Lo primero que hizo Delcy Rodríguez en su toma de posesión como presidenta, fue ir a saludar a los embajadores de China, Rusia e Irán, pero quien pone a temblar a la sucesora temporal de Nicolás Maduro es Donald Trump.
Bastaría una orden del inquilino de la Casa Blanca o que su secretario de Estado Marco Rubio hiciera una indicación, y se acabaría el tormento para miles de inocentes.
La chavista Delcy se convirtió en presidenta interina de Venezuela este lunes 5 de enero de 2026, en un entorno de transición sin precedentes.
La ceremonia, presidida por su hermano Jorge y con la Constitución sostenida por Nicolasito Maduro Guerra, hijo del capturado, condensó la paradoja en la que Trump parece hoy atrapado: cpaturó al toirano y lo llevó esposado a Nueva York, pero el chavismo sigue en el poder.
Y lo que es peor para la Casa Blanca: parece decidido a quedarse.
Y con todas sus lacras.
Mientras tomaba posesión en la Asamblea Nacional, el régimen que ahora lidera mantenía tras las rejas a más de 900 opositores, según los datos más recientes del Foro Penal, la organización de derechos humanos más reconocida en la documentación de detenciones.
Las primeras tres personas a las que Delcy Rodríguez saluda tras jurar como presidente Interina🇻🇪 son:
El Embajador de China 🇨🇳.
El Embajador de Rusia 🇷🇺.
El Embajador de Irán 🇮🇷.
Donde están los zurdos que lloraban intervención extranjera???🤡 pic.twitter.com/AKoG1bKytX
— Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) January 5, 2026
La cifra exacta de detenidos, torturados y secustrados varía, pero no no hay discrepancias sobre su situación: espantosa.
La todavía chavista Venezuela cuenta con la mayor población carcelaria política de América Latina, un legado tóxico al que contribuyó Delcy y que hereda, en un momento donde el mundo observa con atención cada uno de sus pasos.
La magnitud de la represión va mucho más allá de los números actuales.
Desde 2014, el Foro Penal ha registrado 18.612 detenciones por razones políticas en el país. Entre los 806 presos que permanecen cautivos hoy, hay 105 mujeres, 175 militares y 631 civiles.
La situación es alarmante, ya que solo 162 de ellos tienen sentencia condenatoria, mientras que 740 esperan un juicio que saben será injusto.
Algunos casos son particularmente notorios: Rafael Tudares, yerno del presidente electo en el exilio Edmundo González Urrutia, cumple una condena de 30 años en la prisión de El Rodeo, en Miranda.
Por su parte, Antonio Sequea, capitán de la Guardia Nacional que encabezó el contragolpe contra Maduro en 2020, lleva cinco años sometido a condiciones infrahumanas en esa misma cárcel.
La represión no se limita a quienes están encarcelados.
Más de 10.000 personas viven bajo medidas restrictivas arbitrarias: prohibiciones para salir del país, presentaciones periódicas ante tribunales y arraigos domiciliarios.
Sus vidas están atrapadas en un limbo legal, incapaces de trabajar normalmente, viajar o ejercer derechos fundamentales. Desde 2014, al menos 17 presos políticos han fallecido bajo custodia estatal; algunos por falta de atención médica y otros en circunstancias nunca aclaradas.
Si vas a tuitear sobre Venezuela y @realDonaldTrump y no sabes qué es El Helicoide, ve esto primero 👇🏻 pic.twitter.com/nRa3MRsmym
— Olav A. Dirkmaat (@OlavDirkmaat) January 3, 2026
LA AMIGA DEL ‘PRÍNCIOPE’ ZAPATERO
Figura central del chavismo, mantiene desde hace mucho estrechas relaciones con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, a quien ha llamado públicamente «mi príncipe» en encuentros como el de 2016 en Caracas.
Estas vínculos se extienden al exministro José Luis Ábalos, con quien se reunió secretamente en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020 pese a sanciones europeas que le prohibían entrar en territorio Schengen (episodio conocido como Delcygate), y a Koldo García, asesor de Ábalos implicado en las tramas de corrupción del PSOEs, quien mantuvo contactos directos con ella incluso tras la salida de Ábalos del Gobierno, incluyendo una reunión en Caracas en 2021 para negociar asuntos petroleros.
Estas conexiones se enmarcan en las relaciones opacas entre el régimen chavista y el Gobierno Sánchez, con intermediarios como Víctor de Aldama facilitando negocios y comunicaciones.
Paralelamente, Delcy enfrenta acusaciones graves de opositores y exiliados venezolanos de ser una «torturadora» por su rol en represión y violaciones de derechos humanos bajo el mando de Maduro.
LIBERTAD PARA CAGUARIPANO #VENEZUELA libertad de presos políticos #venezuela @marcorubio @realDonaldTrump @edmundo hombre de gran valor. https://t.co/rd7ur69DR3
— @venezuelaunidaporsiempre (@venezue74036958) January 6, 2026
Las excarcelaciones como estrategia política
En las últimas semanas, el régimen ha autorizado la liberación selectiva y estratégica de cientos de presos políticos. Durante las festividades navideñas, Maduro anunció la excarcelación de 99 personas. El 29 de diciembre se liberaron otras 61 más. El 1 de enero fueron excarcelados otros 54 presos.
El pasado viernes, otros 44 individuos salieron del penal.
