estado.
Blanco, cuyas aspiraciones ahora son grantizarse el dominio absoluto del PSdG y ser la alternativa socialista al popular Alberto Núñez Feijóo en las próximas autonomñicas, deja para el próximo Gobierno la decisión de vender la concesión de la gestión de los aeropuertos de Barajas y El Prat durante 25 años, que iba a reportar a las arcas del Estado alrededor de 11.000 millones de euros.
Hasta este 13 de octubre, el objetivo del Ejecutivo era el de resolver esta privatización en vísperas del 20-N.
Pese a los cantos a la transparencia entonados por José Blanco, el PSOE rechazó ayer en el Congreso una petición del PP para que explicara su relación con los empresarios procesados en la operación Campeón.
Casi a la misma hora se conocía el aplazamiento de la privatización de Barajas y El Prat, hecho que no se puede desligar de la situación de debilidad del titular de Fomento.
Los populares ya dijeron la semana pasada que debía paralizar esa operación por «higiene democrática». Con Blanco a la defensiva en todos los terrenos y en contra de su petición, la juez del caso Campeón ha decretado la prórroga del secreto de sumario.
Eso puede significar que la magistrada intenta sacar el asunto de la campaña electoral, pero ese celo sería innecesario si la investigación dejara fuera de toda duda la actuación de Blanco.
Sorprende la actitud del ministro de Justicia pidiendo que se «investigue» la filtración de un sumario que pone bajo sospecha a su paisano. Cuando durante meses se filtró el de Gürtel, Caamaño permaneció impasible.
El empresario Jorge Dorribo, principal imputado en el caso Campeón, acudió en la tarde de ayer a los juzgados de Lugo, donde prestó declaración de nuevo ante la juez Estela San José.
La presencia del propietario de Laboratorios Nupel en sede judicial se prolongó durante más de cinco horas.
El industrial que se autoinculpó de haber pagado al portavoz del Gobierno una mordida de 400.000 euros no rehuyó de las cámaras, pero ni él ni su abogado, Ignacio Peláez, dijeron nada a la prensa.
Ambos fueron recogidos en las puertas del juzgado por otro de los imputados, el que fuera administrador de Laboratorios Nupel, José Amador Fernández.
Jorge Dorribo llegó al juzgado con varias carpetas en las que portaba numerosa documentación. A su salida, el empresario llevaba bajo su brazo los mismos portafolios semivacíos. Cuando abandonaba las dependencias del juzgado, varios espontáneos le gritaron consignas como «¡ladrón!» o «¡chorizo!».
La juez San José acordó este martes una prórroga del secreto de sumario hasta, al menos, mediados de noviembre, aunque fuentes judiciales precisaron a este diario que lo previsible es que no lo alce definitivamente hasta después del 20-N.
El juzgado desoye de esta manera la petición de Blanco de que levante la reserva de aquella parte en la que Dorribo le implica.
