Desafortunadamente las estafas de toda índole son más comunes de lo que parecen, y si bien como consumidores todos hemos padecido casos cercanos de: letras pequeñas en contratos, cargas escondidas, ventas sobre plano que nunca se materializan, vehículos con el cuentakilómetros manipulado, tarjetas revolving… la llegada de una nueva crisis económica hace que se dé la vuelta a la tortilla, repuntando significativamente el número de denuncias falsas por estafa que llegan incluso a la vía penal.
Podemos ejemplificar en el ámbito de las aseguradoras automovilísticas, un sector de fácil acceso para quienes pretender perpetrar un intento de fraude, y donde esta acción delictiva supone el 1,94% de los casos, y si bien es cierto que es aún una parte pequeña de las reclamaciones, cabe recordar que en el 2010 era sólo el 0,85% según se recoge del informe de Axa que ha analizado más de 64.400 siniestros sospechosos. El citado informe también pone el acento en un significativo aumento del 10% de reclamaciones fraudulentas al seguro del hogar.
Otro sector sobreexpuesto a los fraudes es el agonizante sector turístico, con una situación tan crítica que el propio Ministerio del Interior ha reconocido la existencia de un entramado criminal basado en falsas denuncias que han generado importantes perjuicios económicos al sector turístico español. La situación adquiere tal calado que incluso la Asociación Británica de Agencias de Viajes (ABTA por sus siglas en inglés) se mostraba indignada exponiendo que el número de personas inglesas que reclamaban por haber enfermado en vacaciones en España ha aumentado más de un 500 por ciento en los últimos tres años, eliminando de la ecuación este último año de restricciones.
Resurgen con fuerza las estafas inmobiliarias
También se retoma un clásico para los abogados penalistas como son las estafas inmobiliarias, un sector que vivió sus peores momentos en la burbuja inmobiliaria que explotó en el año 2008 y nos arrastró a todo el país hasta bien entrado el 2014, pero que ahora vuelve a ser “tendencia” en los juzgados españoles.
Juan Gonzalo Ospina
Juan Gonzalo Ospina, abogado penalista experto en delitos económicos, saltaba esta semana a los medios al lograr el archivo y sobreseimiento por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Colmenar Viejo de una supuesta estafa inmobiliaria de la que los denunciantes no lograron acreditar el daño tras el cambio de las condiciones de adquisición de su vivienda tras quebrar la constructora inicial. Lo peculiar de este caso en particular, es que si bien tendemos a ver las estafas inmobiliarias desde la perspectiva del comprador, se está experimentando un aumento de denuncias en vía penal por parte de los compradores para forzar acuerdos ventajosos en la resolución de contratos firmados, “una estrategia que consideramos muy peligrosa si no se pone el caso en manos del abogado penalista adecuado” declaran desde Ospina Abogados, cuyo despacho está valorado dentro de los mejores penalistas de la actualidad.
El sector inmobiliario reconoce la inestabilidad
Las principales conclusiones de una encuesta realizada por el portal inmobiliario Fotocasa a casi 500 profesionales del sector inmobiliario, sobre los efectos de la crisis sanitaria en su negocio, es que siete de cada diez profesionales inmobiliarios prevén bajadas de precios en la vivienda en los próximos 6 meses como consecuencia de la crisis de la Covid. Unos datos refrendados por las cifras económicas, que arrojan que el 77% de las empresas del sector inmobiliario han reducido su volumen de actividad, lo que hace peligrar promociones urbanísticas, construcciones inacabadas y proyectos aún sin ejecutar pero donde parte de la inversión ya está entregada.
Una inestabilidad para el sector que augura incumplimientos de contratos, estafas, desavenencias y un papel fundamental de los abogados penalistas para resolver en los juzgados la carga de trabajo que ya prevé el Ministerio de Justicia.
