El Instituto de Urdangarin percibió alrededor de 3,6 millones de euros públicos
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez instructor del caso Nóos, José Castro, que cite a declarar, entre otros testigos, al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, cuya comparecencia ya había sido reclamada por el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el marco de este procedimiento judicial.
El magistrado deberá decidir así en próximos días si emplaza a todos ellos a declarar a fin de que aclaren su participación en las negociaciones previas a la firma del convenio y las dos addendas de los Valencia Summit por los que el Instituto Nóos percibió alrededor de 3,6 millones de euros públicos; así como en relación al convenio firmado por 382.203 euros para que la ciudad de Valencia fuera sede de unos Juegos Europeos que nunca llegarían a celebrarse.
COMPLETAR LA INVESTIGACIÓN
El escrito del fiscal Pedro Horrach ha sido presentado este jueves 31 de octubre ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, después de que el instructor al Ministerio Público y demás acusaciones a que se pronunciasen sobre la pertinencia de citar como testigos a los dos políticos valencianos, tras así haberlo pedido Manos Limpias a fin de que «se depuren cuantas diligencias sean necesarias para completar la investigación», según el escrito que presentó el sindicato.
La acusación popular cursó la petición después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) acordase el pasado 24 de septiembre no imputar ni a Camps ni a Barberá en el marco de esta causa, al considerar que en su actuación no hay indicios de delito. Así, rechazó asumir la competencia para instruir el caso, que finalmente quedó en manos del juez Castro.
Fue el pasado mes de junio cuando Castro elevó al TSJCV su exposición razonada con los indicios delictivos que consideraba que pesan sobre Camps y Barberá en relación a los eventos organizados por el Instituto Nóos, presidido entonces por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin.
Más en concreto, Castro, que remitió el escrito al tribunal valenciano al tratarse Camps y Barberá de personas aforadas, aludía a un posible delito continuado de falsedad en documento oficial; a otro de prevaricación; a un delito de malversación de fondos públicos, y a otro de fraude a la Administración.
«NO ES BASTANTE»
Por su parte, el TSJCV respondió que no es «bastante» con que aparezcan unos hechos que puedan revestir los caracteres de delito, ni que de una manera más o menos amplia puedan tener alguna relación o conexión con una persona aforada, sino que además es «necesario» que se deduzca «algún principio de prueba» que permita afirmar la participación directa y voluntaria de Camps y Barberá en los hechos. Y en este momento procesal, «no constan».
Según la Agencia Tributaria, sólo en 2004 Nóos destinó a la preparación del primer Valencia Summit 194.436 euros, a pesar de que para ello había percibido un total de 1,044 millones públicos. Un año después, de los 1,5 millones que recibió, tan sólo gastó en facturas de la segunda edición 395.597 euros, mientras que en lo que a la tercera edición se refiere, el Instituto recibió 1,049 millones, de los que empleó 320.635 euros para el evento.
Así, hasta un total de 3,6 millones de euros recibió Nóos de la Administración pública valenciana en virtud del convenio de colaboración suscrito el 8 de septiembre de 2004 entre la entidad aparentemente sin ánimo de lucro, la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) y la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau (FVTCB), al que siguieron dos addendas más.
