Una de las obligaciones primordiales de la prensa libre es criticar al Gobierno. Controlar al poder Ejecutivo es muestra de salud democrática y clara evidencia de que el organismo social está vivo y dispuesto a defenderse. En ese sentido tanto los poderosos señores de la pluma, a lomos de sus briosos medios de comunicación, como los humildes plumillas de infantería colaboramos a mantener el cuerpo social “limpio como una patena”, que diría Zetapé, el profeta del talante, trilero de la verdad y risueño mercader de palabras huérfanas de contenido.
Sin embargo en este país de los milagros, donde, por terrible que sea, no hay tragedia que aguante más de dos semanas en la memoria de quienes la sufren -el pueblo soberano-, ni charco donde el Gobierno no se meta -por sucio y peligroso que parezca-, la oposición también hace méritos para la crítica, por su incoherencia, indecisión y escasa contundencia a la hora de cumplir con la saludable e imprescindible función democrática de control y fiscalización del Ejecutivo.
Un ejemplo ilustrativo. Me entero por la prensa -como decía Felipe González durante su última etapa como presidente de Gobierno cada vez que la “canallesca” sacaba a la luz un nuevo escándalo de corrupción-, que Mariano Rajoy no ha firmado el recurso de inconstitucionalidad que, como presidente del PP, ha promovido contra la ley del matrimonio homosexual.
Mi sorpresa, moderada conociendo el paño, no es por el recurso de inconstitucionalidad -presentado a última hora y como a escondidas- contra una ley inconstitucional, execrable e injusta. Ni siquiera por los bandazos de un Rajoy que pasó de no apoyar la masiva manifestación del 18-J contra el matrimonio homosexual -como tampoco lo hicieron Ruiz-Gallardón, ni Esperanza Aguirre- a soportar con paciencia franciscana las presiones internas de la llamada Plataforma Popular Gay que determinaron la esperpéntica, estúpida y cobarde hazaña de la crucifixión del profesor Aquilino Polaino soezmente ejecutada por Eduardo Zaplana, Ana Pastor, Esperanza Aguirre, Ruiz-Gallardón (faltaría más), Alfoso Alonso (alcalde de Vitoria) o el senador Agustín Conde , quien, después de alabar «su magnífica exposición, que nos será tremendamente útil en nuestra labor como legisladores» -dijo cínicamente- le «agradeció su presencia» en la comisión de expertos del Senado donde, por cierto, acudió citado por el PP para que en su condición de catedrático de Psicopatología de la Universidad Complutense de Madrid, ratificara las tesis populares sobre la adopción de niños por homosexuales.
Tampoco me asombré demasiado cuando el chantaje alcanzó su cénit con unas abyectas declaraciones sobre las presuntas inclinaciones sexuales de Mariano Rajoy, que excretó un tal Carlos Biendicho -presidente de la PPG-, al enterarse que el líder del PP había decidido plantear el recurso de inconstitucionalidad.
La verdadera sorpresa para mí ha sido que el Partido Popular haya decidido que firmen el recurso únicamente 50 diputados, el mínimo exigido por la Constitución. Y que los 98 restantes se queden de mirones, entre ellos Celia Villalobos o José María Lasalle, claro está. Pero también el secretario general, Ángel Acebes, o el mismísimo presidente del partidido y promotor del recurso, Mariano Rajoy. Y quizás tampoco esté -todavía no conocemos la lista de los 50 principales– Esperanza Aguirre, ni Ruiz-Gallardón.
Las preguntas se multiplican ¿Cuál es la estrategia del PP para tomar esta decisión? ¿Qué intereses están en juego? ¿Es ésta su coherencia política? ¿Se están posicionando los barones -y baronesas- del PP para la contienda electoral? ¿Es una fórmula salomónica para camuflar su división interna, visto que habría numerosas deserciones a la hora de firmar el recurso? ¿Así defiende el PP los intereses de 10 millones de votantes?
Lo más preocupante es que esta estrategia parece basada en una indudable búsqueda “arriolesca” de la rentabilidad política, con guiños al electorado “progresista” en detrimento de la derecha sociológica, su electorado más fiel, y como siempre, el peor tratado. Lo más chusco es que ésto es lo mismo que criticaba Rajoy cuando amonestó a Esperanza Aguirre -que públicamente se había mostrado contraria a plantear el recurso- advirtiéndole que los principios y el respeto a la ley estaban por encima de la “oportunidad política” que ahora defiende con tanto ahínco -¡qué decepción!- la presidenta madrileña.
Pero esas sensatas palabras de Rajoy no se corresponden con los hechos. Al parecer el PP recurre al viejo truco del cuclillo y quiere poner sus huevos electorales en varios nidos. Además de un gran error estratégico y de una traición a su electorado –al que, equivocadamente, sigue considerando menor de edad y cautivo de sus siglas- ignora la sabiduría de un viejo refrán castellano que sentencia que no se puede estar en misa y repicando.
