Desde el Exilio

Miguel Font Rosell

Corrupción institucional

 

Según el diccionario de la Real Academia Española, corrupción es la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de las organizaciones, especialmente las públicas, en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.

En España, pasados casi cuarenta años de dictadura y otros tantos de partitocracia oligárquica, es fácil concluir que prácticamente no existen españoles formados en una auténtica democracia que vele, por encima de todo, por la pureza de las instituciones, la base fundamental de una vida en democracia.

Como consecuencia de ello, seguimos valorando negativamente, muy por encima, cualquier grado de corrupción económica, que otra, infinitamente más trascendente, que malogre, menosprecie o anule, el poder de las instituciones.

Si un político utiliza una institución al servicio de todos, en beneficio de sus intereses políticos hasta anular su independencia, siempre será menos censurado que si roba abiertamente, en su propio beneficio, aun cuando con esto último se pierda únicamente su consideración ante la sociedad, y algún damnificado, pero sigan intactas las instituciones.

La cultura de lo común, ya sea material o inmaterial, es algo que en España se encuentra aun en un estado de implantación absolutamente primario, hasta el punto en el que una ministra que llegó a decir que lo público no era de nadie, cuando precisamente se trata de todo lo contrario, hoy es vicepresidenta del gobierno, sin que ello la inhabilite para un cargo que se supone en beneficio de todos, de lo público.

Si algo nos enriquece, no obstante, como ciudadanos, es la defensa, el respeto y la dedicación a lo público, a lo de todos, a aquello que somos incapaces de alcanzar por nosotros mismos y sin embargo todos tenemos derecho a disfrutar, en beneficio de nuestra salud, de nuestra educación, ocio o esparcimiento, transporte, comunicación, etc., algo a lo que contribuimos, proporcionalmente a nuestros ingresos, con los impuestos, con una parte de nuestro trabajo, para que podamos disponer de hospitales, universidades, autopistas, etc.

Ese patrimonio, que es de todos y por tanto también nuestro, tenemos la obligación de velar por su conservación y por su engrandecimiento, en una actitud radicalmente contraria a la que se deduce de la destacada política en ejercicio, socialista para mayor escarnio, que supone que como público, no es de nadie, y por tanto… ancha es Castilla.

Hoy es habitual añadir a los tradicionales tres poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial), un cuarto que podemos llamar mediático, el poder informativo.

La calidad democrática de un país, se mide en cuanto a sus instituciones por la independencia de cada uno de tales poderes y el poder de control de cada uno sobre el resto, lo demás es puro escenario.

Los Estados pueden autotitularse en su sistema político, formalmente como quieran, pero en aquellos en los que el poder ejecutivo (el gobierno) controla y menoscaba la independencia del resto de los poderes, se transforman en dictaduras, aun cuando se hagan llamar democracias, o para llegar a tal poder hayan pasado por

unas urnas de cuyo resultado cabe seriamente dudar, por cuanto los beneficiados hayan llegado a través de todo tipo de atropellos a las instituciones, fraudes de ley o de engaños de todo tipo y condición, demagogia y populismo, pues la prueba de fuego de toda vida en democracia no la marcan únicamente la presencia de las urnas, sino principalmente la pureza e independencia de sus instituciones y la firmeza del Estado de Derecho, amén de la calidad política de sus ciudadanos.

Así las cosas, hoy España se va alejando cada vez más de la pureza democrática que nunca llegó realmente a catar de cerca, pero que en sus principios estuvo más próxima a conseguir.

En la política siempre han existido individuos sin escrúpulos, capaces de lo que sea por ostentar el poder, hasta el punto que ya resulta imposible llegar si antes no se han llevado a cabo todo tipo de tropelías, bien en forma de traiciones, robos, mentiras, atropellos y todo lo necesario para ir dejando en el camino a posibles adversarios, internos primero y externos después, algo que generalmente acaban pagando las instituciones, las garantías de nuestra vida en democracia y lo que marca la calidad de nuestro Estado de Derecho.

Voy a poner cuatro ejemplos representativos de la más alta corrupción, cada uno de ellos en distinto grado de representación territorial (estatal, autonómica, provincial y local), que al igual que pudieran militar en las filas conservadoras lo hacen en las llamadas progresistas, en esta izquierda que se siente intocable por creer representar el bien, la pureza, la progresía y todo lo que consideran políticamente correcto, y que en aras de ello es capaz de atropellar cualquier institución que se cruce en su camino.

