La Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados se ha iniciado este martes con enfrentamientos entre los portavoces del PSOE, Unidos Podemos y del PDeCAT, que denunciaron el «secuestro», la «anomalía» y el «fraude democrático» que supone el veto de la Mesa a debatir las enmiendas parciales presentadas al proyecto de Presupuestos, frente al PP y Cs que defendieron que las cuentas públicas contribuirán a apuntalar la recuperación económica y del empleo y que no tenerlos «no es una opción».
Así se han expresado los distintos portavoces durante sus intervenciones en la Comisión de Presupuestos, que se ha centrado en buena parte en las críticas de varios grupos a las formaciones que apoyan el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 por el «atropello», la «tropelía» y la «cacicada» que a juicio supone la decisión de la Mesa del Congreso de no aceptar los recursos presentados por cinco formaciones a las cerca de 4.000 enmiendas que la Mesa de Presupuestos había aprobado no debatir. En el transcurso del debate sobre el articulado del proyecto de Presupuestos, el portavoz del PSOE, José Javier Lasarte, ha denunciado que el debate presenta «profundas anomalías y abusos» por parte de los grupos que apoyan el proyecto (PP, Cs, PNV y UPN). Lasarte ha tildado de «tropelía parlamentaria» la decisión del veto al debate de las enmiendas parciales. En esta línea, Segundo González de Unidos Podemos ha criticado las «chapuzas a domicilio» y el la «ruptura de separación de poderes» que supone la decisión del veto, con un criterio que contraviene «todos los antecedentes». Además, ha acusado al presidente de la Comisión y diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre, y a la formación naranja de ser un «delegado» y «vocero» del Gobierno. PODEMOS PRESENTA MIL ENMIENDAS PARA EVITAR EL «SECUESTRO». De hecho, González ha anunciado en el transcurso del debate que el grupo Unidos Podemos-En Común Podem- En Marea ha registrado más de 1.000 enmiendas transaccionales a las secciones 12, 13, 14 y 15 del proyecto de Presupuestos para evitar la «cacicada» y «secuestro» que supone el veto al debate. Igualmente, el diputado del PDeCAT, Ferrán Bel, ha afeado también la decisión del veto, y ha anunciado que en el próximo proyecto de Presupuestos la formación catalana utilizará las «argucias reglamentarias» para que no se vete el debate y el voto de las enmiendas. Bel ha explicado que de las 31 enmiendas presentadas por su formación al Título VI de los presupuestos, 29 han sido vetadas pero algunas son «idénticas» a las presentadas en anteriores presupuestos, así como en múltiples enmiendas de otros títulos. A su juicio, el hecho del veto se debe al «socio del Gobierno», en referencias Ciudadanos, ya que en anteriores ocasiones no se vetaron enmiendas que «hasta ahora el PP las dejaba debatir y votar». PP Y Cs DEFIENDEN LA «RACIONALIDAD» DE LA DECISION. Por su parte, el portavoz ‘popular’ ha instado al PSOE y a Podemos a «aceptar democráticamente» la decisión adoptada en la Mesa de la Comisión. Se les permitió hablar en ponencia y en la Mesa. Simplemente, carecían de mayoría», ha dicho De Olano. Lamentando «las gruesas palabras» dedicadas por la oposición, De Olano ha defendido que por parte de la Mesa no se ha producido «ni sectarismo, ni chapuza, ni atropello». Para el portavoz ‘popular’ «los límites» fijados por la Comisión se establecieron en el debate de totalidad y que, una vez superado, el Gobierno tiene derecho a vetar enmiendas que supongan un mayor gasto o una reducción de los ingresos. De Olano ha recordado que otros gobiernos vetaron enmiendas al considerar que vulneraban este precepto. «Hablar de que es una injerencia es simple y llanamente, desconocer el contenido de la Constitución del 78», ha aseverado. De su lado, el diputado de Ciudadanos, Vicente Ten, ha defendido compañero que no ha habido «ninguna actitud