Juan Martín, portavoz de CHA: "La Iglesia Evangélica paga el impuesto, el Templo Budista paga y la Asociación de Ateos Confesos paga por su local"
El PNV y el PP han unido sus votos en el Parlamento vasco para rechazar una iniciativa apoyada por el resto de formaciones que pretendía instar al Gobierno central y a las Cortes Generales a adoptar medidas para acabar con las «injustificables» exenciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia y a «otras entidades jurídicas».
El pleno de la Cámara autonómica ha debatido este jueves sobre este asunto, a propuesta de Ezker Anitza-IU, apenas un día después de que la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados rechazara una proposición no de ley de Izquierda Plural que instaba al Gobierno a adoptar medidas para promover que la Iglesia Católica se autofinancie y desaparezcan las exenciones fiscales.
La resolución rechazada este jueves en la Cámara vasca por la mayoría que suman PNV y PP había sido acordada entre Ezker Anitza, PSE-EE y EA, aunque también ha recibido el apoyo de Aralar y UPyD.
En el texto, se instaba al Gobierno central a revisar los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, firmado en 1979, de forma que se atendiera a «las críticas de la Comisión Europea respecto a los privilegios de financiación que otorga el Gobierno español a la Iglesia Católica«.
Además, se urgía al Ejecutivo central a eliminar la exención en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia Católica y a otras confesiones religiosas. Asimismo, se planteaba que mientras que eso se produjera, se establecieran compensaciones «por todos los beneficios fiscales recogidos en la Ley de Haciendas Locales que deben asumir las administraciones locales».
En otro punto de la proposición, se urgía a las Cortes Generales a que hicieran las modificaciones pertinentes en las leyes de Haciendas Locales, de mecenazgo y fundaciones, así como en otras normas, «para evitar injustificables exenciones del IBI y de otros impuestos a la Iglesia Católica y a otras entidades jurídicas».
CENSO
Por otra parte, se instaba a las Haciendas Forales de Euskadi a remitir un censo de todos los bienes inmuebles rústicos y urbanos que están listados y registrados a nombre de la Iglesia y de otras confesiones religiosas, de sus entidades y asociaciones afines, así como la valoración económica de dichas exenciones. También se urgía al Gobierno central a eliminar la asignación tributaria de la Iglesia en el IRPF.
El parlamentario de Ezker Anitza, Mikel Arana, ha advertido de la necesidad de acabar con los «privilegios» de la Iglesia Católica y de otras confesiones religiosas. Además, ha rechazado el argumento de mantener las exenciones fiscales a la Iglesia por la acción social de organizaciones como Cáritas, dado que, a su juicio, este tipo de servicios sociales deben aportarse desde el Estado.
El parlamentario del PNV Ricardo Gatzagaetxebarria ha criticado el «oportunismo» del Partido Socialista por plantear este tipo de cuestiones cuando ha perdido el Ejecutivo central y no haber aplicado estas medidas cuando gobernaba en España. Además, ha expresado su rechazo a poner «patas arriba» el sistema que regula las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas.
«DESCALIFICACIONES GRATUITAS»
Desde el PP, Antón Damborenea ha criticado las «descalificaciones gratuitas» a la Iglesia, basadas en la alusión a unos privilegios «que no son tales». En la misma línea que el PNV, ha criticado el cambio de postura de los socialistas en este tema, a quienes ha reprochado su «demagogia».
Por parte del PSE, Joana Madrigal ha asegurado que las exenciones fiscales a las confesiones religiosas «agudizan el problema» de la falta de ingresos de las administraciones públicas en la actual crisis económica.
Mikel Basabe, uno de los parlamentarios expulsados de Aralar, ha mostrado su apoyo a la resolución, aunque ha señalado el objetivo «final» debería ser la anulación de los Acuerdos con la Santa Sede.
El parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, ha subrayado la necesidad de acabar con los «privilegios» de determinadas confesiones religiosas respecto a la sociedad civil.
Desde UPyD, Gorka Maneiro ha considerado que es necesario que el Estado «mantenga la neutralidad» respecto a todas las confesiones religiosas.(RD/EP)
Por otro lado, Chunta Aragonesista (CHA) exigirá en el próximo pleno del Ayuntamiento de Zaragoza que la Iglesia Católica pague el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para «garantizar la igualdad tributaria» y propondrá la elaboración de un catálogo que incluya las propiedades eclesiásticas de la ciudad.
Estos son los puntos principales de la moción presentada hoy por el portavoz de CHA, Juan Martín, en rueda de prensa, que se debatirá en el próximo pleno municipal y que contribuiría, ha dicho, a «corregir el déficit público».
Martín ha criticado que la Iglesia Católica no tenga el mismo tratamiento tributario que el resto de entidades del tejido social que realizan también actividades en la ciudad y que, a diferencia de ella, pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles.
«La Iglesia Evangélica paga el impuesto, el Templo Budista paga y la Asociación de Ateos Confesos paga por su local«, mientras que «los seminarios, las residencias, las iglesias o las órdenes monásticas no tributan», ha indicado.
Para conocer el ingreso económico, que conllevaría el pago de este impuesto por parte de la Iglesia, la iniciativa de CHA plantea elaborar, en el plazo de tres meses, un censo de los bienes inmuebles urbanos, registrados a nombre de la Iglesia, además de sus entidades, fundaciones y asociaciones.
«Este debate, que también está en la calle, no es en contra de la Iglesia, sino a favor de la igualdad tributaria y de la justicia, porque si los ciudadanos lo pagan, lo debería pagar todo el mundo«, ha comentado.
Para poder cobrar el IBI a la Iglesia Católica, «el primer propietario en volumen de Europa«, es necesario modificar, a nivel nacional, la Ley de Haciendas Locales donde se especifica claramente la exención a la que está sujeta, ha explicado Martín.
«Si se aprueba la iniciativa, seríamos la primera ciudad importante de España que se posiciona claramente en este asunto, y que la quinta ciudad le diga al Gobierno que quiere cobrar el IBI tiene un impacto importante», ha resaltado. (RD/EFE)
