El denunciante principal, lleva sin recibir el más mínimo mensaje de apoyo, o de simple cercanía del arzobispo de Granada 7 meses
(Jesús Bastante).- «Hablar de tolerancia cero a la pederastia dentro de la Iglesia, y adornar todo de una falsa colaboración con la justicia, cuando el señor juez instructor del juzgado de instrucción número 4 de Granada, viene solicitando información al Arzobispado desde el 4 de noviembre de 2014 y este alega diferentes escusas hasta en 5 ocasiones, resulta bochornoso, humillante al máximo para las víctimas de los delitos de abuso y agresión sexual cometidos por sacerdotes incardinados en la diócesis de la cuál el señor Javier Martínez, como arzobispo es responsable«. Así de rotundo se muestra, en una carta abierta, a la que ha tenido acceso este diario, el padre de «Daniel», el denunciante víctima de abusos sexuales en Granada, conocido como «caso Romanones».
Después de conocerse que el arzobispo había entregado la documentación requerida en varias ocasiones por el juez instructor, tras ser forzado a ello por la Santa Sede, los familiares de «Daniel» no han aguantado más y contestan con dureza las afirmaciones de monseñor Martínez donde asegura que ha colaborado en todo momento tanto con la víctima como con la investigación. » Es radicalmente falso que el señor arzobispo de Granada animara al denunciante a interponer denuncia alguna ante los tribunales civiles«, sostiene.
«Es doloroso hasta el extremo para las víctimas, ver como a día 1 de junio de 2015, 7 de los 10 sacerdotes que fueron imputados por abusos, siguen ejerciendo el sacerdocio y tratando con menores e inocentes en sus centros parroquiales, sin que desde el arzobispado de Granada, se manifieste nadie, ni se apoye a las víctimas de estos sujetos que un día destrozaron la infancia a niños inocentes», subraya la carta, que culmina manifestando la «absoluta repulsa» a los «delincuentes que cometen pederastia disfrazados de sacerdotes, y a aquellos letrados que, sin demasiada ética, tienen el valor de aparecer en medios de comunicación insultando a las víctimas de abusos sexuales«.
Por su interés, reproducimos a continuación la carta:
En primer lugar, y en base a las reiteradas notas de prensa y documentación aportada por el señor arzobispo de Granada Francisco Javier Martínez, señalar que:
1- La denuncia por abuso y agresión sexual contra los diez sacerdotes incardinados en la diócesis de Granada y los dos laicos que con estos sacerdotes «sacerdotes» convivían, se realizó el día 14 de octubre de 2014, martes, a las 9 de la mañana en sede policial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ante el inspector jefe y el fiscal superior, D. Jesús García Calderón, POR PROPIA INICIATIVA del denunciante y sin haber recibido en ningún momento motivación para hacerlo por parte del señor arzobispo de Granada.
2- Es RADICALMENTE FALSO que el señor arzobispo de Granada, animara al denunciante a interponer denuncia alguna ante los tribunales civiles. Prueba de esto, es que el señor arzobispo, recibió noticia de la denuncia, días después de haber sido interpuesta en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por tanto la afirmación del señor arzobispo: «consta en la causa que yo (arzobispo) animé al denunciante, por ser él mayor de edad, a que trasladara la denuncia a la autoridad judicial» es completa y absolutamente falsa. Jamás animó a trasladar la denuncia a la autoridad judicial, pues el denunciante, motu proprio, efectuó la denuncia el día 14 de octubre, y hasta dos días más tarde, como demuestra el mail enviado por el denunciante y que consta en todos los expedientes civiles y eclesiásticos. El 17 de octubre de 2014, a las 9:09 de la mañana, el denunciante le comunicó: «Querido Don Javier, Creo que sería bueno, que pese a plantear yo la denuncia en las autoridades civiles, como ya está hecho en la fiscalía del tribunal superior de justicia de Andalucía, usted se presenciara para dar parte de los hechos y manifestar así el conocimiento que desde la Iglesia se tiene de este delito. Además, de este modo, se garantizaría la protección de todas las victimas que ya hemos hablado, y las víctimas potenciales que pueden aparecer en diferentes sitios. También sería bueno, por el hecho de narrar las medidas de las que dispone la Iglesia y ponerse a disposición de la fiscalía para asegurarnos la completa protección de las víctimas y no dar quizá algún paso (aplicar las medidas cautelares o comunicarle a estos sujetos que se está llevando a cabo una investigación para esclarecer los hechos) que puedan sesgar la investigación de la policía judicial y por tanto sesgar el papel que a día de hoy desarrolla la fiscalía. ¿Cómo lo ve? ¿Sería posible?» Muestra evidente y que consta en sede Policial de que el señor arzobispo de Granada, ni animó al denunciante a presentar denuncia, ni motivó investigación civil y penal alguna, ya que fue el denunciante POR PROPIA INICIATIVA Y SIN LA MOTIVACIÓN DEL ARZOBISPO DE GRANADA, quién hizo efectiva la denuncia sin que el señor arzobispo conociera que se había presentado esta, en otro motivos, por el temor y la desconfianza, a que se ocultaran datos o desaparecieran pruebas que sesgaran la investigación policial.
