Los partidos de la oposición en el Congreso han criticado este jueves de forma general que la reforma del sistema de formación para el empleo haya sido aprobada por decreto ley y sin acuerdo ni con los agentes sociales ni con las comunidades autónomas, aunque comparten la necesidad de acometer cambios en este ámbito y esperan que durante la tramitación del texto como proyecto de ley se puedan conseguir mejoras.
El portavoz socialista de Empleo, Rafael Simancas, ha coincidido «al 100%» con el Gobierno en la necesidad de «mejorar la transparencia del sistema y blindarlo frente a posibles irregularidades», pero no ve la necesidad de presentar la reforma como un decreto «y encima sin acuerdo con los agentes sociales, por primera vez». No obstante, los socialistas darán un «voto de confianza» al Gobierno con su abstención, esperando que acepte cambios en determinadas materias donde ven carencias, como una «mayor ambición» en la lucha contra el fraude, falta de recursos que podrían salir de las bonificaciones a las contrataciones; una mejora de la calidad de los cursos para que la salida de la crisis sea «justa» y no pase por la «devaluación salarial y de los derechos laborales» o la inclusión de soluciones para las pymes. Con respecto al nuevo papel de los agentes sociales, Simancas ha reconocido estar de acuerdo con que no impartan directamente los cursos, aunque cree que deben participar «activa y responsablemente en el gobierno del sistema», y ha reclamado además mejoras en la coordinación con las comunidades autónomas. OPORTUNIDAD AL DIALOGOSu homólogo en la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, coincide en que hace falta mejorar el sistema, aunque discrepa del uso del decreto ley y critica la falta de acuerdo previo tanto con los agentes sociales como con las comunidades, indispensables para que el cambio funcione. No obstante, ha dado una «oportunidad al diálogo», esperando que se acepten modificaciones en su tramitación parlamentaria.
Además, ha rechazado la «falsedad» de que haya un monopolio de patronal y sindicatos en la formación para el empleo, advirtiendo de que la reforma sí puede conducir a un oligopolio de pocas empresas, sin aumentar con ello la transparencia o reducir el fraude que mayoritariamente se ha producido, precisamente, en el ámbito de la formación directa de las empresas. Asimismo, ha rechazado la invasión competencial y la recentralización y burocratización del sistema que conlleva la norma. Por su parte, el portavoz económico de UPyD, Alvaro Anchuelo, espera que esta reforma «no sirva como excusa para cerrar en falso el fraude masivo» en los cursos de formación, el escándalo «más grave que aqueja al país» porque «si está feo robar siempre, es especialmente feo» cuando se trata de dinero para formar a parados. Además, ha lamentado que de nuevo se presente un decreto ley y la «timidez» del Gobierno en materia de coordinación entre administraciones, y ha criticado el «excesivo protagonismo que se da a las entidades privadas» en detrimento de las públicas. No obstante, ha reconocido «avances» y ha deseado que en la tramitación del proyecto se puedan superar «carencias importantes» en campos como los cheques formación o la calidad de los cursos. INVASION COMPETENCIALMientras, el portavoz de Empleo de CiU, Carles Campuzano, ha reconocido compartir algunos puntos del decreto, como el «nuevo rol» que se da a los agentes sociales, la puesta en marcha del cheque formación o la concurrencia competitiva; pero lamenta que no haya «medidas concretas y eficaces» frente a los problemas de las microempresas y las pymes para que sus trabajadores accedan a la formación.
Además, considera que el texto invade competencias autonómicas y «confirma la recentralización del diseño y la gestión» de la formación para el empleo, «reduciendo» a las comunidades y los agentes sociales a meros gestores de un «modelo que se define por el Estado con un nivel de detalle tan específico que deja un margen muy escaso para desarrollar un modelo propio». No obstante, espera que se puedan introducir cambios en la tramitación. El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, cree que el texto supone un «ataque competencial y una falta de respeto al marco vigente» y, aunque coincide en la necesidad de reformar el sistema, ha reprochado a Báñez que de nuevo presente un decreto ley, a pesar de que este cambio «no es hoy más urgente que hace unos meses». «Pero habiendo esperado hasta hoy, podían haberlo presentado como un proyecto de ley», ha apostillado. Por el BNG, Olaia Fernández Davila ha criticado la falta de acuerdo con los agentes sociales en un tema en el que deben ser protagonistas, y ha puesto en duda que simplemente abriendo el sistema a la libre concurrencia se vaya a acabar el fraude en la gestión de la formación para el empleo. «Si acaso, se incrementará», ha dicho, advirtiendo también de una invasión competencial en un intento por «profundizar la recentralización». Joan Baldoví, de Compromís-Equo, ha criticado una «nueva imposición» de una norma que «carece de consenso social» y que «no soluciona el problema», por lo que prevé que tenga «las alas muy cortas»; mientras que Sabino Cuadra, de Amaiur, ha defendido una gestión pública de la formación profesional para el empleo para evitar que se convierta en un «botín» para las empresas privadas. ADECUARSE A LA REALIDAD LABORALPor su parte, la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, ha subrayado que el propósito de la reforma es «adecuar el sistema de la formación para el empleo a la nueva realidad laboral», además de luchar contra el fraude o mejorar la transparencia, y ha asegurado que para ello se ha partido de un análisis profundo de los problemas del modelo actual, compartido con los agentes sociales.
En este punto, ha hecho especial hincapié en que el Ministerio de Empleo ha dedicado «muchas horas» a negociar con sindicatos y patronal, recordando que si finalmente no se llegó a un acuerdo fue precisamente por los representantes empresariales, mientras que las plataformas sindicales mostraron una «magnífica voluntad de colaboración con lealtad». En cualquier caso, la ‘popular’ niega que la reforma suponga expulsar a los agentes sociales del modelo, aunque reconoce que «se puede perfeccionar» y confía en que así se haga en la tramitación parlamentaria, aunque de momento niega ya algunas de las premisas de la oposición, como la invasión competencial o la falta de soluciones para las pymes. Con respecto a la falta de acuerdo con las comunidades autónomas, Villalobos la ha achacado a «temas políticos», que impiden que algunos gobiernos regionales respalden la reforma aunque estén de acuerdo con ello porque «sus secretarios generales (del partido) les pueden cortar la cabeza». «Eso pasa hoy y pasaba también antes, ahí actuamos todos exactamente igual», ha matizado, esperando no obstante que la ley que salga de las Cortes tenga «mucho más acuerdo» que el decreto. Por último, ha pedido a la oposición un «voto de confianza» para ver cómo funcionan las nuevas herramientas planteadas por el Gobierno, tal y como se hizo con las que han estado en vigor hasta ahora, recordando que, en cualquier caso, «si no funcionan se volverán a cambiar» porque es objetivo común de todos los partidos «conseguir una formación profesional que facilite el encuentro de un empleo para todos los parados».