Gobierno del Estado: nuestro presidente, el socialista Sánchez, a quien ningún ciudadano votó para tal cargo (en España ningún ciudadano vota el cargo político más importante del pais), aupado a la mayor dignidad, tras una moción de censura, por la extrema izquierda y los separatistas vascos y catalanes, entre otros, a parte de mentiras constantes de todo tipo, auto alabanzas, utilizaciones suntuarias del cargo para saraos personales, y purgas internas de opositores, sin las menores contemplaciones, está llevando a cabo, por puro interés personal de poder, una de las mayores corrupciones que pueda soportar la democracia, la división de poderes y el Estado de Derecho, al gobernar, en pleno periodo electoral, a través de decretos, una figura que constitucionalmente tiene la exclusiva misión de sustituir temporalmente al poder legislativo, por parte del ejecutivo, para casos excepcionales de extrema urgencia y necesidad, lo que hace, en fraude de ley, para todo tipo de ocurrencias de su programa electoral, aun a sabiendas de que carece de apoyo presupuestario y de que cualquier ley posterior de un futuro gobierno puede dar al traste con sus ocurrencias, por muy loables que estas puedan parecerle a su electorado. Ello además del absoluto poder dictatorial que ejerce en su propio partido, de las prebendas que reparte entre sus inconstitucionales aliados separatistas, del dominio de cierto poder informativo, del mangoneo de un sinfín de instituciones, del control mediante nombramientos del poder judicial, etc.

Gobierno de una autonomía: Andalucía, lleva toda su existencia autonómica en manos de un único partido, un partido que ha creado tal grado de pesebrismo oficial, primando todo tipo de fidelidades compradas a base de subvenciones, que han

llegado a creer que su gobierno y el partido en el machito eran la misma cosa, de tal forma que el grado de corrupción institucional ha sido ya una constante, corrompiendo un sinfín de instituciones en las que saquear todo tipo de presupuestos, ya sean para instituciones de beneficencia, como culturales, o de cualquier otro tipo, con el penúltimo y antepenúltimo de sus presidentes sentados en el banquillo de los acusados, en una trama que ha supuesto la mayor corrupción institucional en España, y una presidenta, sucesora de aquellos, que ha limitado su vida profesional a no ser otra cosa que la escudero de los procesados, conviviendo con sus gobiernos durante todo su ejercicio de poder, en el que la demagogia y el populismo han sido los eternos protagonistas.

Gobierno de una provincia: Aquí conviene señalar que las Diputaciones, como gobiernos provinciales, tienen la misión de apoyar las necesidades de aquellos pequeños ayuntamientos, en la provincia, que por sus escasas dimensiones y economías carecen de algunos servicios esenciales, que pueden mancomunar con otros limítrofes o conseguirlos a través de las ayudas al respecto por parte de tal gobierno provincial. También es preciso señalar que a estos “gobernadores” no los elige directamente ciudadano alguno y, como queda expuesto, sus inversiones tienen que ir encaminadas a los fines enunciados. En la provincia de Pontevedra, el dictador vigués, ha colocado a su lugarteniente, la socialista Carmela Silva, siempre a su servicio, para la colaboración en la ciudad que gobierna de todo tipo de inversiones ajenas a los cometidos de ayuda a las necesidades de aquellos municipios más necesitados, cuando la Diputación prácticamente no debería tener protagonismo alguno, ni en Vigo ni en su capital, Pontevedra, corrompiendo con ello una institución que desde la oposición siempre pidieron su abolición, pero que ahora, desde la poltrona, utilizan de forma absolutamente desnortada.

Gobierno de una ciudad: Así como en los tres casos anteriores, el ámbito de actuación comprende, en el primero toda una nación, en el segundo una región y en el tercero una provincia, lo que lleva aparejado un mayor contraste de procederes, y una mayor dificultad a la hora de copar las distintas instituciones, aquí el grado de corrupción institucional puede llegar a extremos altamente preocupantes, rayanos con las auténticas dictaduras. Si a ello unimos una mayoría absoluta y un talante en el gobernante de turno puramente dictatorial, el asunto está servido: hablamos de Abel Caballero, demagogo, mentiroso compulsivo, populista en extremo, exterminador absoluto de todo y de todos aquellos que considera que puedan hacerle sombra, que discrepen o simplemente que no le alaben constantemente, localista, pueblerino y, como no, verdugo de cualquier institución más o menos independiente con que pudiera contar la ciudad de Vigo (fundación Provigo, federación de asociaciones de vecinos, confederación de empresarios, etc.) donde no hay medio de comunicación, que no toque a su ritmo, equipos, equipitos, corales, asociaciones de chicha y nabo, todo tipo de manifestaciones infantiles, saraos, peñas y demás músicas a quien repartir monedas, con quien hacerse fotos y a quien dorar la píldora, todo ello con plena constancia en una página del periódico oficial los fines de semana, financiada por el propio ayuntamiento y unas cuantas empresas, mientras otras, concesionarias de servicios se anuncian (no han de vender nada a nadie), a mayor gloria de un regidor que presume de lo mejor del mundo mundial en todo lo que se le ocurre, e

incluso de limpieza cuando la ciudad está hecha unos zorros, mientras nada absolutamente determinante para el progreso de Vigo se gestiona en bien de la industria local, de su capacidad de ser competitivos y de un liderazgo que va perdiendo a pasos agigantados.

De Vigo siempre se ha dicho que era una ciudad muy independiente, contestataria, difícil de gobernar, pero muy dinámica, pues tenía siete poderes fundamentales: El Ayuntamiento, la Caja de Ahorros, el Celta, el Cristo de la Victoria, la Zona Franca, el Puerto, y el Faro de Vigo.

