Prevén suprimir son las exenciones de que disfrutan los bienes y actividades desarrolladas por determinadas entidades y confesiones religiosas
El PSOE propone que la reforma constitucional que está promoviendo incorpore también una regulación «de manera acabada» de las competencias locales, para mantener la cercanía en la prestación de los servicios e incluir una financiación propia de los ayuntamientos en la Carta Magna, que incluya su participación en los ingresos de las CCAA.
En este nuevo modelo de financiación local que plantea añade la supresión de exenciones y bonificaciones, entre otras, las que se conceden a los bienes y actividades de entidades religiosas. Además, dejan constancia de que es un exceso mantener cinco niveles de administración.
Así consta en el documento titulado ‘La modernización del Gobierno y la administración local, garantía de cohesión social. El modelo de Administración local del PSOE’, que el sábado aprobaron los barones socialistas, convocados por Alfredo Pérez Rubalcaba, en el Consejo Territorial del PSOE que tuvo lugar en Granada.
En este documento se apuesta por que los ayuntamientos sigan manteniendo la prestación de servicios, al ser la administración más cercana al ciudadano, y que para ello tengan aseguradas sus competencias y no estén al albur de los recortes que plantee el Gobierno de turno, en este caso, los que ha propuesto en PP en la reforma de la Administración Local.
Los socialistas, que han planteado una reforma constitucional en sentido federal, quieren aprovechar la citada reforma para que se regule «de forma acabada la autonomía local como un pilar en la articulación territorial del Estado» y que se prevea en esa reforma, que el desarrollo del régimen local se haga a través de Ley Orgánica.
En opinión del PSOE, el precepto que se incluya en la Constitución debería reflejar un contenido similar al del artículo 147 de la Constitución para los estatutos de autonomía. Entre otras, las competencias propias y una financiación incondicionada. Porque no entienden que otras instituciones como el defensor del Pueblo, la Universidad o el CGPJ sí se regulen por ley orgánica y los ayuntamientos no lo merezcan.
En cuanto a la financiación local propia, propugnan el «pleno desarrollo constitucional» que prevé la participación de los entes locales en los ingresos de las CCAA. Este planteamiento se fundamenta en lo que consideran ha sido un «deterioro» de la autonomía local por tener condicionada su financiación a las CCAA.
De hecho, señalan en el texto que «el modelo de relación financiera entre entidades locales y CCAA que se ha extendido de forma más generalizada es la financiación condicionada, instrumentada a través de subvenciones». Creen que condicionar el acceso a determinada financiación autonómica «minora en muchos casos la capacidad de decisión sobre el ejercicio de competencias propias de las entidades locales».
Entre las novedades que incluye el texto para la financiación local están reducir «al máximo» los beneficios, exenciones y bonificaciones y uno de los ejemplos que ponen y que prevén suprimir son las exenciones de que disfrutan los bienes y actividades desarrolladas por determinadas entidades y confesiones religiosas.
También proponen crear una «factura fiscal local integrada anual», en la que aparezcan reflejados todos los tributos municipales y permitir fórmulas de pago a cuenta mensual a los vecinos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el ayuntamiento. (RD/Ep)
