La reacción del Ministerio del Interior ante el auto del juez Juan Carlos Peinado tiene todos los ingredientes del teatro político de emergencia. Fernando Grande-Marlaska ha presentado una queja formal al Consejo General del Poder Judicial porque el magistrado se ha atrevido a escribir en un documento oficial lo que en los pasillos de cualquier institución española se dice en voz baja: que los escoltas que protegen a Begoña Gómez podrían, en caso de orden superior, facilitar una fuga antes que impedirla.
La indignación es impostada.
El histérico tono institucional con que el Ministerio ha respondido a unos párrafos de un auto judicial de 84 páginas dice mucho más sobre los nervios de La Moncloa que sobre cualquier supuesto agravio a la profesionalidad policial. Porque si hay algo que Marlaska debería evitar es abrir el debate sobre fugas y connivencia policial en España. Ese debate lo pierde antes de empezar.
Hay que ser ciego o tonto para pensar que agentes de la policía no colaborarían para que se fugue Begoña!
Con mandos de la Guardia Civil pidiendo a agentes de la UCO, no poner interés en las investigaciones contra el hermano de Sánchez.
Con Leire, pagada por el PSOE, trabajando…
— Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) June 20, 2026
Lo que el juez ha escrito y por qué tiene razón en escribirlo
Peinado ha evaluado el riesgo de fuga de Begoña Gómez siguiendo la lógica clásica de las medidas cautelares: gravedad de las penas solicitadas, entre 2 y 16 años por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación, capacidad económica e influencia internacional del entorno de la acusada, y antecedentes institucionales españoles en materia de fugas.
En ese tercer elemento es donde el auto toca el nervio que ha desatado la tormenta. El juez señala que los escoltas, lejos de ser garantía absoluta contra una fuga, podrían convertirse en instrumentos para facilitarla, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes superiores. Y recuerda que la protección policial de Gómez es efímera: desaparece cuando Sánchez abandone la presidencia, lo que podría crear un incentivo para buscar refugio en el extranjero antes de ese momento.
¿Es una hipótesis extravagante? Formalmente es exactamente lo que cualquier juez debería considerar al evaluar el riesgo de fuga de alguien con acceso privilegiado a recursos del Estado. Y en el contexto español concreto, con los antecedentes que hay, es una hipótesis que tiene base empírica suficiente para no descartarla.
Os parece NORMAL que la COMISARIA de @policia adscrita a MONCLOA se refiera a @sanchezcastejon ante los escoltas de Begoña como "VUESTRO JEFE"?
Así se entiende mejor la decisión del Juez Peinado de retirar el pasaporte a Begoña.
SUS ESCOLTAS NO SON DE FIAR 🎯 pic.twitter.com/peklNdgIHD— Guillermo Rocafort (@GuillermoRocaf1) June 20, 2026
El fantasma de Puigdemont que Marlaska no puede exorcizar
El ministro que ha presentado una queja al CGPJ porque un juez contempla la posibilidad de una fuga facilitada por protección policial es el mismo ministro que dirigía el Ministerio del Interior cuando Carles Puigdemont entró en España en noviembre de 2024, fue detenido brevemente y quedó en libertad ante la pasividad del sistema que debería haber ejecutado su detención de forma efectiva.
No hace falta ir tan lejos. Puigdemont huyó de España en octubre de 2017 en circunstancias que nunca han sido completamente aclaradas. La pregunta de si hubo connivencia policial o política en aquella fuga lleva años sin respuesta satisfactoria. Y Marlaska pretende ahora que es una «auténtica barbaridad» que un juez contemple esa posibilidad respecto a otra persona investigada.
Está también el episodio de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana que aterrizó en Barajas en enero de 2020 pese a tener prohibida la entrada en territorio europeo, y que se reunió con el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos en circunstancias que nunca fueron explicadas de forma coherente. O las decisiones sobre control fronterizo que en distintos momentos han generado preguntas sobre si las «órdenes superiores» pesaron más que los reglamentos.
El historial existe. Peinado no lo ha inventado. Lo ha incorporado como elemento de contexto en su evaluación del riesgo de fuga, que es exactamente lo que un juez debe hacer.
