Hoy, 22 de mayo de 2025, El Salvador vive un ambiente radicalmente distinto al que conoció hace apenas tres años. Bajo el mandato de Nayib Bukele, el país ha pasado de ser uno de los más violentos del mundo a encabezar los rankings de seguridad en América Latina. El foco: la erradicación casi total de las temidas maras, en especial la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Barrio 18, mediante una política de ‘mano dura’ sin precedentes.
La estrategia, iniciada en marzo de 2022 tras una ola homicida atribuida al rompimiento de un pacto entre gobierno y pandillas, incluyó la declaración del estado de excepción, detenciones masivas y el despliegue militar en zonas controladas por bandas criminales. Más de 83.000 personas han sido arrestadas desde entonces, lo que equivale a más del 1% de la población adulta salvadoreña. Las cifras hablan por sí solas: El Salvador cerró 2024 con solo 114 homicidios, un descenso cercano al 90% respecto a los años más oscuros del país.
La macrocarcel: símbolo y herramienta
Uno de los pilares visibles del modelo Bukele es la mega prisión, conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), diseñada para albergar hasta 40.000 reclusos. Esta gigantesca instalación se ha convertido en símbolo del combate frontal a las maras. Dentro, miles de detenidos viven bajo un régimen estricto, sin posibilidad realista de fuga ni contacto con el exterior.
Este espacio ha permitido descongestionar otras cárceles y centralizar a los miembros más peligrosos o relevantes de las pandillas. Las imágenes difundidas por el gobierno muestran largas filas de hombres tatuados, descalzos y cabizbajos, bajo fuerte vigilancia militar. La intención es clara: mostrar control absoluto y enviar un mensaje disuasorio tanto dentro como fuera del país.
¿Qué queda realmente de las maras?
- La estructura territorial y visible de las maras ha sido desmantelada.
- La extorsión cotidiana, antes omnipresente en barrios y negocios, prácticamente ha desaparecido según testimonios ciudadanos y cifras oficiales.
- El miedo a cruzar “líneas invisibles” entre territorios rivales ya no condiciona la movilidad urbana.
Sin embargo, la pregunta sobre qué queda realmente tras la represión masiva persiste:
- Existen reportes sobre reagrupamientos menores en zonas rurales o fronterizas.
- Algunos líderes habrían intentado reorganizarse como estructuras criminales menos visibles o incluso migrar hacia otros delitos menos expuestos.
- Otras fuentes plantean la posibilidad, aunque limitada, de que ciertos pandilleros hayan huido hacia países vecinos o estén explorando nuevas formas organizativas lejos del tradicional control territorial.
El coste social y político
El amplio respaldo popular —más del 88% según encuestas recientes— ha permitido a Bukele sostener este modelo pese a las fuertes críticas internacionales por violaciones a derechos humanos: detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas han sido documentadas por organizaciones locales e internacionales. El régimen ha suspendido garantías constitucionales clave como la defensa legal y la privacidad en telecomunicaciones.
El sistema judicial está saturado y muchos detenidos esperan juicio sin acceso adecuado a defensa. Aunque el gobierno promete suavizar algunas restricciones, la vigencia del estado de excepción se mantiene prorrogada indefinidamente.
¿Y ahora qué? Escenarios posibles
- Desaparición estructural: Las maras como fenómeno visible están aniquiladas; su poder para controlar comunidades parece roto.
- Mutación criminal: Pequeños grupos podrían evolucionar hacia otras formas delincuenciales menos perceptibles o trasladarse fuera del país.
- Riesgos futuros: Analistas advierten que si no se abordan causas estructurales —pobreza, falta de oportunidades juveniles— podrían surgir nuevas expresiones criminales.
- Impacto regional: Países vecinos observan con atención el “modelo Bukele”, aunque temen un desplazamiento del crimen transnacional.
El reto pendiente
El clima actual en El Salvador es uno donde la seguridad física se ha impuesto sobre derechos civiles fundamentales. Sectores amplios celebran poder abrir sus negocios sin pagar “renta” o caminar libremente por barrios antes vedados. Sin embargo, persiste una incógnita sobre cuánto tiempo puede mantenerse esta paz basada en un régimen excepcional y si el Estado será capaz de construir instituciones sólidas que garanticen justicia sin abusos.
La macrocarcel es hoy el epicentro simbólico del nuevo El Salvador: orden implacable pero también vigilancia constante sobre posibles brotes futuros. En palabras sencillas: las maras ya no mandan, pero el país sigue vigilando sus cicatrices abiertas.
Mientras tanto, Nayib Bukele afronta su segundo mandato con un capital político inédito y una región expectante ante una pregunta clave: ¿es sostenible este modelo a largo plazo sin abrir nuevas heridas sociales?
