La política alemana atraviesa días convulsos.
La Agencia Federal para la Protección de la Constitución ha dado un paso histórico al calificar a Alternativa para Alemania (AfD) como un “caso seguro de extremismo de derechas”, intensificando la vigilancia sobre el segundo partido más votado en las últimas elecciones federales.
En plena transición de gobierno, con Friedrich Merz a punto de asumir la Cancillería, el debate sobre la legitimidad y los límites del juego democrático está más vivo que nunca.
Este movimiento ha disparado todas las alarmas: mientras los partidos tradicionales se justifican en la defensa del orden constitucional, desde AfD y parte de su electorado se denuncia una “maniobra antidemocrática” destinada a expulsarles de la carrera por el poder.
¿Es una reacción legítima ante el extremismo, o una peligrosa deriva hacia la proscripción política? Y, en este contexto, ¿quiénes son realmente los actores más antisistema o peligrosos para el orden democrático?
🇪🇸🇪🇺 | Santiago Abascal denuncia las amenazas de nulidad electoral en Alemania si gana AfD por parte de un en ex Comisario de la UE y muestra su apoyo a los rumanos tras el fraude electoral que han sufrido. pic.twitter.com/r0X3ZLTgBC
— ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) January 13, 2025
El informe que lo cambia todo
La decisión se basa en un exhaustivo informe de más de 1.100 páginas elaborado por los servicios secretos alemanes, que detalla cómo AfD habría vulnerado principios esenciales como la dignidad humana y el Estado de derecho. El documento señala una ideología “étnica y basada en la ascendencia”, incompatibles con la Constitución alemana, así como discursos reiterados contra inmigrantes y refugiados.
Este nuevo estatus permite a las autoridades aumentar su control sobre AfD: desde infiltrar informadores hasta intervenir comunicaciones—siempre bajo autorización judicial—y asistir a reuniones internas del partido. El objetivo declarado es prevenir riesgos para la democracia, aunque para muchos, dentro y fuera del país, se trata también de un intento por frenar el imparable avance electoral del partido ultraderechista.
Germany just gave its spy agency new powers to surveil the opposition. That’s not democracy—it’s tyranny in disguise.
What is truly extremist is not the popular AfD—which took second in the recent election—but rather the establishment’s deadly open border immigration policies…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 2, 2025
¿La democracia en la cuerda floja en Europa?
La Oficina Federal para la Protección de la Constitución alemana ha encendido la mecha de una bomba política al clasificar a Alternativa por Alemania (AfD), la segunda fuerza política del país, como una formación de “extrema derecha” contraria al orden constitucional.
Este paso, que abre la puerta a una posible ilegalización, ha desatado un torbellino de tensiones que podrían sacudir no solo a Alemania, sino a toda Europa.
El informe oficial acusa a AfD de promover conceptos como “gran sustitución” o “reemplazo étnico”, y de rechazar la igualdad entre personas al considerar a los inmigrantes, especialmente musulmanes, como ciudadanos de segunda.
Según la agencia, estas posturas violan la dignidad humana y el espíritu democrático de la Constitución alemana. “
Su visión étnica del pueblo es incompatible con la democracia”, sentencia el comunicado, respaldado por los vicepresidentes Sinan Selen y Silke Willems.
AfD, liderada por Alice Weidel y Tino Chrupalla, no se ha quedado callada. Califican la decisión como un “golpe a la democracia” y un intento desesperado del gobierno saliente de Olaf Scholz por frenar su ascenso.
Con más del 20% de los votos en las últimas elecciones y un crecimiento imparable en las encuestas, AfD se consolida como la principal oposición al nuevo gobierno de coalición entre democratacristianos y socialistas. “Es triste ver cómo los viejos partidos usan tácticas cuestionables contra nosotros”, lamenta Anton Baron, legislador de AfD.
Ilegalizar a AfD no sería tarea fácil. La Constitución alemana permite prohibir partidos que amenacen el orden democrático, pero el precedente del Partido Nacional Democrático (NPD) en 2017, cuya ilegalización fracasó por su poca relevancia, sugiere que el camino es espinoso.
Con AfD representando a una quinta parte del electorado, una prohibición podría desencadenar protestas masivas y un conflicto social sin precedentes. Scholz, cauteloso, pide no precipitarse, consciente del polvorín que esto podría generar.
El impacto trasciende Alemania. El auge de AfD refleja un malestar creciente en Europa contra las políticas de la UE, desde la inmigración masiva hasta el “globalismo woke” y la presión fiscal.