De los siete poderes de Vigo, la Caja de Ahorros, la entidad que más invertía en Vigo, ha desaparecido y ha sido vergonzosamente “entregada” a una banca privada venezolana, por cuatro duros, con todo su patrimonio usufructuado por la ciudad, hoy en manos privadas y con sus antiguas inversiones paralizadas en su práctica totalidad.

El Cristo de la Victoria no molesta demasiado, no obstante, el máximo regidor, antiguamente comunista de pro, hoy es un pio cabecilla de su emblemática procesión, quien ha obrado el milagro de su conversión.

Con el Celta mantiene una enconada lucha en aras de desprestigiar a su presidente, a quien intuye un posible enemigo en popularidad, por lo que le priva de todas las inversiones previstas por el equipo en la ciudad.

En el Puerto, del que fue presidente y desde donde prometía todo tipo de ocurrencias que luego, como todo lo importante, no se llevaban a cabo, hubo que poner a un presidente que se limitara exclusivamente a la actividad portuaria sin aportar nada a la ciudad, ya que entonces volvería a entrar nuevamente en guerra, una guerra de la que ha brotado una pequeña escaramuza con ocasión de la catástrofe del “marisquiño”, por falta del mantenimiento que legalmente corresponde al ayuntamiento y que, como siempre elude, en base a falacias de distracción con las que confundir al adormecido pueblo, ahora renuncia a reconocer.

Solo queda pues, el Ayuntamiento, la Zona Franca y el Faro de Vigo, todos ellos tocando al son que marca a diario.

El Faro, de forma escandalosa, entregado a magnificar sus ocurrencias, chorradas, horteradas, fantasías y encumbrando unas obras de pueblo ejecutadas con presupuesto de ciudad que el pueblo, a falta de todo tipo de visión crítica, acaba exaltando y adorando como todo pueblo poco informado y manipulado por el dictador de turno.

En cuanto a la zona Franca, al igual que lo expuesto para la Diputación, está ahora regida por un obediente personaje a su servicio, con quien junto a la presidenta de la Diputación se fotografía en todas partes, uno a cada lado, para que todos tengan claro que Ayuntamiento, Diputación y Zona Franca están en sus manos absolutamente, y lo grave de la Zona Franca es similar a lo que ocurre con la Diputación, la corrupción institucional de un privilegio tan grande para Vigo como es la Zona Franca, de la que solo hay siete en España (Barcelona, Santander, Cádiz, Sevilla, Las Palmas, Tenerife y Vigo).

Recordemos pues en qué consiste una institución como la Zona Franca, absolutamente ajena a la misión de invertir en Vigo en cuestiones que nada tienen que ver con su cometido, corrompiendo con ello la institución.

Las zonas francas son espacios especiales dentro de algunas ciudades en cuyo ámbito, las mercancías que allí se depositan están exentas de impuestos de importación y exportación en su trafico comercial, por lo que para el tráfico marítimo son lugares de llamada, privilegio para la ciudad y fuente de progreso, da ahí que la misión de tales zonas es la de fomentar y proteger el crecimiento de las industrias en esas ciudades, por tanto sus inversiones han de ir encaminadas a la creación de infraestructuras que potencien el puerto, la industria y el crecimiento del interland al que sirven, no para ayudar a reformar un campo de fútbol, o a cualquier otra de las inversiones u ocurrencias que ahora promete la institución, a mayor gloria del dictador.

Como consecuencia de todo ello, este pueblo, manifiestamente manipulado, vive pensando que como según sus datos y los que le llegan, ni Sanchez, ni los andaluces citados, ni los gallegos de referencia se llevan un duro a su bolsillo, aunque por ocupar sus poltronas son capaces de todo lo expuesto, y algo más, se trata de personajes absolutamente ajenos a la corrupción, cuando practican, sistemáticamente, y son maestros en ello, la peor de las corrupciones que puedan practicarse en un Estado de Derecho, la corrupción institucional.

En resumidas cuentas, nuestra ciudadanía aun esta muy lejos de comprender el daño que hace la corrupción institucional a nuestra democracia, a nuestra independencia y control de poderes y a nuestro Estado de Derecho, cuando no solo no se aprestan a correr a gorrazos a estos corruptos que a su interés juegan con nuestras instituciones, sino que incluso los votan y los elevan a unas mayorías que solo hacen que poner en evidencia una minoría de edad de la que somos incapaces de salir, aun después de cerca de medio siglo de supuesta democracia.

¿Algún día seremos capaces de ver más allá de nuestras propias narices, creceremos, seremos responsables, buscaremos información fidedigna, veremos con nitidez por lo poco que nos compran, separaremos el polvo de la paja, identificaremos a los canallas y actuaremos en consecuencia?.

¿Algún día, de una puñetera vez, seremos dignos de llamarnos ciudadanos?

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Miguel Font Rosell

Licenciado en derecho, arquitecto técnico, marino mercante, agente de la propiedad inmobiliaria.

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