(PD).- Un empresario amenazó el pasado martes con quemarse a lo bonzo delante del ayuntamiento de la localidad madrileña de Loeches, si este no le pagaba una cantidad que le adeuda desde hace cuatro años y cuyo impago le ha obligado a cerrar su empresa y a despedir a 20 trabajadores. Fue detenido por escándalo público y el consistorio se comprometió a resolver la situación.
Subraya Rosa María Sánchez en El Periódico que no pasaría de ser una triste anécdota, si no fuera porque ejemplifica la dramática situación de miles de empresarios por culpa de los retrasos, de más de un año en muchos casos, en los pagos de la Administración.
En plena crisis y con el crédito bancario en caída libre, la deuda del sector público –de ayuntamientos, principalmente, pero también de autonomías y, en menor medida, del Estado– está llevando al cierre de muchas pequeñas empresas, según coinciden en destacar el presidente de la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme), Jesús Bárcenas, y el de la patronal catalana Pimec, Josep González.
El problema, no obstante, no radica solo en el retraso en los pagos. Lo más peligroso para la supervivencia de cientos de pymes es que, hasta ahora, las entidades financieras aceptaban adelantarles las cantidades adeudadas por la Administración a cambio de cobrar un interés (una actividad que se conoce como factoring).
Pero la morosidad de la banca se ha disparado, con lo que bancos y cajas se niegan ahora a aceptar como garantía las facturas pendientes. «No ocurre con las autonomías y el Estado, pero algunos ayuntamientos están vetados», reconocen fuentes del sector financiero.
CUESTIÓN DE GARANTÍA
El factoring, con todo, creció con fuerza en el 2008: en torno al 15%, hasta superar los 100.000 millones de euros, de los que una cuarta parte corresponden a operaciones relacionadas con el sector público.
«Es una fórmula muy adecuada para financiar las necesidades de circulante y hacer realidad hoy lo que se va a cobrar dentro de unos meses», explica Javier Rodríguez-Mantiñán, presidente de la patronal del sector. Sin embargo, defiende que sería necesario que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) reforzara la seguridad de cobro de las certificaciones públicas.
Diferentes patronales han dado la voz de alarma y reclaman del Gobierno una solución urgente. La CEOE, con el impulso de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), plantea que el ICO avale las facturas pendientes de ayuntamientos, autonomías y Estado, para que las empresas puedan pedir cantidades a cuenta en la banca.
APOYO POLÍTICO
La propuesta ha sido acogida con interés por el PSOE, según fuentes del partido, y por CiU, cuyo portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, prevé defenderla ante el presidente del Gobierno en el debate de este martes.
También es vista con muy buenos ojos por el sector financiero.
«Todo lo que sea compartir riesgos con el Estado es fundamental y en este tema, también», afirma un representante del sector financiero que ha trasladado la misma petición a la Administración central. El Ministerio de Economía, sin embargo, no está estudiando ninguna medida para implicar al ICO en el problema de la morosidad del sector público, según confirmaron fuentes oficiales. Al menos de momento.
