No hay quien entienda al Gobierno Rajoy, empeñado cada día en darse un tiro en el pie.
Tres días después de la ruptura de negociaciones entre Interior y los representantes de policías y guardias civiles a cuenta de sus nóminas, Cristóbal Montoro provocó ayer el desconcierto al asegurar que la equiparación salarial con las policía autonómicas «será completa» en 2020.
«Está garantizado que la nómina de un policía nacional y un guardia civil, dependiendo de las actividades que desarrolla, estará completamente igualada a la del mosso d´esquadra», indicó el ministro de Hacienda y Función Pública.
Y eso justo después de que la palabra equiparación quedara desterrada horas antes por el Ministerio del Interior, que ha cifrado la brecha salarial en 807 millones, de los cuales 476 corresponderían a la Guardia Civil.
«Esos datos son falsos -señalan desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP)- porque los salarios de la tabla con la que se han calculado no son reales. Según esa tabla, un policía nacional cobra 30.123 euros anuales, cuando su salario está en torno a los 26.000». ¿Cómo ha llegado el Ministerio entonces a ese cómputo? «Mezclando conceptos. Se ha dividido lo que cuesta la Policía a la Administración entre el número de agentes y eso se ha considerado su nómina, con productividades especiales o complementos, gastos de otro tipo, el dinero que se paga a los que están en el extranjero…».
Explica Cruz Morcillo en ‘ABC‘ este 24 de febrero de 2018 que la ruptura entre Interior y quienes dependen de él es elocuente, pero también que Montoro no se dé por aludido respecto a esa división.
Este viernes, explicó que «el Ministerio del Interior está trabajando en una línea muy correcta para la efectiva equiparación», informa Servimedia y abundó en que existe «la disposición y la capacidad presupuestaria para ello».
La Secretaría de Estado de Seguridad contó horas antes que «de los 500 millones que el Gobierno va a destinar este año a aumentar el sueldo de todos los funcionarios, 300 serían para Policía y Guardia Civil».
La anterior promesa pasaba por alcanzar los 1.500 millones de euros en tres años, una cifra manejada con soltura por Cs que ha enarbolado la bandera de la homologación a sabiendas de los réditos electorales que puede obtener a coste cero.
A la guerra de cifras se ha sumado la discrepancia entre los Ministerios hasta el punto de que ayer los representantes de sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles ironizaban con quién debían negociar.
Fuentes de Interior negaron diferencias: «Montoro y Zoido hablan constantemente con plena sintonía», indicaron e insistieron a ABC en la idea de que se va a llegar «hasta donde se pueda». No hay voluntad de terminar una negociación «histórica».
Trabajar a reglamento
De hecho todas las asociaciones y sindicatos que participan (el 90 por ciento de ambos Cuerpos) han abierto una página web coincidente en la que expondrán las propuestas «serias» que reciban de Interior (aún existe confianza en que se retome el diálogo) para que las voten los afiliados.
Si eso no se produce, ya hay planteadas medidas de presión con dos límites claros: que estén dentro de la legalidad y que no afecten a los ciudadanos.
Se baraja convocar movilizaciones masivas e incluso trabajar a reglamento, una medida que se ha utilizado en alguna ocasión como la llamada «huelga de bolis caídos», que llevaron a cabo agentes de Tráfico. Acudir a Bruselas también está en la agenda.
