Santos Urías, licenciado en Derecho y experto en historia de los años 30, representará a la Iglesia en el grupo coordinado por Francisca Sauquillo para el Ayuntamiento de Madrid
(Jesús Bastante).- Fue una de las grandes sorpresas de la Comisión para la Memoria Histórica lanzada por Manuela Carmena. Entre sus miembros, la presencia de un sacerdote, Santos Urías, en el equipo que dirige Francisca Sauquillo. Urías, en conversación telefónica, se excusa aduciendo que «hemos decidido que todos los temas con la prensa vayan a través de Paca Sauquillo», y prefiere no valorar el hecho de que, por primera vez, un eclesiástico acepte colaborar en la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica en la capital de España.
El joven sacerdote, párroco en San Millán y San Cayetano, en pleno Lavapiés, es licenciado en Derecho y experto en la España de los años 30. Además, es uno de los hombres de confianza del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, quien lo ha designado representante en el Consejo Presbiterio y en el Consejo Pastoral de la diócesis. El nombramiento de Santos Urías responde a una propuesta del arzobispo de Madrid a Manuela Carmena, y supone un cambio radical en la actitud de la Iglesia de Madrid respecto a la Memoria Histórica. Pasar del conflicto a la colaboración entre instituciones que durante demasiado tiempo han estado enfrentadas… si la Iglesia no conseguía lo que quería, claro.
Históricos son los desplantes del cardenal Rouco Varela a Alberto Ruiz Galardón, pese a que fue el exministro de Justicia el que llevó a cabo la polémica operación conocida como el «minivaticano» en Las Vistillas, ahora paralizada. Durante su mandato, el cardenal jamás quiso hablar de memoria histórica, aunque sí se empeñó en fomentar la memoria de los mártires de la Guerra: más de un millar de religiosos católicos han sido beatificados en los últimos diez años.
Los gestos de Osoro, sin embargo, suponen lo contrario. En más de una ocasión se le ha visto con la alcaldesa, a quien ha ofrecido su «total colaboración» en beneficio de los madrileños y con quien le une una estrecha relación.
De hecho, en el reciente caso de la retirada de la placa de los carmelitas en el cementerio de Carabanchel, el error del equipo, entonces dirigido por Celia Mayer, se aclaró casi de inmediato después de una conversación entre el prelado y la alcaldesa. La diócesis entendía en una nota que «se trata de una confusión, pues supondría una inadecuada aplicación de la Ley de Memoria Histórica, dada la exclusiva condición de víctimas de los carmelitas, pacíficos testigos de la reconciliación a la que todos debemos contribuir». «Confusión» fue la misma palabra que usó posteriormente el Consistorio, antes de reponer la lápida a su lugar.
Desde la diócesis no se ha querido valorar oficialmente la participación de un eclesiástico en la Comisión de la Memoria Histórica, aunque sí se recuerda la voluntad del Arzobispado por «cumplir la ley, que está en vigor», así como de poder advertir de los posibles errores en su cumplimiento. A nadie se le escapa, además, que la presencia de la Iglesia puede servir, si se encauza convenientemente, para restañar heridas y facilitar la documentación pertinente. Fuentes eclesiásticas apuntan que «es importante que en esta batalla no haya vencedores ni vencidos, y la Iglesia va a colaborar en todo. Tampoco hay que olvidar que hay muchos católicos que sufrieron la represión».
La designación de Santos Urías, muy conocido por su labor pastoral y su cercanía a los movimientos obreros, responde a la voluntad de Sauquillo de contar con representantes de todas las sensibilidades. Ha elegido al párroco porque también quiere atender a la represión que padecieron miembros de la Iglesia durante la Guerra Civil.