3- A la petición que el denunciante realiza al Señor arzobispo tras haber interpuesto la denuncia, («que se presenciara para dar parte de los hechos y manifestar así el conocimiento que desde la Iglesia se tiene de este delito») el señor arzobispo respondió «Querido——-, hijo, Estáte tranquilo. El asunto este ya no está ni en tus manos ni en las mías, sino en las de la Virgen. Ella es madre y sabe de dolores y de lo que significa ser víctima, hasta la muerte».
4- Traslado así mi malestar más profundo y absoluta desconfianza en la actuación que desde el arzobispado de Granada, se está llevando a cabo, teniendo en cuenta que fue la primera institución que tuvo conocimiento del grave delito de abusos y agresiones sexuales cometido por diez sacerdotes de la diócesis de Granada y dos laicos, uno de ellos profesor de religión.
5- Por otro lado, y continuando con el «apoyo» que el señor arzobispo dice dar a las víctimas, este solo estimó oportuno retirar del sacerdocio y ministerio público, a tres de los diez sacerdotes que fueron imputados, y retirar al laico la venia como profesor de religión 4 meses después de tener constancia de mi denuncia y tras la detención y prisión provisional del imputado. 4 meses donde, aún sabiendo el señor arzobispo todo lo que había pasado y teniendo constancia de la denuncia, dejó que este profesor, imputado por abusos, siguiera ejerciendo como profesor de religión y por tanto tratando con menores. Igualmente a día de hoy, y 10 meses después de trasladar la denuncia al arzobispado de Granada, 7 de los 10 sacerdotes que fueron imputados, continúan ejerciendo el ministerio sacerdotal en sus parroquias y por tanto, manteniendo trato con menores, sin haber adoptado el arzobispado, ninguna medida de cautela o prudencia y obviando el hecho de la imputación por abuso sexual que se hizo sobre estos sacerdotes.
6- Afirmar, que el señor arzobispo ha estado a disposición de las víctimas ofreciendo su ayuda en todo momento y dispuesto a colaborar, es lo más lejano a la realidad que podría afirmar, pues el denunciante principal, lleva sin recibir el más mínimo mensaje de apoyo, o de simple cercanía del arzobispo de Granada, 7 meses. 7 meses donde no ha habido ningún interés por parte del prelado granadino en conocer ni el estado ni la situación del denunciante principal y de otros denunciantes, y por tanto, en meses de angustia, jamás se ha manifestado cercano ni queriendo dar su apoyo y colaboración, pues simplemente no ha mostrado el mínimo interés en comunicarse con las víctimas como también consta en todos los mails y comunicaciones que hubo con él y que figuran en sede policial.
7- Igualmente y con respecto al protocolo de actuación ante casos de abuso sexual por parte del Clero de la Conferencia Episcopal Española, han sido múltiples las faltas cometidas por parte del señor arzobispo de Granada, pues jamás en las reuniones mantenidas con el ordinario de la diócesis, hubo un testigo o tercera persona que testificara lo que en ellas se hablaba, situación que el protocolo recoge de forma expresa. De igual modo, no hubo testigo cuando se entrevistó con otra víctima ni con los familiares del denunciante principal, siendo esto una pieza clave en el protocolo de la Conferencia Episcopal Española. Tampoco se hizo consciente al denunciante principal ni a sus familiares, así como a otras posibles víctimas con las que el prelado granadino se reunió, de un informe valorativo que debía redactar el señor arzobispo en base a la reunión mantenida con las víctimas y sus familiares, ni tan siquiera se informó de ese informe a las víctimas con las que se reunió ni a los familiares de estas, y por supuesto, en ningún momento, redactó dicho informe en presencia de las víctimas ni lo dio a conocer a día de hoy. (http://www.conferenciaepiscopal.es/images/stories/Imagenes/2015/Protocolo_Civil.pdf )
8- Hablar de tolerancia cero a la pederastia dentro de la Iglesia, y adornar todo de una falsa colaboración con la justicia, cuando el señor juez instructor del juzgado de instrucción número 4 de Granada, viene solicitando información al Arzobispado desde el 4 de noviembre de 2014 y este alega diferentes escusas hasta en 5 ocasiones, resulta bochornoso, humillante al máximo para las víctimas de los delitos de abuso y agresión sexual cometidos por sacerdotes incardinados en la diócesis de la cuál el señor Javier Martínez, como arzobispo es responsable. De igual modo, es doloroso hasta el extremo para las víctimas, ver como a día 1 de junio de 2015, 7 de los 10 sacerdotes que fueron imputados por abusos, siguen ejerciendo el sacerdocio y tratando con menores e inocentes en sus centros parroquiales, sin que desde el arzobispado de Granada, se manifieste nadie, ni se apoye a las víctimas de estos sujetos que un día destrozaron la infancia a niños inocentes.
