En La Retaguardia de este viernes 18 de julio, Eurico Campano denuncia el cinismo de que quien fuera la jefa del comando de propaganda de la banda terrorista ETA dicte ahora quien es o no periodista. Estarán en el programa el director de ElCatalan.es, Sergi Fidalgo, y Juanma Cepeda.
El verano político español se ha animado con una polémica que fusiona los ingredientes más picantes de la actualidad: libertad de prensa, tensiones entre partidos y el fantasma persistente del pasado de algunos portavoces. El centro de la tormenta lo ocupa la reforma del reglamento del Congreso, impulsada por el PSOE y sus socios, destinada a endurecer las condiciones para los periodistas acreditados en la Cámara Baja.
El asunto ha estallado tras varios incidentes protagonizados por informadores que, según los promotores de la medida, han cruzado las líneas rojas del respeto institucional. Lo cierto es que, bajo el eufemismo de «pseudoperiodistas» o «agitadores ultra», lo que se plantea es un nuevo régimen disciplinario que permitirá desde apercibimientos hasta la retirada definitiva de acreditaciones. El debate no ha tardado en contaminarse con acusaciones cruzadas sobre censura, ataques a derechos fundamentales y, cómo no, referencias al pasado más turbio de algunos protagonistas.
Mertxe Aizpurúa: propagandista de la banda terrorista ETA
En medio del fragor parlamentario destaca Mertxe Aizpurúa, portavoz del comando político de ETA en el Congreso, cuya biografía incluye una condena firme por enaltecimiento del terrorismo en los años noventa cuando dirigía el diario ‘Egin’. Aizpurúa se ha erigido como una de las voces más beligerantes contra los periodistas críticos, calificando a ciertos informadores como «voceros del PP y Vox» que «acosan, atacan y señalan». Su estilo directo y su historial han servido para azuzar el malestar entre medios y parte de la oposición, que ven en sus intervenciones una amenaza velada contra quienes ejercen el periodismo incómodo.
No es solo su pasado lo que genera polémica; es también su discurso actual. Durante recientes debates parlamentarios, no ha dudado en equiparar las críticas políticas con insultos personales, preguntándose qué harían los portavoces del PP o Vox si fueran blanco de lo que ella tacha de descalificaciones. Para muchos observadores, esta estrategia busca legitimar un endurecimiento del control sobre el acceso informativo al Congreso bajo la excusa del respeto institucional.
El nuevo reglamento: sanciones, advertencias jurídicas y controversia
La reforma —que avanza a velocidad de crucero gracias al PSOE y sus socios— incorpora sanciones precisas para los periodistas que supuestamente obstaculicen la labor parlamentaria o incumplan normas internas. Entre las novedades:
- Acreditación obligatoria: Solo podrán ejercer su labor quienes cuenten con credencial vigente; entrar sin ella será sancionable.
- Infracciones tipificadas: Desde interrupciones en ruedas de prensa hasta grabaciones no autorizadas fuera de espacios habilitados.
- Sanciones graduadas: Suspensión temporal (máxima de tres años) o retirada definitiva según la gravedad.
- Prescripción: Las faltas leves prescribirán al mes; las graves a los tres meses; las muy graves a los seis.
- Consejo consultivo: Un órgano con representantes parlamentarios y profesionales decidirá sobre los casos conflictivos.
No obstante, los servicios jurídicos del Congreso han advertido sobre posibles riesgos para el derecho fundamental a la información y han pedido garantías adicionales para evitar arbitrariedades.
Reacciones políticas: entre la defensa institucional y el temor al silencio
El PSOE defiende que esta reforma responde a «demandas legítimas» de periodistas que los socialistas califican como «profesionales» y que dicen estar hartos de convivir con activismo disfrazado de información. Lo hacen con el apoyo cerrado de sus socios —Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG— y apuntando siempre hacia lo que consideran «basura ultra» infiltrada en el hemiciclo.
Por su parte, PP y Vox ven en esta maniobra un intento claro de acallar voces incómodas y restringir derechos constitucionales. El propio Alberto Rodríguez Almeida (VOX) tacha la medida como un «atropello democrático», mientras Macarena Montesinos (PP) critica que ahora sea «un órgano político» quien decida quién puede informar desde el Parlamento.
La cuestión de fondo de todo este relato que ha creado la izquierda es cómo determinados periodistas como Bertrand Ndongo se han enfrentado al sistema de control de la prensa establecido en las ruedas de prensa del Congreso de los Diputados. Y es que las comparencias ante la prensa de los portavoces de los grupos parlamentarios que sostienen a Pedro Sánchez y las del propio PSOE están teledirigidas por sus jefes de comunicación. Así, estos comisarios políticos son los que dan la palabra a los periodistas para que pregunten. Ndongo o Josué Cárdenas se han negado a esta censura y han ejercido su derecho como periodistas a preguntar aunque el comisario censor no les diera palabra. Y, además de esto, nuestros compañeros resulta que hacen preguntas incómodas o muy incómodas que el resto de periodistas no pueden o no quieren hacer.
