Desde el Exilio

Miguel Font Rosell

Los ladrones somos gente honrada

 

Hace ahora unos 75 años, en una España de posguerra, Jardiel Poncela escribía una de sus más celebradas comedias, llevada posteriormente al cine con gran éxito, “Los ladrones somos gente honrada”, en la que unos ladrones de poca monta planeaban asaltar una casa rica y que como no podía ser de otra forma, tratándose de una comedia, la cosa se iba complicando con escenas a cada cual mas chocante.
Hoy, ya en pleno siglo XXI, unos ladrones de poca monta, que hoy se conoce como okupas, habiendo asaltado hace ahora algunos años la sede de un antiguo banco, no para robar dinero, que ya no había, sino el propio local con el que quedarse, vuelven a protagonizar una auténtica comedia que finalmente degenera en drama, pues no solo son premiados por ello, sino jaleados por autoridades “democráticas”, e incluso defendidos y alabados por quienes hoy se consideran la élite del progresismo, en contra de la policía, de la propia ley, de la Constitución, de la convivencia en libertad y de la seguridad, tanto jurídica como ciudadana. !Toma progreso!.
En una democracia, el poder legislativo, el Parlamento, está para elaborar las leyes, el poder ejecutivo, el gobierno, para llevarlas a la práctica, y el poder judicial para controlar y obligar sobre su cumplimiento, obligación que habrá de materializar de nuevo el ejecutivo, sea el gobierno que corresponda, en el pais, en una comunidad o en un ayuntamiento.
En nuestro Estado de Derecho, hacerte con algo que no es tuyo significa robar, un delito claramente tipificado en nuestro código penal, siendo la misión de nuestras autoridades el evitarlo en orden a la seguridad jurídica que a un Estado de Derecho se le supone como virtud. Otra cosa es que nuestro Parlamento, en demanda de una clara mayoría de la ciudadanía, cambie las leyes y decida finalmente que “okupar» la propiedad de otro, es un acto defendible e incluso deseable en función de que ese alguien resulte ser un indeseable para quien esté dispuesto a perpetrar la hazaña, algo que afortunadamente, de momento, nadie ha planteado… todavía.
Pues bien, así las cosas, ahora nos enteramos que estos ladrones modernos (gente honrada, por supuesto) disfrazados de progreso y conocidos como okupas, hace ya algunos años asaltaron la sede de un antiguo banco, en una zona céntrica del barrio barcelonés de Gracia, con tal ídem, que no solo no fueron desalojados y entregados a la justicia para ser juzgados como ladrones, sino que la máxima autoridad de la ciudad, en un claro acto de prevaricación (consentir desde la administración una ilegalidad, a sabiendas), no solo actuó pasivamente, sino que de forma activa y a espaldas de los héroes populares, ahora indignados al saberse puntuales pagadores de la renta, aunque por cuenta ajena (!que insulto!), le pagaba el “alquiler”, con el dinero de todos los barceloneses, al legitimo dueño del local, haciéndose cargo incluso de los impuestos municipales que su uso generaba, al tiempo que la actual alcaldesa se convertía en la líder de la defensa de los desahuciados barceloneses, ciudadanos que no por latrocinio, sino por carencia de medios dejaban de pagar sus alquileres y eran desalojados legalmente, pues aunque triste, tanto para el que no paga como para el que no cobra, tampoco existe ley alguna que defienda el seguir utilizando una vivienda en alquiler sin pagar la renta correspondiente.
Hoy, le heroina del movimiento antideshaucio resulta ser la alcaldesa de Barcelona, ciudad en la que parece que los valores tradicionales empiezan a sufrir importantes vuelcos, y ante la misión que por el cargo le pertenece de exigir el cumplimiento de la ley, no solo no actúa, sino que delega en los vecinos de la zona para que sean estos quienes den solución satisfactoria (ajena al cumplimiento de la ley, por supuesto) al problema que plantea un desalmado propietario ante la falta de pago por la ocupación de su propiedad.
Hoy una familia cumplidora de la ley, que ante la imposibilidad de pagar un alquiler, decide dejar el piso para buscar una solución a su problema más ajustada a sus posibilidades o buscar el amparo de nuestro “Estado de bienestar”, ha de ver, como ejemplo que proponen nuestras autoridades, como su camino ha de ser otro: unirse a grupos de jóvenes sin oficio ni beneficio, dispuestos a okupar propiedades ajenas sin pagar un duro, a echarse a la calle para defender sus “derechos” rompiendo todo tipo de mobiliario urbano perteneciente a todos los ciudadanos, coches, escaparates y todo tipo de bienes a su alcance y ello con la connivencia de ciertas “autoridades” y la comprensión de parte de nuestra sociedad, dispuesta a perdonar, e incluso jalear estas actitudes, siempre y cuando la propiedad okupada no sea la suya, por supuesto.
Si Jardel Poncela levantase la cabeza y viera que la situación de futuro iba a ser esa, convirtiendo su ingeniosa comedia en una mera caricatura de lo posible, al igual que a todos los que vivimos aquellos años de la España franquista, le parecería absolutamente imposible que 75 años después, y tras desear firmemente el establecimiento de un Estado de Derecho, hubiera que vivir estas situaciones, absolutamente ajenas a democracia alguna, más propias del más puro, rancio, duro y triste anarquismo bolchevique.
Desgraciada o afortunadamente aquellos ladroncillos de la España de posguerra, con sus miserias y sus cotidianas necesidades, conscientes de sus ilegalidades y temerosos de la autoridad, en los que aun cabían rasgos de honradez, en nada se parecen a estos modernos héroes ciudadanos seguros de su progresismo, a la vez que del amparo oficial que sus ocurrencias generan, envalentonados por el apoyo de parte de una sociedad cada vez mas sensible con la “cultura” de quienes pretenden vivir del cuento, a costa de propiedades ajenas en manos de “ricachos especuladores protegidos por el poder y amparados en una brutal policía”. Pero, ¿que pasa cuando ellos pasan a ser el poder y en sus manos está dar ordenes a esa policía?. ¿Como actuar entonces?. ¿Esconder la cabeza bajo el ala y que sean los vecinos quienes decidan, es la solución en un Estado de Derecho?.
De nuevo y aun a costa de ser políticamente incorrecto, pienso que el verdadero culpable de que ocurra todo esto son los votantes, una ciudadanía que exige derechos pero que no se aplica lo más mínimo en el deber esencial en democracia: estar bien informado, actuar con sentido común y a los efectos de dejarle a nuestros hijos un mundo mejor, algo que no siempre coincide ni con nuestros cabreos, ni con nuestras creencias, ni con nuestras afinidades, sino con una pausada labor de análisis y decisión responsable.
¿Donde queda ya el proverbial SENY catalán?

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Miguel Font Rosell

Licenciado en derecho, arquitecto técnico, marino mercante, agente de la propiedad inmobiliaria.

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