La oposición exige al Gobierno en funciones que no recurra la ley catalana antidesahucios

Todos los partidos con representación en el Congreso salvo el PP han exigido al Gobierno en funciones que no interponga recurso ante el Tribunal Constitucional contra la llamada Ley 24 de Cataluña contra los desahucios y la pobreza energética, lo que en principio podría aprobar este viernes el Consejo de Ministros.

Representantes de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y de la Alianza contra la Pobreza Energética se han reunido a lo largo de todo el día con los grupos parlamentarios, salvo el PP, y de ellos han obtenido el compromiso explícito de defender la utilidad de la llamada Ley 24, exigir al Gobierno que no paralice la norma, sobre todo mientras está en funciones; retirar el recurso si finalmente se presenta, y ampliar su vigencia a todo el país.

María Campuzano, de la Alianza, ha señalado en rueda de prensa que el PP «se ha quedado solo, aislado», porque ha sido «incapaz de tomar medidas que hagan frente a los desahucios y los cortes de suministro».

«No podemos permitir que un gobierno en funciones acabe con una ley surgida de la ciudadanía. Es posible frenar el recurso porque contamos con el apoyo de la calle, de muchas entidades y de los grupos del Parlament y el Congreso», ha añadido, recordando que todos los partidos, incluido el PP, votaron a favor de esta iniciativa legislativa popular (ILP) en Cataluña.

HABRA UNA «ESCALADA DE CONFLICTIVIDAD DIRECTA» CON EL PP

Por parte de la PAH, Carlos Macías ha defendido que tras nueve meses de aplicación de la ley se ve que «funciona», y ha deseado que de la reunión entre el presidente Mariano Rajoy y el president Carles Puigdemont de este miércoles salga el compromiso de que no se suspenderá la normativa.

«Si el Gobierno finalmente se atreve a poner el recurso estará enviando un mensaje muy claro de que no sólo no hace nada para acabar con esta situación sino que quiere impedir a los demás que hagamos cosas. Nuestra respuesta será contundente: Habrá una escalada de conflictividad directa con el PP», ha advertido.

No obstante, no ha precisado la estrategia concreta de presión que seguirán, porque en este momento están centrados en paralizar el recurso, pero sí ha avisado de que «no serán caceroladas como la que se hizo el lunes». «Subiremos realmente el tono», ha zanjado.

«UN GOBIERNO NORMAL SE SONROJARIA»

El portavoz parlamentario de Podemos, Iñigo Errejón, cree que «en un país normal el gobierno se sonrojaría si tuviera que ser la sociedad civil la que llevara iniciativas de sentido común a las instituciones, pediría perdón por no haberlo hecho antes y por el sufrimiento causado, y pondría todos los medios» para solucionar los problemas.

«Dejaría hacer», ha resumido, criticando que, sin embargo, el Ejecutivo del PP «no sólo no hace sino que zancadillea» las propuestas que persiguen que «las instituciones sean un poco más sensibles al drama humanitario y la emergencia social» de los desahucios.

Además, ha rechazado la «tentación» de utilizar este asunto como «excusa» para enfrentar a Cataluña con el resto del país con fines «partidistas» o de permitir que el Tribunal Constitucional se convierta en un «instrumento de intervención» política.

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Lucía Martín, de En Comù Podem, ha subrayado que esta norma «salida de la calle» ha permitido afrontar «situaciones dramáticas» que el Ejecutivo se ha mostrado «incapaz de solventar», y cree que el posible recurso es «el último servicio» del PP a las energéticas y las entidades financieras antes de perder el poder.

De similar manera piensa la diputada de ERC Teresa Jordà, quien ve «extremadamente surrealista» que se haya llegado a este punto y acusa al Gobierno de pretender «beneficiar» a la banca y los suministradores energéticos.

La diputada de Democracia y Libertad (DL) Lourdes Ciurò, por su parte, ha proclamado el «compromiso insobornable» del Gobierno catalán de «que esta ley se aplicará» suceda lo que suceda a partir de ahora. «No podemos permitir que alguien impugne algo que el Parlament catalán ha aprobado. Lo que Cataluña aprueba a consecuencia de una ILP no lo tumbará un gobierno desde la judicatura, eso es vulnerar los principios democráticos y el Estado de Derecho», ha insistido.

SIN LEGITIMIDAD PARA HACERLO

Joan Baldoví, diputado de Compromís, ha deseado que ésta sea la última ley que el Ejecutivo de Mariano Rajoy recurre, lamentando que no exista aún un gobierno que «acabe con la anomalía de que muchas comunidades legislen a favor de las personas y un gobierno en funciones siga gobernado en su contra». «El cambio era esto: Que las fuerzas políticas estemos al lado de los ciudadanos y no enfrentados a ellos», ha subrayado.

En la misma línea, Sol Sánchez, de IU-Unidad Popular, ha criticado la «falta de legitimidad» de este Ejecutivo «en funciones» para paralizar una ley que cuenta con «mucha más legitimidad». «Lo que debería hacer es tratar de exportarla al resto del país. Eso sería lo decente», ha zanjado.

Junto con estas formaciones, también el PSOE, Ciudadanos, el PNV y EH Bildu se han sumado a las reivindicaciones de la PAH y la Alianza, aunque no han asistido a la rueda de prensa por motivos de agenda. En una nota de prensa, los socialistas han defendido que el espíritu del acuerdo es el mismo que el de las iniciativas contra los desahucios y la pobreza energética que han promovido durante la pasada legislatura.

«Por eso es urgente la formación de un gobierno del cambio que permita la reconversión de la regresión en derechos que estamos sufriendo», señala la portavoz de Vivienda del PSOE, Mar Rominguera.

Por su parte, Ciudadanos ha reivindicado en una nota de prensa su apuesta por la inembargabilidad parcial de la vivienda y por la cesión temporal de pisos en manos de los bancos a familias en situación de emergencia –medidas recogidas en la Ley 24– y ha defendido su compromiso con el refuerzo de la protección al consumidor y la transparencia en la contratación de hipotecas.

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