La Corte de Cuentas denuncia a varios políticos por su forma de gestionar los fondos destinados para combatir el COVID

El Parlamento de El Salvador da inmunidad a varios altos cargos acusados de irregularidades

Los funcionarios tendrán de inmunidad ante demandas judiciales o administrativas, y estarán exentos de cualquier responsabilidad civil, penal o comercial

El Parlamento de El Salvador da inmunidad a varios altos cargos acusados de irregularidades
Nayib Bukele PD

La Asamblea Legislativa de El Salvador realizó una jugada para blindar legalmente a varios altos cargos acusados de irregularidades.

Se trata de los funcionarios señalados por la Corte de Cuentas por presuntas irregularidades a la hora de gestionar los fondos destinados a la lucha contra el coronavirus en el país.

La medida beneficia al ministro de Sanidad, Francisco Alabí; a la exministra Ana Orellana; a la comisionada de operaciones del Gabinete, Carolina Recinos; a la exdirectora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Rosa Delmy Cañas; a la exdirectora de la Dirección Nacional de Medicamentos Mónica Ayala; y a otros funcionarios que como parte del Ministerio de Sanidad autorizaron compras e importaciones irregulares de material sanitario.

Así, los diputados de Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC aprobaron una legislación que permite realizar compras sin cumplir los controles establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap) y libra de responsabilidades administrativas, civiles y penales a los funcionarios que participaron en los procesos de compras y también a los contratistas, según informaciones del diario ‘El Faro’.

Además, legaliza las compras realizadas desde marzo de 2020, cuando la Organización Mundial para la Salud (OMS) declaró la pandemia de coronavirus. La iniciativa fue sometida a votación casi inmediatamente después de haber sido introducida en la agenda parlamentaria, por lo que no siguió el proceso establecido con un debate previo en una comisión de trabajo de la Asamblea, como en otras ocasiones.

“Las siguientes personas o entidades que operan en el sector salud gozarán de inmunidad ante denuncias o demandas judiciales o administrativas, así como estarán exentas de cualquier responsabilidad civil, penal o comercial y obligación de indemnizar”, recoge el texto en el artículo 4.

La ley también incluye a numerosas personas que participan en el proceso de compra.

“Eso incluirá el diseño, desarrollo, prueba o investigación clínica, fabricación, etiquetado, distribución, transporte, almacenamiento, formulación, empacado, comercialización, promoción, venta, compra, donación, dispensación, prescripción, administración, concesión de licencias, comercialización o uso de tales productos para tratamientos médicos para atender la pandemia de COVID-19”, señala el documento.

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