Lo de la izquierda es para hacérselo mirar.
Pero por el psiquíatra.
Elude histéricamente asumir sus responsabilidades políticas y sociales, recurriendo a excusas que rayan en lo infantil para justificar sus errores o fracasos.
En lugar de enfrentar las consecuencias de sus decisiones o reconocer sus limitaciones, tiende a culpar a factores externos, a los medios de comunicación o incluso a imaginarias conspiraciones, en un ejercicio de negación que refleja inmadurez y falta de autocrítica.
Diez meses después de la DANA de Valencia vuelve el enfrentamiento entre el Gobierno Sánchez y las comunidades sobre las competencias y la organización de la respuesta a las catástrofes.
La temporada de incendios forestales en España se ha convertido en un drama recurrente, agravado por las olas de calor y la sequía.
Sin embargo, la respuesta política y administrativa sigue generando más preguntas que soluciones.
A día de hoy, 21 de agosto de 2025, el país afronta una de sus peores crisis ambientales mientras un mecanismo esencial de acción rápida, diseñado para coordinar recursos y agilizar la respuesta ante catástrofes, permanece bloqueado desde hace cinco años.
💥 ÚLTIMA HORA 💥
Detenidos 27 cambios climáticos y otros 92 investigados por provocar incendios en España.
Aquí un cambio climático en plena acción 👇🏻 pic.twitter.com/K8573d6Tif— 𝗗𝗘𝗦𝗖𝗢𝗡𝗢𝗖𝗜𝗗𝗢 (@J_V_Madrid) August 17, 2025
Un mecanismo paralizado, una respuesta lenta
En pleno avance de los incendios, las comunidades autónomas afectadas insisten en que el Gobierno central no movilizó medios suficientes hasta días después del estallido de los fuegos más graves, lo que ha reavivado el debate sobre la falta de coordinación y la rigidez burocrática.
El Mecanismo Nacional de Respuesta en Protección Civil, una herramienta que debería ofrecer en tiempo real el mapa de recursos disponibles y necesidades de cada Administración, sigue sin implementarse a pesar de que el Consejo de Ministros aprobó en 2020 el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil.
La ausencia de este sistema obliga a que la petición de ayuda entre administraciones siga siendo lenta y burocrática, dificultando una reacción eficiente en las primeras horas críticas de los incendios.
Además, tampoco se ha aprobado el Mapa nacional de recursos y medios, que permitiría a las autonomías acceder de forma inmediata a los equipos necesarios para hacer frente a las emergencias.
Presupuestos centralizados, competencias fragmentadas
El reparto del presupuesto destinado a la prevención y gestión de incendios forestales ha sido motivo de polémica. La Moncloa acapara el 93% del presupuesto forestal, mientras que responsabiliza a las comunidades autónomas de no asumir sus competencias plenamente y “escurrir el bulto” cuando surgen los problemas. Esta concentración de fondos en el Gobierno central, junto a la falta de mecanismos efectivos de coordinación, alimenta el enfrentamiento político y la sensación de ineficacia.
Por su parte, las comunidades autónomas, especialmente aquellas más afectadas por los incendios recientes como Galicia, Castilla y León o Extremadura, reclaman mayor autonomía en la gestión de recursos y una transferencia ágil de fondos y medios. La falta de acuerdo y la fragmentación de competencias han dificultado la puesta en marcha de una estrategia nacional coherente.
El pacto climático de Sánchez, sin apoyos reales
En medio de esta crisis, el presidente Pedro Sánchez ha intentado impulsar un gran pacto de Estado para hacer frente a la emergencia climática, con el objetivo de garantizar una respuesta coordinada y basada en la evidencia científica. Sin embargo, ni el Partido Popular ni los socios habituales del Gobierno han mostrado respaldo a la iniciativa, lo que deja el acuerdo en suspenso antes incluso de su arranque efectivo.
La propuesta de Sánchez incluye reforzar la Unidad Militar de Emergencias (UME) y aumentar la inversión en medios de doble uso, como helicópteros y vehículos logísticos, que puedan emplearse tanto en emergencias civiles como en operaciones militares. El plan prevé destinar más de 1.750 millones de euros a la gestión de emergencias y desastres naturales, con partidas específicas para la lucha contra incendios.
Pese a los anuncios, organizaciones ecologistas como Greenpeace y WWF exigen medidas concretas, mayor ambición y menos declaraciones de intenciones. Piden que el pacto se base en la ciencia, en la prevención y en un compromiso presupuestario real, alejándose del cortoplacismo y la politización de la emergencia climática.
Críticas por la gestión y el uso de recursos
El descontento no solo se centra en la respuesta a los incendios, sino también en el uso y la asignación de recursos. Las críticas han arreciado contra el presidente del Gobierno por el uso intensivo de medios como el Falcon, helicópteros y coche oficial durante las últimas semanas, mientras se pide a la sociedad un pacto contra el cambio climático y se reclama más austeridad en la gestión pública.
Este contraste entre el discurso político y la realidad sobre el terreno genera desconfianza y alimenta la percepción de que las prioridades gubernamentales no siempre están alineadas con las necesidades reales de las zonas afectadas por los incendios.
Un verano devastador, una sociedad en vilo
La magnitud de la tragedia es evidente: solo en lo que va de año, casi 400.000 hectáreas han ardido en España en más de 230 incendios, según datos oficiales. Las imágenes de evacuaciones en municipios como Porto (Zamora) o Seadur Larouco (Ourense) han dado la vuelta al país, mientras los bomberos forestales, algunos en huelga por reivindicaciones laborales, se ven obligados a redoblar esfuerzos ante la devastación.
La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha destacado que el escenario es “más favorable” que días atrás, con menos fuegos activos y una menor necesidad de activar la UME. Sin embargo, la presión social y política por una respuesta más eficaz y anticipatoria es cada vez mayor.
Hacia septiembre: oportunidad o repetición
El Gobierno ha anunciado que en septiembre estarán listas las bases del nuevo pacto climático, buscando un enfoque estructural y menos reactivo ante las catástrofes naturales. El reto es que este acuerdo no quede en papel mojado y logre traducirse en acciones coordinadas y efectivas que eviten la repetición de episodios como el de este verano.
Mientras tanto, la paralización del mecanismo de acción rápida y la falta de consenso político dejan a España en una situación vulnerable frente a la emergencia forestal y climática. El país afronta no solo un desafío ambiental, sino también una prueba de madurez institucional y política que sigue, por ahora, sin superarse.
La pregunta sigue en el aire: ¿será este septiembre el punto de inflexión que necesita España o volverá la burocracia a apagar, una vez más, cualquier atisbo de solución real ante la amenaza de los incendios forestales?
