(PD).- Son 100.400 empresas o, si se prefiere, el 7,1% de las sociedades de nuestro país se han ido al garete por la crisis económica, según los datos hechos públicos por la Conferencia Nacional de Autónomos y Microempresas (Conae).
La organización denuncia que los empresarios autónomos y la microempresa son los «más castigados» por sus dificultades para tener acceso al crédito y por ser a quienes «peor pagan y tratan las grandes corporaciones y Administraciones».
En este sentido, la asociación reclamó al Gobierno «medidas reales», como facilitar el acceso al crédito, no pagar el IVA de las facturas no cobradas, hacer efectivo el pago de facturas a no más de treinta días (con lo que no se precisaría financiación) y el descenso de la presión fiscal y de la Seguridad Social para el empresario autónomo y la microempresa.
El presidente de Conae, Salvador García Torrico, pidió «voz y voto en las mesas de diálogo social, liquidez para autónomos y microempresas y la participación en los procesos de negociación», algo que, según denunció, «no se está produciendo».
«Las medidas que se proponen desde organizaciones como Conae y se entregan por registro a los diferentes ministerios tienen que dejar de ser sólo titulares de periódico y pasar a ser una realidad, exigió García Torrico.
Asnepa amenaza al Gobierno con una baja masiva de afiliación
La Asociación Nacional de Empresarios y Profesionales Autónomos (Asnepa) amenazó hoy al Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero con una baja masiva en la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante el mes de agosto para reclamar medidas urgentes contra la situación que padece el sector.
El presidente de la asociación, Pedro Mezquida, manifestó hoy su descontento con la actitud de Zapatero, «que no ha tomado en consideración» las movilizaciones autonómicas llevadas a cabo por los trabajadores por cuenta propia y se preguntó «qué pasaría si todos los autónomos se fueran de vacaciones en agosto y dejaran de cotizar durante un mes».
Según los cálculos de la organización, si los 3.244.526 trabajadores por cuenta propia de España se dieran de baja en la Seguridad Social durante un mes y volvieran a darse de alta al mes siguiente –medida que no implicaría ningún tipo de sanción para el colectivo– el Estado dejaría de percibir más de 750 millones de euros.
