Este domingo, 1 de junio de 2025, Estados Unidos amanece con una nueva realidad migratoria: la reciente decisión de la Corte Suprema ha dejado vulnerables a más de 530.000 inmigrantes que entraron al país legalmente gracias a programas humanitarios, en su mayoría procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La noticia no solo ha generado incertidumbre y temor entre los afectados, sino que también sacude los cimientos del sistema migratorio estadounidense y plantea interrogantes sobre el futuro de estas comunidades.
El cambio es abrupto. Hasta hace apenas unas semanas, quienes accedieron al país bajo el programa de libertad condicional humanitaria lanzado por la administración Biden podían trabajar legalmente y residir en EE.UU., compartiendo sus datos personales y paradero con el gobierno.
Ahora, tras la intervención del Supremo, todo ese marco ha saltado por los aires.
Una decisión que revoca derechos y multiplica el miedo
El viernes pasado, la Corte Suprema accedió a una solicitud urgente del gobierno Trump para suspender una orden judicial previa que protegía a los beneficiarios del programa CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela). La consecuencia inmediata: se revoca su estatus legal y los permisos de trabajo para más de medio millón de personas que confiaron en las vías legales que les ofrecía el sistema estadounidense.
El Departamento de Seguridad Nacional ya había avisado en marzo: los migrantes acogidos al programa tendrían solo 30 días para abandonar el país salvo que estuvieran cubiertos por otra protección legal. A partir de ahora, estas personas quedan expuestas a órdenes inmediatas de expulsión.
La reacción no se ha hecho esperar. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han calificado el fallo como “la mayor deslegalización en la era moderna”, subrayando el impacto devastador para familias enteras y comunidades enteras que han echado raíces en Estados Unidos durante los últimos años.
Opiniones divididas en el alto tribunal
La decisión fue adoptada por mayoría conservadora. Las juezas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor expresaron su disenso, denunciando que el tribunal “subestima las devastadoras consecuencias” y permite al Gobierno federal “alterar precipitadamente las vidas y medios de vida” de cientos de miles mientras sus recursos legales siguen pendientes. Para ellas, la decisión va más allá del simple trámite judicial: supone un golpe a la confianza en las instituciones y en las vías legales para migrar.
¿Por qué este giro? Contexto político y antecedentes recientes
El fallo llega tras una oleada de litigios sobre los poderes del Ejecutivo para conceder –y revocar– permisos humanitarios masivos. El programa CHNV fue creado por Biden como respuesta a crisis humanitarias en el hemisferio occidental, permitiendo la entrada controlada de migrantes con patrocinadores estadounidenses.
Sin embargo, desde su llegada al poder, la administración Trump ha buscado limitar drásticamente estos programas argumentando que favorecen “flujos incontrolados” e impiden una política migratoria estricta. La Corte Suprema ya había permitido recientemente la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350.000 venezolanos residentes en EE. UU., marcando una tendencia clara hacia el endurecimiento.
El efecto dominó: desesperación y falta de alternativas
El miedo se extiende rápidamente entre los afectados. En las últimas horas, redes sociales y consulados reciben preguntas constantes: “¿Qué opciones tengo? ¿Debo irme ya? ¿Puedo pedir asilo en Canadá?” Sin embargo, ni siquiera mudarse al norte ofrece certezas. Canadá endureció sus propios controles fronterizos ante un posible aumento repentino de solicitantes llegados desde EE. UU., cerrando vías rápidas para quienes intenten cruzar tras perder su estatus legal.
Los migrantes se encuentran así atrapados entre dos fronteras hostiles:
- No pueden regresar fácilmente a sus países debido a crisis políticas o humanitarias.
- No encuentran rutas legales abiertas hacia Canadá u otros destinos.
- Tienen muy pocas alternativas: permanecer indocumentados, intentar solicitar asilo nuevamente (con pocas probabilidades) o arriesgarse a la deportación inmediata.
Impacto social y económico
Más allá del drama humano, hay implicaciones económicas relevantes:
- Muchas empresas dependen del trabajo legalizado de estos inmigrantes.
- Las comunidades locales pierden contribuyentes activos e integrantes esenciales.
- Organizaciones sociales alertan sobre posibles efectos negativos en sectores clave como agricultura, hostelería o atención domiciliaria.
Respuestas políticas divididas
La polémica está servida también entre gobernadores y legisladores estatales. Algunos estados reclaman medidas transitorias para evitar un éxodo laboral que podría afectar servicios básicos o economías regionales; otros apoyan sin matices el endurecimiento ordenado desde Washington.
Mientras tanto, asociaciones civiles anuncian nuevas demandas judiciales y movilizaciones sociales:
- Campañas informativas para orientar a los afectados.
- Apoyo psicológico y legal ante posibles redadas.
- Llamamientos al Congreso para buscar soluciones legislativas urgentes.
¿Qué puede pasar ahora?
El futuro inmediato es incierto. Aunque el litigio sigue abierto en instancias inferiores –lo que podría devolver momentáneamente algunas protecciones–, lo cierto es que la señal enviada por el Supremo es clara: ningún estatus migratorio temporal está garantizado si cambia el clima político.
En este contexto volátil, muchas familias miran con preocupación cada titular. Como reconoce una portavoz comunitaria: “Nos dijeron que siguiéramos las reglas. Ahora nos sentimos traicionados.”
Este giro judicial redefine lo que significa “seguridad jurídica” para quienes llegaron cumpliendo todos los requisitos legales. A partir de hoy, Estados Unidos no solo reconfigura su política migratoria; también pone en cuestión la confianza depositada por miles en un sistema que prometía protección… hasta que dejó de hacerlo.