Sin embargo, estas liberaciones no son un gesto humanitario sincero; son una táctica destinada al control político. Como señala Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas exiliado en España, «la privación de libertad en contextos autoritarios no tiene únicamente una función punitiva; actúa fundamentalmente como un activo político».
El régimen opta por liberar prisioneros durante períodos con poca movilización social, como las vacaciones navideñas, para evitar que su salida desencadene protestas masivas.
Por otro lado, muchos liberados no disfrutan realmente de libertad plena. Siguen bajo medidas cautelares y regímenes restrictivos que limitan su movimiento y les obligan a presentarse ante tribunales. Es una libertad a medias; un control que perdura más allá del encierro.
El llamado urgente a una amnistía general
El Foro Penal, mediante su director Alfredo Romero, ha instado a Delcy Rodríguez a declarar una amnistía general inmediata para todos los presos y perseguidos políticos. Romero subraya que esta acción sería «un gesto significativo para unir a la población venezolana», aunque aclara que no implicaría impunidad por crímenes graves.
Por su parte, el vicepresidente del organismo, Gonzalo Himiob, va aún más lejos: «Si se busca hablar sobre acciones serias y contundentes hacia el cambio, la amnistía general y plena debe ser el primer paso. Libertad inmediata, sin condiciones ni trucos».
La organización se ha ofrecido a proporcionar información técnica y listados verificados para facilitar un proceso de liberación basado en criterios jurídicos y derechos humanos.
Sin embargo, hasta ahora Delcy Rodríguez no ha respondido a estos llamados. De hecho, durante los primeros días de su gobierno se han confirmado detenciones de siete periodistas; los primeros prisioneros políticos bajo su mandato. Aunque tres fueron liberados posteriormente, el mensaje es claro: la represión continúa.
La posición ambigua de España y la comunidad internacional
El Gobierno español encabezado por Pedro Sánchez ha exigido oficialmente a Delcy Rodríguez la liberación inmediata de los presos políticos españoles encarcelados en Venezuela. Actualmente hay cerca de 20 ciudadanos con nacionalidad española o hispanovenezolana detenidos, incluidos dos vascos acusados de pertenecer al CNI.
No obstante, la postura del Gobierno español es compleja y contradictoria. Mantiene conversaciones permanentes con el nuevo régimen venezolano priorizando la protección tanto de ciudadanos como empresas españolas presentes en el país.
Uno de los aspectos más controvertidos es que España ha sido el único país dentro de la Unión Europea que se ha opuesto públicamente a una intervención militar estadounidense en Venezuela y a la captura de Maduro. Mientras otros gobiernos europeos han mantenido silencio o adoptado una postura cautelosa, Sánchez ha intentado reflejar este rechazo europeo mediante comunicados oficiales, aunque con escaso éxito. Esta actitud plantea interrogantes sobre las prioridades del Gobierno español respecto a los derechos humanos.
A lo largo del tiempo ha mantenido una postura ambigua frente a la represión en Venezuela sin condenar explícitamente las torturas o violaciones documentadas por organismos internacionales.
Además, Madrid también expresa preocupación por el precedente internacional que establece la intervención militar estadounidense en Venezuela y su posible extensión hacia otros territorios como Groenlandia. Esta inquietud geopolítica parece pesar más sobre las decisiones españolas que la urgencia humanitaria para liberar a cientos de prisioneros políticos.
El perfil de Delcy Rodríguez y sus motivaciones
Delcy Rodríguez no es una figura neutral dentro del panorama político venezolano.
Su padre fue guerrillero marxista y secuestrador cuya muerte marcó significativamente su vida. Esta herencia ideológica ha moldeado tanto su trayectoria política como su lealtad inquebrantable al chavismo.
Se le atribuye haber facilitado detalles clave para permitir la captura de Maduro según fuentes estadounidenses. Sin embargo, ahora lidera el régimen respaldada por el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y con apoyo aparente del expresidente estadounidense Donald Trump, quien habría impuesto condiciones para asegurar su permanencia temporal en el poder.
La estrategia adoptada por Rodríguez parece clara: mantener intacto al régimen bajo tutela estadounidense mientras asegura estabilidad tanto del ejército como del aparato estatal; todo ello evitando enfrentamientos internos que puedan desestabilizar su posición actual. En este marco político, liberar a opositores se convierte más bien en una herramienta negociadora que en un acto genuino hacia la justicia.
Un futuro incierto
La situación venezolana sigue sumida en una incertidumbre extrema.
Con Delcy Rodríguez al mando durante esta transición excepcional —cuyo nivel legítimo es discutible tanto dentro como fuera del país— se estima desde España que esta situación podría prolongarse durante meses; unas elecciones democráticas parecen aún lejanas. Todo dependerá del nivel confianza que Trump mantenga hacia Rodríguez o si surgen circunstancias imprevistas capaces alterar este equilibrio actual.
Lo indiscutible es que los más de 800 prisioneros políticos necesitan respuestas urgentes.
Cada día sin una amnistía general representa un día adicional lleno sufrimiento para ellos y sus seres queridos. Las organizaciones defensoras derechos humanos sostienen firmemente su postura: aunque una amnistía no resolvería toda crisis venezolana por sí sola, sí marcaría un crucial punto decisivo humanitario y político durante este periodo transicional. La gran incógnita permanece: ¿tendrá Delcy Rodríguez voluntad política suficiente para dar ese paso? ¿O seguirá utilizando a los prisioneros como moneda cambiaria dentro del juego político?
