LA FISCALÍA SOLICITA QUE SEA TESTIGO PROTEGIDO

La juez Alaya no consentirá que coaccionen al funcionario que denunció el fraude en los cursos de formación

La Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental y CC.OO anuncian querellas contra este testigo

La juez Alaya no consentirá que coaccionen al funcionario que denunció el fraude en los cursos de formación
La juez Alaya. JA

La juez Mercedes Alaya aseguró el 22 de octubre de 2014 que «no va a consentir ningún tipo de presión o coacción» hacia Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta y que denunció las «graves» irregularidades en la concesión de cursos de formación. Asimismo, ha asegurado, en relación a las querellas anunciadas por la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (Faisem) y CC.OO contra el testigo, que las mismas podrían constituir delitos contra la Administración de Justicia.

Montes acudió nuevamente al Juzgado a firmar el acta definitiva de su declaración y ha pedido ampliar la misma para, en primer lugar, mostrar un artículo publicado por ‘El País’ y titulado ‘Montes validó un curso en el que fue incluida su hija’. La juez ha acordado adjuntar a la causa el citado artículo, «en el que se relata, además de lo manifestado por el testigo, que algunas entidades como la entidad Faisem y CCOO han interpuesto o van a interponer una querella» contra el denunciante.

En este sentido, la juez ha manifestado que «no va a consentir ningún tipo de presión o coacción hacia» el testigo, «pudiendo constituir los hechos que se relatan en dicho artículo de prensa, en relación a las acciones entabladas o que piensan entablar contra él, delitos contra la Administración de Justicia, que de tener conocimiento este Juzgado deducirá el oportuno testimonio para que se ventilen en las pertinentes diligencias».

Tras ello, el fiscal delegado Anticorrupción ha mostrado su conformidad con lo acordado por la magistrada y ha pedido «expresamente» que se lleve a cabo, así como las medidas previstas por la Ley Orgánica de Protección de Testigos y Peritos «con la finalidad de asegurar no solamente la integridad del testigo y su familia, sino también asegurar las resultas del presente procedimiento».

«PÉSIMA» PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS

En su comparecencia, y en relación a la información dada por El País, Teodoro Montes ha pedido a la instructora que solicite a la Junta el expediente relativo al curso ‘Organización, gestión y función de Laboratorio’ impartido por la entidad ‘Laboratorios Torrecilla Fuentes’.

Seguidamente, ha aludido a una «asignación de cursos a los entes locales que nos dibujarían un plano político de la comunidad», y ha señalado que «la utilización de inmuebles, lejos de responder al colectivo de desempleados donde hay libre disponibilidad horaria, vendría condicionada por otro uso distinto del interés formativo».

Teodoro Montes ha incidido así en la «pésima» programación de los cursos, ya que «se hacen cursos en horario de tarde sin necesidad» y «si se realizan labores en horas extras, pues se paga doble o tienen más permisos», por lo que a su juicio los cursos debían hacerse por la mañana.

«GALIMATÍAS DE IRREGULARIDADES»

Ha añadido que, «en todo este galimatías de irregularidades expuestas días atrás, alguien debe ser responsable, pero no solamente en lo económico sino también en lo social», lo que «nos lleva al día de hoy, en el que la crisis socioeconómica que padecemos contrasta fuertemente con la insensibilidad de las personas, directivos y consejeros del Gobierno andaluz ante el problema social y económico del colectivo de desempleados».

Al hilo de ello, se ha preguntado si «realmente existen desempleados en la comunidad andaluza» y se ha contestado a sí mismo que «ello parece obvio», señalando que «lo importante es que el parado cada vez tiene menos expectativas de trabajo», pues «desde la convocatoria de 2011 no ha vuelto a existir convocatoria alguna que pudiera asistir al triste colectivo de desempleados, obviando la programación 2012, 2013, 2014 y no sabe si incluso la 2015».

«¿Quién es responsable?», se ha vuelto a preguntar, señalando que «el responsable es el Gobierno andaluz», el cual «se nutre de forma ininterrumpida desde que comienza la democracia de personas que derivan del PSOE». Luego alguien, Gobierno o partido, debe contestar a la responsabilidad social y económica que padece esta comunidad».

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