Sin pelos en la lengua.
María Jamardo, jefa de Tribunales de ‘El Debate’, ha denunciado con dureza lo que describe como las “cloacas” del Gobierno, acusándolo de utilizar todos los resortes del Estado —incluida la cara A y la cara B de las cloacas— para “matar civilmente” a periodistas, fiscales, jueces y magistrados del Supremo que han aplicado la ley contra lo que considera actos golpistas.
Lo hizo este 16 de julio de 2026 en ‘Horizonte’ (Cuatro), la periodista recalcó:
“Nunca habíamos estado en una coyuntura similar que ponga tan de manifiesto que el Poder Ejecutivo está fuera del Estado de Derecho. No solo fuera, sino reventándolo desde su posición de poder. Y esto nunca había sucedido, o al menos no de una manera tan obscena y tan evidente como estamos escuchando”.
El caso García Ortiz y la cadena de subordinación política
La comunicadora recordó el “escándalo mayúsculo” protagonizado por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, quien se habría saltado la legalidad para favorecer al Gobierno que lo nombró, traicionando su misión principal de defender la legalidad.
“Lo mismo estamos viendo replicado presuntamente en: la directora general de la Guardia Civil, el DAO (máximo mando militar con designación política), y la orden que daba un general a su subordinado para que no asistiese a un acto protocolario institucional dentro de la invitación que formalmente le cursa la Comunidad de Madrid”, añadió.
Según Jamardo, el Ejecutivo “no tiene límites ni dentro ni fuera de sus competencias” y ha puesto en marcha “una maquinaria entera” para perseguir a aquellos que cumplen con su obligación de perseguir a los golpistas.
“Meretrices mediáticas, militares y de la Fiscalía”
La periodista subrayó que, de no ser por las informaciones periodísticas, no se habrían conocido “las meretrices mediáticas, militares, ni a las que operan en la Fiscalía General del Estado. No habríamos conocido a los traidores”.
Jamardo defendió la necesidad de proteger los principios básicos del Estado de Derecho, más allá incluso del ámbito penal: “Hace falta defender los principios básicos que conforman España como un Estado de Derecho, que es lo que está intentando dinamitar este gobierno a marchas forzadas”.
El alto coste de la resistencia
La colaboradora puso en valor el precio que están pagando quienes no se han “plegado a las órdenes que pueden ser legales pero también ilegítimas al mismo tiempo”.
“El coste personal para todos aquellos que no hemos seguido la corriente es muy alto en lo personal y en lo profesional”, lamentó.
Paradójicamente, Jamardo agradeció al Gobierno que esté poniendo “tan de manifiesto esta realidad”: que el Poder Ejecutivo está dinamitando las instituciones del Estado “sin precedentes históricos comparables en democracia”.
