La Plataforma de Perjudicados de Abengoa ha solicitado al juzgado central de instrucción número tres de la Audiencia Nacional que imponga de forma cautelar una fianza por importe de 46,8 millones de euros a tres de los investigados por el caso de las indemnizaciones al expresidente de la compañía Felipe Benjumea.
En concreto, esta plataforma de afectados, que representa a 120 inversores, solicita la imposición de esta fianza para el actual presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, y para las consejeras de la empresa Mercedes Gracía Díez y Alicia Velarde Valiente, según el escrito remitido al juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press. La acusación considera que estos directivos son responsables de la aprobación de forma contraria a la Ley de Sociedades de Capital de las indemnizaciones a Benjumea durante la reunión del consejo de administración de Abengoa del 23 de septiembre de 2015. La medida cautelar solicitada tiene como objetivo asegurar las responsabilidades pecuniarias derivadas del caso, que los denunciantes cifran en 15,6 millones para cada uno de los investigados, de modo que la cifra total alcanza los 46 millones. En el momento de la aprobación de la indemnización a Benjumea, Gracia Díez era la presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del consejo de administración de Abengoa, en la que Velarde Valiente y Fornieles ejercían de vocales. Fue en este órgano en el que se acordó la indemnización al expresidente de la empresa. La acusación considera que los tres investigados, en el ejercicio de su labor en la Comisión de Nombramientos, «desantendieron a favor de Felipe Benjumea Llorente las obligaciones que les impone la Ley de Sociedades de Capital». La plataforma basa sus acusaciones en las declaraciones de los propios investigados, según los cuales, y en contra de lo que afirmó el Banco Santander, la salida de Benjumea fue fruto de una «exigencia» de este banco para acordar una ampliación de capital por 650 millones y una línea de crédito por otros 165 millones. La ampliación iba a recibir garantía de los bancos acreedores. Según los testimonios de los acusados recogidos por la plataforma en su escrito, la «exigencia» del Santander fue trasladada al consejo de administración y provocó que la otra entidad bancaria dispuesta a garantizar la ampliación de capital, HSBC, se planteara su participación en la operación. Esta divergencia de pareceres hizo que HSBC tuviera que revisar su decisión, lo que se produjo en «una semana frenética de trabajo, con reuniones del consejo de administración a diario, con el único objeto de negociar y salvar este escollo», indica el escrito. La situación «se solucionó» en el consejo celebrado el 23 de septiembre, en la que se acordó la salida de Benjumea y se despejó el camino para que Abengoa firmara con los bancos tanto las garantías para la ampliación de capital como para la obtención del crédito. Ese mismo día, en un receso del consejo de administración, y con el «el único fundamento» de un informe del despacho DLA Piper, los miembros de la comisión de Nombramientos propusieron una indemnización a Benjumea por 11,5 millones.