Partidos de la “nueva derecha” en Francia y otros países observan con atención, mientras el descontento con las élites políticas y el empobrecimiento de las clases medias alimenta su ascenso.
Por ahora, la clasificación de “extremista” permite al gobierno espiar a AfD con métodos como informantes confidenciales e interceptación de comunicaciones. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿se atreverá Alemania a dar el paso definitivo?
Una cosa es segura: cualquier decisión será un terremoto político con ondas que se sentirán en todo el continente.
Un clima político polarizado
La reacción no se ha hecho esperar. Los líderes de AfD, Alice Weidel y Tino Chrupalla, han denunciado que “la decisión es un duro golpe a la democracia alemana”, acusando a los partidos tradicionales de utilizar “medios políticamente cuestionables” para neutralizar al principal partido opositor.
No son pocos los que ven en esta maniobra una señal preocupante: “Utilizan ahora incluso los medios políticamente más cuestionables contra el partido más fuerte de la oposición”, ha afirmado un diputado regional del partido. El temor entre sus filas es que esta medida legitime futuros intentos de ilegalización, pues ahora Bundestag o Gobierno federal pueden solicitar al Tribunal Constitucional la prohibición formal del partido.
Por su parte, tanto el canciller saliente Olaf Scholz como su ministra del Interior, Nancy Faeser, llaman a la cautela: “Un procedimiento de prohibición tiene obstáculos constitucionales muy altos por buenas razones. No debe descartarse, pero debe seguir manejándose con mucho cuidado”, ha recordado Scholz. El debate sobre cómo tratar institucionalmente a AfD divide incluso a los conservadores (CDU), donde algunos abogan por mantener distancias mientras otros sugieren normalizar su trato parlamentario.
¿Quién es más antisistema?
Mientras AfD es objeto de vigilancia y potencial proscripción por su supuesto extremismo derechista, surge inevitablemente otra pregunta: ¿No representan también los Verdes radicalizados o ciertos grupos ultraizquierdistas un riesgo similar para el sistema democrático?
En términos históricos y recientes, Alemania ha experimentado episodios violentos protagonizados tanto por grupos neonazis como por colectivos ultraizquierdistas (como la extinta RAF), además de manifestaciones ecologistas radicales que han terminado en disturbios. Sin embargo, ninguna formación política con representación parlamentaria relevante —ni Die Linke ni Bündnis 90/Die Grünen— ha sido calificada oficialmente como organización extremista o sometida a un escrutinio tan severo como AfD.
Las diferencias clave radican en:
- Discursos oficiales: Mientras AfD promueve abiertamente tesis nacionalistas étnicas incompatibles con la Constitución según las autoridades, los Verdes y Die Linke defienden modelos alternativos pero dentro del marco legal.
- Incidentes violentos: Aunque existen grupos radicales vinculados informalmente a ambos extremos ideológicos, ningún partido verde o izquierdista relevante ha sido vinculado judicialmente a campañas sistemáticas contra derechos fundamentales o violencia organizada.
- Vigilancia estatal: El aparato legal alemán reserva este nivel de intervención sólo para organizaciones consideradas amenaza directa al orden democrático.
Un futuro incierto: ¿proscripción o normalización?
El movimiento contra AfD plantea dilemas complejos:
- Si se opta por prohibirlo formalmente, Alemania abriría un precedente inédito desde 1956 (cuando se ilegalizó al Partido Comunista), arriesgándose a reforzar el discurso victimista y antisistema entre sus votantes.
- Si no se actúa, sectores del establishment temen una erosión progresiva del consenso constitucional y una normalización paulatina del nacionalismo excluyente.
- La presión social aumenta. Manifestaciones masivas han exigido prohibir ya a AfD. A su vez, parte del electorado percibe estas acciones como una confirmación del “cártel” político denunciado por la ultraderecha.
En paralelo, las encuestas otorgan aún gran apoyo a AfD —más del 20%— lo que complica cualquier estrategia política sin riesgos democráticos evidentes.
El espejo europeo
Lo que ocurre hoy en Alemania resuena con fuerza en toda Europa. La tensión entre seguridad democrática y pluralismo político atraviesa fronteras; Francia e Italia observan atentos mientras sus propias formaciones ultras crecen. La pregunta central persiste: ¿dónde trazar la línea entre proteger la democracia e intervenir políticamente contra opciones populares pero incómodas?
Este sábado 3 de mayo queda claro que Alemania enfrenta uno de sus mayores retos políticos desde la reunificación. La respuesta marcará no solo su propio futuro sino probablemente también el rumbo del debate democrático europeo.
