Se coaccionó a una edil de IU de Camas para que votase en contra del PP

La Junta financió una moción de censura del PSOE al PP con dinero del ‘fondo de reptiles’

Se gastaron más de 22.00 euros en contratar los servicios de un bufete

La Junta financió una moción de censura del PSOE al PP con dinero del 'fondo de reptiles'
El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves (i), conversa con el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. EFE/Archivo

Prejubilaciones falsas; ayudas sociolaborales irregulares a empresas de amigos, entidades ficticias o ayuntamientos del PSOE; cocaína; alcohol; ropa; regalos, plumas estilográficas, antigüedades y hasta una pianola. Los destinos que ha tenido el famoso fondo de reptiles de la Junta de Andalucía han sido de los más variopintos, lejos de contribuir a reflotar el empleo en una comunidad con 1,2 millones de parados –La Junta financió una operación del PSOE con dinero del ‘fondo de reptiles’-.

Sin embargo, la larga lista de despropósitos va en aumento. A escasos tres días de las elecciones autonómicas, se conoce ahora que este dinero era también utilizado por el Gobierno andaluz con fines partidistas de lo más repudiable: intentar provocar un cambio de gobierno por otra vía distinta a las urnas.

En concreto, según un dossier de facturas al que ha tenido acceso LA GACETA, el exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas usó la consejería del ramo para contratar un despacho de abogados que interpusiera una querella criminal contra una concejala de Izquierda Unida en la localidad sevillana de Camas a fin de violentar su voluntad en la votación de una moción de censura contra el entonces alcalde, Agustín Pavón (PP), en 2005. Se daba la circunstancia de que Rivas, citado a declarar como imputado el próximo 26 de julio por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, era por aquellas fechas secretario general del PSOE en un municipio donde ya había sido alcalde con anterioridad.

El bufete de abogados remitió a la atención de Rivas, adscrito a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, meses antes de la moción una propuesta con acciones legales a seguir contra María del Carmen Lobo, entonces concejal de IU en el Ayuntamiento de Camas, su amigo, el empresario Javier Gordo, que también militó en la formación comunista.

Ambos estaban inmersos en un litigio con un tercero, José María de los Santos, presidente de la comunidad de propietarios de un inmueble, al que habían acusado de «encubrir un punto de venta de droga» en el lugar. Es aquí, donde el bufete de abogados, a petición de Rivas, ve material suficiente para defender a De los Santos e interponer una querella criminal por calumnias contra Lobo y Gordo y remite tal propuesta al delegado provincial de Empleo.

Este acepta y con posterioridad son remitidas a la Junta de Andalucía las facturas por los trabajos de los letrados. En la primera de ellas, emitida el 9 de junio de 2004, se especifica un pago de 8.120 euros por «interposición querella criminal»; en la segunda, del 14 de septiembre de ese mismo año, se detalla un total de otros 8.120 euros por «diligencias previas»; y en una tercera, esta de noviembre de 2005, se reclaman unos «honorarios por servicios profesionales» de 6.960 euros.

En paralelo a estos hechos, la ex concejal de IU Carmen Lobo terminó sumando al PSOE en ese intento de moción de censura contra el PP, aunque la iniciativa no salió luego adelante. El 28 de enero de 2005 tanto los socialistas que promovieron la moción como Lobo se ausentaron del Pleno que rechazó la propuesta. Más tarde, la que fuera edil de Izquierda Unida en Camas terminó siendo contratada por la Diputación de Sevilla, presidida por el socialista Fernando Rodríguez Villalobos.

EXPLICACIONES

Ante estos hechos, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, denunció que son «una muestra más» de cómo el PSOE ha usado el «dinero de los parados» para conseguir «beneficios electorales y políticos». Asimismo, el número dos de Javier Arenas pidió explicaciones a la Junta de Andalucía por el pago de unas facturas con cargo al erario público que protagonizó Antonio Rivas, uno de los implicados, añadió Sanz, que «más ha sido defendido tanto por José Antonio Griñán como por otros dirigentes socialistas en el Parlamento andaluz».

En el caso de Rivas, la instructora está investigando si, en función de su cargo, «era conocedor» de la inclusión de intrusos y de las irregularidades» halladas en los ERE de los años 2003 y 2007 de Mercasevilla. Esto es, si el imputado participó en «la asunción generalizada por parte de la Junta de los compromisos de financiación de las prejubilaciones».

 

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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