torticera», sino que se ha realizado un «ejemplo de democracia», si bien ha reconocido que «no hay precedentes» respecto al a decisión tomada del veto al debate de las enmiendas, que supone «vieja política», pero cree que «ha llegado la racionalidad al Congreso». Ten ha argumentado su postura en el hecho de que «no tiene ningún sentido» que las enmiendas parciales de los grupos impulsaran un gasto de 47.000 millones cuando solo hay disponible la partida de 15 millones del a sección 31 del proyecto de Presupuestos. A su vez, la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, ha afirmado que desde la formación vasca «no tenemos ningún miedo a debatir ninguna enmienda presentada», y agregó que su formación ha defendido ante los ciudadanos de Euskadi que el acuerdo firmado con el PP para apoyar los Presupuestos es «bueno». Desde UPN, Iñigo Allí, ha tachado de «insulto a la inteligencia» la presentación de enmiendas a una sección por importe de 46.000 millones, cuando la partida presupuestaria es de 15 millones. DISCREPANCIAS SOBRE LOS PGE. Durante el debate, Segundo González de Unidos Podemos ha rechazado los PGE porque «perpetúan la lógica de los recortes», a pesar de que la economía crece en estos momentos, por lo que ha defendido que hay «alternativa», para revertir los recortes y aumentar la recaudación para financiar políticas sociales. El socialista Javier Lasarte ha opinado que el proyecto de PGE consolida un modelo productivo de bajos salarios y empleo precario, y ha insistido en la necesidad de apostar por la Educación y el I+D+i. En contraposición, el diputado ‘popular’ De Olano ha destacado que por segundo año consecutivo el gasto social superará los 300.000 millones de euros gracias a los Presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy, y ha destacado que el aumento del 1% del salario de los funcionarios. «Son los PGE que necesita España para consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo y contribuir a que nadie quede fuera de la recuperación», ha recalcado, recordando que son «fruto del consenso y el acuerdo». EMPLEO PUBLICO Y FISCALIDAD. En materia de empleados públicos, desde Unidos Podemos Auxiliadora Honorato ha defendido la propuesta de su formación de una subida de hasta el 2,7% y la posibilidad de pactar la jornada laboral de 35 horas, toda vez que el PSOE ha presentado seis enmiendas de ajuste normativo relacionadas con su petición de un repunte salarial del 2% para los empleados públicos. Ante estas peticiones, la diputada ‘popular’ Susana López ha cifrado en 169 y 278 millones el gasto que supondrían, y ha defendido que se reducirá la interinidad del 22% al 8% y, aparte, se ha aprobado una oferta de empleo público de 67.000 plazas este año, mientras que ha cuestionado la jornada de 35 horas porque tendría una «contraprestación» para los ciudadanos. En materia laboral, Mercé Perea del PSOE ha criticado el «fraude democrático» que en su opinión supone el veto al debate de enmiendas parciales, entre las que se incluían algunas socialistas para subir las pensiones y distintas prestaciones por encima del 2%. Respecto al ámbito fiscal, desde Ciudadanos Marta Rivera ha subrayado que la formación naranja ha propuesto modificaciones en la Ley del Impuesto de Sociedades y aboga por garantizar seguridad jurídica para el cine y la producción audiovisual, al tiempo que desde el PSOE Julián López ha dicho no entender que se «margine» al cine en la bajada del IVA acometida para los espectáculos en vivo. Además, ha defendido una enmienda de los socialistas que pide que el IVA reducido para gafas y lentes graduadas entre con retroactividad desde el 1 de enero de 2015. Desde el PP, Ana María Madrazo ha reprobado la «demagogia a raudales» de algunos grupos en sus críticas al Gobierno y ha destacado el aumento del 10,5% de los recursos para la Agencia Tributaria en materia de lucha contra el fraude.
