El exdirector general del Planificación y Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Teófilo Sogorb ha asegurado este miércoles que él nunca dio el visto bueno a las cuentas que presentó la caja relativas al primer semestre de 2011 y que reflejaban 65 millones de euros de beneficios en vez de unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
Durante su declaración en calidad de investigado en la tercera sesión de vista oral que acoge la Audiencia Nacional, Sogorb ha insistido en que la acusación que formula el Ministerio Fiscal contra la excúpula de la caja alicantina de falsear las cuentas en 2011 no es real porque éstas no estaban reformuladas y por tanto no eran estados intermedios. Según el Ministerio Fiscal, Sogorb, que se enfrenta a una pena de cárcel de siete años y medio y los otros siete encausados impulsaron un mecanismo en 2010 y 2011 para incrementar de forma ficticia los beneficios de la entidad reclasificando como normales créditos dudosos y fallidos y contabilizando incorrectamente la titulización de activos. Dicha manipulación llevó, según el fiscal, a presentar unas cuentas provisionales que arrojaban unos beneficios de 65,35 millones de euros, pese a que las cuentas finales presentadas por administradores nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) recogían a fecha de junio de 2011 unas pérdidas de 1.136 millones de euros. Preguntado por esta cuestión, Sogorb ha precisado que el Banco de España dio luz verde a la petición de la caja remitida al exdirector general de Regulación del supervisor José María Roldán en la que solicitaba que las cuentas anuales de 2010 se establecieran con criterios consolidados y que los activos y pasivos se llevaran a resultados. AJUSTES CONTRA RESERVASLa respuesta a la petición fue positiva, permitiéndoles ajustar contra reservas las plusvalías generadas con la única condición de que el consejo de administración tanto de la CAM como de las otras cuatro cajas que iban a integrar el Sistema Institucional de Protección (SIP) para crear el Banco Base, aprobaran esta «singularidad».
También ha asegurado que el Banco de España aprobó el plan estratégico de integración –requerimiento necesario para la constitución de un SIP– en junio de 2010 y que fue validado tanto por asesores externos como por las distintas entidades que iban a integrar el banco aunque finalmente se desvincularon ante las dificultades por las que atravesaba la caja. A preguntas de las partes, el exbanquero ha matizado que cada entidad comprometió unas cifras en el plan (218 millones de euros en el caso de CAM) y unos planes de actuación para conseguir los objetivos, pero ha insistido en diferenciarlo de las previsiones tendenciales que, a su juicio, eran «peores». «Había problemas para cumplir el plan y eso el Banco Base lo conocía», ha apostillado. Sobre el conocimiento de la situación que tenían sus superiores en esos momentos (Roberto López Abad como director del Banco Base y María Dolores Amorós al frente de la CAM), Sogorb ha contradicho su declaración prestada ayer ante el tribunal y ha asegurado que eran «conscientes» del escenario de «deterioro» que existía no solo para la Caja del Mediterráneo, sino para todo el sistema bancario. RENUNCIO A 100.000 EUROS DE INCENTIVOSEn relación a las «remuneraciones adicionales» que, según la Fiscalía, cobraron los ocho acusados en concepto de planes de pensiones, incentivos anuales, bonus e indemnizaciones cuando la situación de la caja era «crítica», Sogorb ha reconocido que él dio luz verde para que los directivos cobraran los incentivos aplazados dado que la dirección general de Recursos (a cuyo frente se encontraba en también encausado Vicente Soriano) le permitió la operación porque estaban en un SIP y los criterios «habían cambiado notablemente».
Según el Ministerio Público, el pago de incentivos otorgados «tras alterar las cuentas de resultados de 2010» supuso un desembolso para la Caja del Mediterráneo de 20 millones de euros, si bien Sogorb ha dicho que él cobró objetivos por valor de 97.000 euros que tenía aplazados de los ejercicios 2008 y 2009, pero renunció a unos incentivos de 100.000 euros, al igual que Amorós, según expuso ayer la acusada ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal. NO FACILITARON INFORMACION AL AUDITOREn relación con la incorrecta contabilización de titulización de activos, Sogorb ha asegurado que estas operaciones dependían del entonces director general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez García y que, tras una auditoría específica en septiembre de 2011, se ajustaron contra patrimonio todo lo que había conllevado la baja de balance de dichas titulizaciones.
Además, ha insistido en que él no ocultó «nada» a los administradores nombrados por el FROB en 2011 pese a que el fiscal denuncia en su escrito de acusación que ninguno de los altos cargos de la CAM facilitó información a KPMG en calidad de auditor externo sobre la existencia de las opciones de compra que impedían tanto la baja de balance de los activos como el reconocimiento de beneficios, por lo que el auditor firmó un informe en el que dio por buenas las bajas de balance y los resultados generados por las operaciones de titulización. La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva. El tribunal que preside la magistrada Angela Murillo ha suspendido esta tercera sesión de vista oral que reanudará mañana con el interrogatorio al también investigado Francisco José Martínez García, director general de Inversiones y Riesgos de la caja.
