El Gobierno Zapatero vuelve a dar la impresión de que o no se toma en serio las amenazas contra la deuda española o no termina de entender su significado y posibles consecuencias
La supresión de 32 altos cargos de la Administración del Estado y de 29 empresas públicas no es el gesto rotundo de ajuste del gasto público que esperan los ciudadanos para restablecer la confianza en las finanzas españolas. Supone un ahorro mínimo (16 millones de euros) y en poco o nada contribuirá a reducir el déficit público.
Tampoco tiene suficiente relevancia para mejorar la gestión pública, aunque la dirección y la intención sean adecuadas.
El Gobierno Zapatero ha vuelto a malgastar un anuncio público con decisiones tibias y poco convincentes, cuando debiera transmitir un mensaje de mayor firmeza y de mejor cálculo del riesgo político.
Como subraya el diario El País en un editorial devastador -«Remedio insuficiente«-, el Gobierno Zapatero, además, vuelve a dar la impresión de que o no se toma en serio las amenazas contra la deuda española o no termina de entender su significado y posibles consecuencias.
En resumen, frivoliza el riesgo ante los ciudadanos y ante los inversores que tienen que refinanciar la deuda del país. La decisión que se espera es que recorte drásticamente el coste de la Administración pública en los próximos tres años.
Para ello, ha de empezar por congelar los salarios de los funcionarios, suprimir ministerios e instituciones e imponer una reducción de costes, similar en todas las comunidades autónomas.
La política de no forzar a comunidades y ayuntamientos a recortar sus gastos «para no inmiscuirse en sus competencias» es una concesión onerosa, porque obligará a los ciudadanos a pagar el encarecimiento de los intereses de la deuda que se produzcan por el descontrol del gasto autonómico y municipal.
Para que el programa de reducción del déficit sea creíble y para que quede margen con el que financiar el coste de la recesión, no hay otra solución que proponer que se negocien reformas de cierta importancia en el sistema de pensiones y en la sanidad, decisiones ambas de elevado riesgo político.
Riesgo que podía haberse minimizado con una gestión menos vacilante de la política económica.
El recorte de altos cargos es económicamente irrelevante y prescindible a efectos de reforzar la solvencia del sector público porque parece el maquillaje que aplica un Gobierno convencido de que la recesión pasará, los mercados se tranquilizarán y el bono español volverá a diferenciales razonables con el alemán sin tomar decisiones.
Y así hasta que otra convulsión en los mercados vuelva a encarecer el servicio de la deuda.
