Tras terminar la actividad parlamentaria, los exdiputados cuentan con un ‘seguro’ en forma de indemnización si no consiguen reubicarse en el mercado laboral, y actualmente hasta 64 exdiputados han solicitado al Congreso tal condición tras las elecciones del 20-D.
Ana Mato, la exiministra de Sanidad, encabeza un grupo con exdiputados como Ignacio Gil Lázaro (PP) e Isabel López Chamosa, entre muchos otros, que han reclamado esta indemenización al no haber encontrado otra vía de ingresos declarada tras haber dejado su actividad política.
Así, podrán percibir casi 3.000 euros mensuales, pagos de 2.813 euros, y la duración de este subsidio varía en función del tiempo en que el diputado haya ostentado el cargo. Concretamente 30 días por año trabajado como si de un despido improcedente se tratara.
De entre los 64 exdiputados que se encuentran en esta situación, 41 son del PP. Le sigue el PSOE con 16, IU con tres, Amaiur con dos y BNG y CiU con uno cada uno. Los exdiputados que más meses de trabajo acumulan y por tanto mayor desembolso son Ignacio Gil Lázaro con 24 meses, Isabel López Chamosa con 20 y Ana Mato con 19. El Congreso ha reservado 1,3 millones de euros para el total de las indemnizaciones.
