Un millar de funcionarios se han concentrado este jueves en Madrid ante la Dirección General de la Función Pública para reclamar un salario «más justo», más empleo público, derechos salariales y laborales, la recuperación de los derechos que han perdido durante años y la normalización de la negociación colectiva.
Esta concentración ha marcado el inicio de una serie de movilizaciones en la Administración General del Estado con las que se pretende dar visibilidad al empeoramiento de las condiciones del trabajo de los funcionarios, que también afecta a los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos y que están «al borde del colapso». El secretario de la Administración General del Estado de UGT (FeSP-UGT), Carlos Alvarez, ha afirmado que es «indignante» que los empleados públicos sean «cada vez más pobres en un país donde el PIB ha tenido un crecimiento sostenido superior al 3% en los últimos dos años». «Los empleados públicos se están empobreciendo desde 2010», ha añadido Alvarez, tras recordar que desde ese año este colectivo ha sufrido cinco ejercicios de congelación de sueldos y una subida del 1% en 2016. Así, el colectivo acumula una pérdida salarial del 13%. Alvarez también ha puesto de relieve que el acuerdo por el Empleo Público es «insuficiente» para la Administración General del Estado, ya que la pérdida de puestos de trabajo en este ámbito «ha sido neta». «En la Administración General del Estado no hay casi temporalidad, salvo servicios muy concretos como el SEPE, porque no ha habido contratación de interinos», ha asegurado el responsable de UGT en este ámbito, que también ha apuntado que la plantilla ha sufrido un descenso neto del 15% de sus efectivos y un aumento de su edad, ya que como consecuencia de la falta de reposición, el 65% supera los 50 años. Desde este año, según datos que manejan las organizaciones sindicales, se ha reducido la plantilla un 14%, pasando de 231.157 trabajadores a 198.594 empleados en el ámbito de la Administración General del Estado. Además, los sindicatos creen que el escenario será «aún peor» en unos años, ya que la previsión de jubilaciones asciende a 26.945 efectivos. Por este motivo, tanto CC.OO. como UGT han pedido una oferta de empleo público extraordinaria y creen que debería de haber 30.072 incorporaciones «urgentes». Por otro lado, consideran que, junto con el aumento del empleo público debe haber una recuperación retributiva, ya que los empleados públicos sufren cerca de un 13% de pérdida salarial entre recortes, congelaciones y subidas del IPC. Los sindicatos también han reclamado el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, que «aún tiene pendiente la regulación de materias como carrera profesional, clasificación profesional o sistema retributivo. Para CC.OO. y UGT, el anuncio por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy de mejora de esta situación «debe tener reflejo en los derechos del personal público», porque «es el que garantiza la prestación de un servicio a la ciudadanía de calidad».