9- Manifestar igualmente mediante esta nota de prensa, todo el apoyo y agradecimiento por la labor encomiable de justicia que realiza el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada con su magistrado a la cabeza, que de forma admirable, puede demostrar que la justicia en España, es igual para todos, lleven o no alza cuellos, y que cuando está en juego la vida y desarrollo de los niños, los más inocentes de la sociedad, toda investigación es poca.
10- De igual modo, manifestar todo el apoyo y agradecimiento por parte de las víctimas, a la Asociación PRODENI en Granada, que con su labor, pone voz a tantos niños que sufren las aberraciones cometidas por desarmados y dejan heridas y secuelas imborrables. Su apoyo a las víctimas y su personación como acusación popular, es un incentivo y muestra evidente de la defensa TOTALMENTE DESINTERESADA que esta asociación hace de los derechos de los niños y ayuda, de forma admirable, a que las víctimas de estos graves delitos, no desfallezcan en este arduo proceso.
11- Por último, manifestar la ABSOLUTA REPULSA A LOS DELINCUENTES QUE COMETEN PEDERASTIA DISFRAZADOS DE SACERDOTES, Y A AQUELLOS LETRADOS QUE SIN DEMASIADA ÉTICA, TIENEN EL VALOR DE APARECER EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN INSULTANDO A LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS SEXUALES.
http://alacarta.canalsur.es/television/video/jueves-19-de-febrero/1827923/335
Un día 22 de febrero de 2014, apareciendo en la televisión autonómica de Andalucía, Canal Sur Televisión, el letrado J.Muriel, acusó al denunciante principal, llamándole delincuente y mentiroso ante los medios de comunicación. Realizó esos insultos a una víctima de abuso y agresión sexual, días antes de que llegara al juzgado número 4 de Granada, el Análisis de Testimonio y Conducta realizado a su cliente, acusado de abuso y agresión sexual a menores. Desconocedor este letrado en ese momento del contenido del informe pericial a cerca del testimonio de su cliente, sacerdote imputado por abuso y agresión sexual a menores y que a día de hoy, aún sigue estándolo, se atreve a llamar mentiroso y delincuente a una de las víctimas de su cliente. Pues bien, días más tarde, el 19 de marzo, en el informe de la Policial, se afirmaba que el testimonio del sacerdote imputado por abuso sexual y agresión sexual a menores, defendido por el letrado J. Muriel, era un testimonio : «ALTAMENTE COMPATIBLE CON UN TESTIMONIO DESHONESTO QUE OCULTA Y ALTERA LA VERDAD». Mientras tanto, el testimonio de la víctima principal, a quién el letrado Muriel llamó «mentiroso y delincuente» en los medios de comunicación, presentaba «UN TESTIMONIO ALTAMENTE COMPATIBLE CON UN TESTIMONIO HONESTO». Lo menos que podría hacer sería retractarse ante los medios públicos de estos insultos a una víctima de abuso sexual, que además dice la verdad como atestigua su informe y bastante ha sufrido ya por parte del cliente imputado por abuso y agresión a quién él defiende. De no hacerlo, el letrado deberá dar las oportunas explicaciones ante la justicia y el Colegio Oficial de Abogados. Apelamos en primera instancia a la ética profesional y a los valores y principios básicos de cualquier ser humano. Ganar dinero defendiendo a un imputado de abuso y agresión sexual, puede ser lícito, pero insultar a las víctimas, va contra toda moral y ética profesional.