Cuando varios guardias civiles dicen que el DAO les presionó para que no investigaran al hermanísimo, no protestó. No tiene vergüenza el ministro este. Qué banda!!! https://t.co/xUXvHrWdtY
— Benjamín López (@benjalh1971) June 20, 2026
La protesta de Marlaska: impostada e interesada
La queja al CGPJ tiene una función política perfectamente identificable que no tiene nada que ver con la defensa de la profesionalidad policial. Sirve para centrar el debate en el supuesto exceso del juez en lugar de en el contenido de las medidas cautelares acordadas. Sirve para construir el relato de una justicia que «se pasa de la raya» y que forma parte de la persecución al entorno de Sánchez. Y sirve para generar solidaridad corporativa entre los cuerpos policiales y el Ministerio, unificando frentes contra un magistrado que se ha atrevido a incomodar al poder.
Es una maniobra de distracción clásica. Y el hecho de que Óscar Puente y el propio Ejecutivo hayan reaccionado con especial virulencia ante el párrafo de los escoltas indica que ese párrafo en concreto ha tocado exactamente donde más duele: la posibilidad de que el sistema de protección del que disfruta Begoña Gómez como esposa del presidente pudiera convertirse en un obstáculo para la justicia en lugar de en una garantía de su cumplimiento.
— Luis del Pino (@ldpsincomplejos) June 20, 2026
Los sindicatos policiales y su indignación exagerada
Jupol y otros sindicatos policiales han calificado las observaciones del juez de «auténtica barbaridad» y han defendido la profesionalidad y neutralidad de los escoltas con una vehemencia que, a la vista de lo ocurrido en los últimos años, resulta cuando menos excesiva.
No se trata de cuestionar la profesionalidad individual de los agentes que protegen a Begoña Gómez, que con toda probabilidad cumplen su trabajo correctamente. Se trata de recordar que la institución a la que pertenecen ha estado sometida a presiones políticas documentadas que los propios sindicatos han denunciado en otros contextos.
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha reconocido reuniones con Leire Díez, la fontanera del PSOE, mientras la UCO investigaba al entorno del Gobierno. La UCO ha documentado instrucciones de mandos a sus subordinados para no ser «proactivos» en investigaciones que afectaban al Gobierno. El Ministerio del Interior negó durante meses reuniones que su propia directora tuvo que admitir.
En ese contexto, la indignación de los sindicatos ante la hipótesis de que las «órdenes superiores» pudieran pesar sobre los protocolos suena a una amnesia selectiva que resulta difícil de sostener con credibilidad. Los mismos sindicatos que han denunciado en privado la politización de los cuerpos policiales bajo este Gobierno no pueden ahora sorprenderse de que un juez tome en consideración esa politización al evaluar riesgos.
Los sindicatos de Policía, indignados con Peinado por presuponer que algunos policías podrían ayudar a la trama del PSOE a delinquir. No sabemos de dónde saca esa idea, dicen. pic.twitter.com/m3fC6R4Y9F
— August Landmesser (@canete707) June 20, 2026
Lo que la reacción del Gobierno confirma
Hay una regla en política que los episodios como este confirman con regularidad: la intensidad de la reacción ante una acusación es frecuentemente proporcional a la incomodidad que produce porque tiene base real.
El Gobierno podría haber respondido al auto de Peinado con una nota sobria recordando la profesionalidad de los cuerpos de seguridad y confiando en el proceso judicial. En lugar de eso, Marlaska presenta una queja formal al CGPJ, Óscar Puente reacciona con su habitual histeria en redes sociales y todo el aparato comunicativo de La Moncloa se moviliza para convertir unos párrafos de un auto de 84 páginas en el centro del debate político durante días.
Esa reacción desproporcionada dice más sobre los miedos del Gobierno que sobre cualquier extralimitación del juez. Peinado ha escrito lo que está obligado a escribir cuando evalúa el riesgo de fuga de una persona investigada por delitos graves que cuenta con protección policial dependiente del marido que es a su vez el máximo responsable del ejecutivo que controla esos cuerpos policiales.
En España, donde Puigdemont sigue libre y donde «órdenes superiores» ha dejado de ser una expresión abstracta para convertirse en una descripción documentada de cómo funciona a veces el sistema, la hipótesis del juez no es una barbaridad.
Es simplemente incómoda. Y la incomodidad no es responsabilidad de quien la escribe. Es responsabilidad de quien la ha hecho posible.
