Los secretarios de Acción Sindical de CC.OO. y UGT, Ramón Gorri y Toni Ferrer, respectivamente, han pedido al Parlamento que derogue ya, aunque aún no haya Gobierno, el artículo 315.3 del Código Penal, una «antigualla» heredada del Franquismo que permite mandar a la cárcel a los piquetes informativos.
Ambos dirigentes sindicales se han reunido este martes con el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Miguel Angel Heredia, y con la portavoz de Empleo del PSOE, Luz Rodríguez, para reiterar una vez más su petición de que se derogue ese artículo, que existe en el Código Penal desde los años 90 y que en la pasada legislatura fue reformado por el Gobierno ‘popular’. Tras su modificación, el artículo prevé penas de prisión de entre tres y cuatro años y medio, y multas de entre doce y 18 meses, para quienes «actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga». AMNISTIA PARA LOS TRABAJADORESGorri considera que éste es «el momento claro» de derogar este texto, sin necesidad siquiera de esperar a que se forme un Gobierno dado que «la mayoría» parlamentaria coincide en este objetivo, apoyándose en los artículos 7 y 28 de la Constitución, que consagran los derechos de libertad sindical y de huelga y reconocen el papel de las organizaciones sindicales en Democracia.
«Este artículo es una antigualla que viene de la dictadura de Primo de Rivera, que en 1976 recuperó el Franquismo, que en 1995 se pudo reformar pero no se hizo y que a partir de 2015 se ha planteado la implantación de este artículo», ha señalado, recordando que hay casi 300 sindicalistas pendientes de juicio o sentencia en aplicación de este artículo. Por eso, junto con el cambio legislativo, CC.OO. exige un «sobreseimiento» de las causas pendientes y una «amnistía» para todos los trabajadores que ya hayan sido condenados, lo que incluiría tanto la devolución de las multas ya abonadas como el borrado de los antecedentes penales. «VESTIGIO FRANQUISTA»De la misma manera opina Toni Ferrer, quien responsabiliza a la Fiscalía del Estado de «alterar» la «normalidad democrática» utilizando un «vestigio franquista» del Código Penal y que exige reconocer «de manera plena» los derechos de huelga y libertad sindical, más allá de su reconocimiento formal que es «puesto en cuestión» por este tipo de normas «preconstitucionales».
Y para ello insta a aprovechar la sentencia a los ocho sindicalistas de Airbus que la pasada semana fueron absueltos de las acusaciones que se les hacían en virtud del artículo 315.3 del Código Penal por su participación en la huelga general de 2010 contra la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero. «El objetivo de UGT es que, tras la sentencia de Airbus, se produzca un cambio de signo en los casos pendientes que quedan, que las 300 personas procesadas o pendientes de juicio no tengan que ir a prisión y que los procesos y las sentencias sean revisados tras derogar este artículo. Es de justicia y lo que corresponde a una democracia avanzada como la española», ha añadido Ferrer. ARTICULO «DORMIDO» QUE EL PP «DESPERTO»Por su parte, Luz Rodríguez ha explicado que, aunque este artículo lleva «mucho tiempo» en el Código Penal sin que el PSOE haya hecho nada al respecto cuando estaba en el Gobierno, no ha sido hasta la llegada del PP al poder cuando «la Fiscalía ha empezado a utilizarlo para reprimir a los trabajadores».
«Este artículo llevaba mucho tiempo dormido, y ha sido el PP el que lo ha despertado. Por eso lo mejor que se puede hacer para evitar arbitrariedades en la utilización de este artículo es derogarlo de una vez por todas», ha añadido la diputada, que además considera que se debe indultar a cualquier trabajador que haya sido sentenciado o que lo sea hasta que se pueda llevar a efecto esta propuesta. De hecho, ése es el contenido de la proposición de ley y de la proposición no de ley que los socialistas tienen ya registradas en la Cámara Baja, y que siguen la misma línea de las presentadas durante la pasada legislatura, que fueron rechazadas una tras otra gracias a la mayoría absoluta del PP. Sin embargo, el cambio de las fuerzas parlamentarias y la voluntad expresada por otros partidos –como Podemos o IU–, que también tienen iniciativas del mismo tenor, hace confiar a los socialistas en que la derogación cuente con «consenso» y pueda salir adelante. De hecho, esta propuesta está recogida incluso en la propuesta de Gobierno presentada por el PSOE para conseguir la investidura de Pedro Sánchez. Tras la reunión con el PSOE, que sigue a encuentros con otras formaciones como Podemos o el PNV, las organizaciones sindicales tienen previsto continuar con su ronda de contacto en los próximos días, incluyendo una reunión con el PP el lunes 29 de febrero.
