No se puede devolver a nadie a un lugar donde pueda ser condenado a muerte; ser sometido a torturas o tratos degradantes; o donde la violencia y la violación de los derechos humanos sea tan generalizada que su vida pueda estar amenazada
(Jesús Bastante).- «Que no se ahogue la esperanza«, es el título del documento que el Servicio Jesuita a Migrantes-España ha elaborado con motivo de las próximas elecciones europeas, y que esta mañana ha sido presentado en Comillas. «Queremos defender los derechos de las personas migrantes«, señaló Miguel González, director del SJM-España, y para eso «hay que cambiar las políticas«.
Una serie de propuestas para que las políticas europeas sean «más acordes con la justicia, la dignidad y los derechos humanos que todos atesoramos». Para Miguel González, el contexto actual -elecciones UE- es importante, pues las leyes sobre migración «deben adoptar un nuevo programa sobre libertad, seguridad y justicia«. «Ahra que elegimos Parlamento Europeo, ¿quiénes nos van a representar mejor a la hora de poner en marcha políticas que pongan en valor los derechos humanos?».
Este es el principal mensaje del documento: «que la defensa de los derechos humanos debe prevalecer a la hora de establecer políticas de migración, de control de fronteras». El documento presenta una treintena de propuestas concretas, entre las que destaca el acceso de la inmigración. En este sentido, el SJ; propone «estudiar nuevos canales para la inmigración legal (visados para búsqueda de empleo, etc…), pues en la actualidad esto es casi imposible. A su vez, apuestan por «establecer mecanismos efectivos en los países fronterizos con la UE (como Marruecos o Argelia)».
Del mismo modo, proclaman que se impida denegar la nacionalidad por no cumplir una serie de requisitos realmente absurdos, como los famosos «exámenes de historia». En cuanto ala inmigración irregular de los que ya están en nuestro país, el SJM critica con dureza la realidad de los Centros de Internamiento de Extranjeros, que «en España se ha convertido en la principal medida cautelar». En este punto, «apostamos por alternativas a la detención y los centros de internamiento«.
Un cuarto bloque está en «cómo garantizamos la protección de los posibles solicitantes de asilo en la frontera sur». Aquí encontramos las «devoluciones en caliente», que se han convertido en «una práctica casi cotidiana», que «vulnera la legislación», subrayó Miguel González. «Se está impidiendo que algunas personas hagan valer su derecho a solicitar la protección internacional. ¿Por qué hay tantas personas que se tienen que jugar la vida a acceder a esta protección, o se tienen que poner en manos de mafias o traficantes?». En este punto, reclamó una investigación de las personas que viven en los CETIS de Ceuta y Melilla, y enviar, «cómo Europa, una investigación allí».
Finalmente, y sobre la aplicación de las normas, González denunció que «está fallando», de modo que reclamaron que el sistema de control de prácticas en fronteras de la UE sea reforzado, para que «la legislación sea aplicada».
Por su parte, la abogada Cristina Gortázar, experta en inmigración, abundó en algunos casos recientes en los que un tribunal europeo ha condenado a un país «por hacer cosas menos graves de lo que estamos haciendo en el Estado español».
«El derecho internacional prevalece sobre cualquier otra norma jurídica«, subrayó Gortázar, quien relató dos casos en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Grecia, Bélgica e Italia, y que han sentado «una jurisprudencia que no se puede saltar nadie».
«No se puede devolver a nadie a un lugar donde pueda ser condenado a muerte; donde pueda ser sometido a torturas o tratos degradantes; ni devolver a nadie a un lugar donde la violencia y la violación de los derechos humanos sea tan generalizada que su vida pueda estar amenazada». Desde estas sentencias, esto es obligatorio. Y, sin embargo, «España está saltándose flagrantemente las sentencias en Ceuta y Melilla«, denunció.
«Los que nosotros decidamos que nos representen en el Parlamento Europeo serán los que colegislen estas realidades», apuntó. «Si elegimos bien, sabremos seguro que ninguna norma se vaya aprobar sin que el Parlamento lo apruebe«. Es la situación de los inmigrantes cuando están en «mar libre», se encuentran con la policía italiana que patrullaba en alta mar.
«Les dieron manta y bebida, pero no les preguntaron de qué estaban huyendo. ¿Cómo no podemos preguntar a esas personas en las vallas de Ceuta y Melilla? ¿Cómo no hacerle una entrevista individual para saber si necesitan protección internacional, un intérprete, un médico? Todo eso es obligatorio», culminó Gortázar. «No hay ningun resquicio legal para lo que se está haciendo en la frontera».
«Quieren cambiar la Ley de Extranjería para hacer valer las expulsiones en caliente», incidió Cristina Gortázar en las respuestas. «Nos valdría con denunciar un caso». «No es una cuestión sencilla», añadió Miguel González. «Si en todas las declaraciones institucionales se dice que apostamos por los derechos humanos, tenemos que abrir el debate sobre cómo la gente puede circular en condiciones de legalidad y seguridad».
«Europa debe plantearse seriamente qué ocurre en los países de origen, y los lugares donde esas personas se quedan ‘atascadas’, en la llamada frontera sur». Sólo mediante la integración y el apoyo. Y la denuncia. Y la exigencia de cumplir la ley. De cara a las elecciones: «¿Quién va a representar mejor desde el Parlamento Europeo en estos términos?». Una pregunta abierta. Pero necesaria.
