Lo que acaba de ocurrir es un golpe muy serio a la credibilidad de España.
Bélgica ha autorizado el bloqueo de 482 millones de euros que España debía cobrar a través de Eurocontrol. Ese dinero corresponde a tasas aéreas destinadas a Enaire, la empresa pública que gestiona la navegación aérea en nuestro país.
El motivo es claro: España no ha pagado varios laudos arbitrales internacionales derivados de los recortes retroactivos a las energías renovables. Inversores internacionales ganaron esos arbitrajes y, durante años, el Estado español se ha negado a pagar utilizando argumentos legales y comunitarios. Ante esa negativa, los demandantes han acudido a tribunales belgas para ejecutar las sentencias, y la justicia ha dado su visto bueno al embargo como medida de garantía de cobro.
El problema va mucho más allá de estos 482 millones. España acumula decenas de laudos perdidos y el importe total reclamado supera ya los 1.500 millones de euros, sin contar intereses ni costas judiciales.
Además, este embargo no afecta a una partida menor o prescindible, sino a ingresos clave para el funcionamiento de la navegación aérea. El precedente es extremadamente peligroso.
Otros países podrían copiar esta estrategia y bloquear más activos españoles en el exterior. El impacto no es solo económico. Es también daño reputacional internacional, inseguridad jurídica para los inversores y riesgo creciente de nuevos embargos.
En resumen, España está pagando ahora, en forma de embargos internacionales, decisiones políticas del pasado. Y la pregunta es inevitable: ¿Cuántos bloqueos más necesita sufrir España para que el Gobierno afronte el problema y pague lo que debe o, al menos, negocie?
Porque cuando no se paga, al final, te cobran por la fuerza. Y esto, una vez más, pasa SI, porque EL GOBIERNO LO PERMITE.
