Hoy, 7 de mayo de 2025, Colombia vive uno de los episodios más oscuros de violencia desde la firma de los acuerdos de paz en 2016. El denominado «plan pistola«, una estrategia de asesinatos selectivos contra miembros de la fuerza pública, ha dejado al menos 27 uniformados muertos en las últimas semanas, según denunció el propio presidente Gustavo Petro. Esta oleada de violencia, perpetrada principalmente por el Clan del Golfo, evoca los años más sangrientos del narcotráfico en el país durante la época de Pablo Escobar.
Una campaña sistemática de terror
La escalada de violencia comenzó el pasado 15 de abril como represalia por la muerte de José Miguel Demoya Hernández, alias «Chirimoya», uno de los máximos líderes del Clan del Golfo, abatido el 5 de abril en una operación policial en el municipio de La Apartada, departamento de Córdoba. Desde entonces, el grupo narcotraficante más poderoso de Colombia ha desatado una ola de ataques que ha dejado un saldo devastador: 18 policías asesinados, seis de ellos durante su periodo de descanso y ejecutados frente a sus familias, además de 12 heridos.
El presidente Gustavo Petro denunció que en las últimas dos semanas 15 policías y 12 militares han muerto a manos de narcotraficantes y rebeldes en Colombia, en lo que calificó como un «asesinato sistemático» de miembros de la fuerza pública. «Es un asesinato sistemático de hijos del pueblo. Nosotros no vamos a retroceder», indicó el mandatario de izquierda a través de sus redes sociales.
La situación ha generado tal nivel de alarma que la Procuraduría ha solicitado al Ministerio de Defensa un informe detallado sobre estas «acciones sistemáticas de violencia» contra la fuerza pública.
Un eco del pasado: la estrategia de Pablo Escobar
Esta táctica de terror no es nueva en Colombia. El último antecedente de un «plan pistola» de esta magnitud se remonta a la década de 1980, durante la expansión del cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar, quien pagaba por cada policía asesinado. Escobar implementó la infame política de «plata o plomo» (dinero o plomo), que dejaba a políticos, jueces y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ante una sombría elección: aceptar sobornos o morir.
Durante ese oscuro periodo, el cartel de Medellín ejecutó numerosos actos de terrorismo contra el Estado colombiano, incluida la explosión del vuelo 203 de Avianca en 1989, donde murieron 110 personas. La estrategia de terror de Escobar sumió a Colombia en el caos hasta su muerte en diciembre de 1993, cuando fue abatido por el Bloque de Búsqueda en una azotea de Medellín.
La respuesta del Estado
Ante esta nueva crisis, el gobierno colombiano ha intensificado sus operaciones contra el Clan del Golfo. El pasado lunes, las autoridades anunciaron la detención de más de 200 integrantes de esta organización narcotraficante, en lo que representa un duro golpe a su estructura criminal.
El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, ha enviado un mensaje de respaldo a los uniformados, asegurándoles que llegarán refuerzos a las zonas más afectadas. «Los eventos oscuros que están ocurriendo no son infinitos, los vamos a llevar muy pronto a su punto de inflexión», indicó el ministro, destacando la importancia de la inteligencia, la investigación y la contundencia de los operativos policiales.
Por su parte, el presidente Petro ha sido contundente en su advertencia al Clan del Golfo: «Arreciaremos la ofensiva contra el clan. No tienen escapatoria, o abandonan la actividad ilícita o se construye la alianza mundial para destruir El Clan del Golfo. Llegaremos hasta sus aliados en Dubai».
Un giro inesperado: la orden de cesar los ataques
En un sorprendente desarrollo, medios colombianos informaron este martes 6 de mayo que el Clan del Golfo habría ordenado finalizar el «plan pistola» contra la fuerza pública. Según reveló Caracol Radio, la directriz vendría directamente de alias Chiquito Malo o Comandante Javier, máximo líder de la organización.
Sin embargo, esta información contrasta con revelaciones de conversaciones interceptadas por las agencias de seguridad, que indican que el grupo narcotraficante habría modificado su estrategia, ordenando a sus sicarios que solo asesinen a altos mandos de la Policía y a funcionarios que estén uniformados y prestando servicio, en vez de aquellos que estén de civil y en tiempo de descanso.
En una de estas conversaciones, un mando medio del Clan del Golfo le cuenta a otro que «su jefe lo va a trasladar de la zona porque no ha cumplido con la cuota de muertos del Plan pistola», lo que evidencia la presión interna que existe dentro de la organización para cumplir con los objetivos de esta macabra campaña.
El fracaso de la «Paz Total»
Esta escalada de violencia ha puesto en entredicho la política de «Paz Total» promovida por el gobierno de Gustavo Petro. Según el experto Juan Nicolás Garzón, este tipo de acciones demuestran que los grupos armados no tienen intención de someterse y dejar las armas. «Eso es una táctica de terror, completamente incalificable, nos recuerda esa época del país, en la que los carteles atentaban contra la población y generaban esa sensación de zozobra», señaló.
El viernes pasado, el propio ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció que la política de paz de Petro «no ha salido bien». Las conversaciones no han progresado con el grueso del ELN, el Clan del Golfo y el Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las FARC que lidera «Iván Mordisco», considerado el criminal más buscado del país.
Un país que no logra escapar de la violencia
Colombia atraviesa su peor pico de violencia desde la firma del acuerdo de paz en 2016 con la guerrilla de las FARC. El país cuenta actualmente con unos 22.000 narcos y rebeldes en armas, y el conflicto interno ha dejado casi 10 millones de víctimas en seis décadas.
El domingo pasado, siete soldados murieron cuando un pelotón en el selvático departamento de Guaviare fue emboscado y atacado por un grupo disidente de las FARC que, paradójicamente, mantiene diálogos de paz con el gobierno.
Los «planes pistola» se definen como un repertorio de violencia en el que los grupos armados ilegales asesinan de manera selectiva a integrantes de la Fuerza Pública. Esta táctica, que parecía superada tras la desarticulación de los grandes carteles de la droga, ha vuelto con fuerza para recordar a Colombia que su lucha contra la violencia y el narcotráfico está lejos de terminar.
Mientras tanto, policías y militares continúan en alerta máxima, conscientes de que son el objetivo de una campaña sistemática que busca desestabilizar al Estado y proteger los intereses criminales de organizaciones que, a pesar de los esfuerzos gubernamentales por alcanzar la paz, siguen apostando por el terror como método para imponer su ley en amplias zonas del territorio colombiano.
