Hoy, 16 de junio de 2025, la política migratoria de Estados Unidos ha dado un giro abrupto que afecta a más de 530.000 personas originarias de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha empezado a notificar la revocación del parole humanitario y los permisos de trabajo asociados a quienes llegaron bajo este programa, exigiendo su salida inmediata del país.
La medida, impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump tras una decisión del Tribunal Supremo, deja a cientos de miles en el limbo legal y humano, con consecuencias que ya se sienten en comunidades migrantes por todo el territorio estadounidense.
El parole humanitario fue creado por la administración Biden entre 2022 y 2023 como una respuesta temporal a las crisis humanitarias en varios países latinoamericanos y caribeños. Permitía entrar legalmente a Estados Unidos durante dos años si se contaba con un patrocinador y se superaba una revisión de antecedentes. El objetivo declarado era reducir los cruces ilegales en la frontera sur y ofrecer una vía ordenada y segura para quienes huían de regímenes autoritarios o situaciones extremas.
Sin embargo, este programa siempre tuvo detractores, especialmente entre sectores republicanos que lo consideraban una puerta trasera para la migración masiva. Con la llegada al poder de Trump en enero de 2025, el programa fue cancelado mediante decreto presidencial. Aunque una jueza federal intentó bloquear la medida, el Supremo dio finalmente la razón al gobierno para revocar tanto el parole como los permisos laborales vinculados.
Qué implica la orden: incertidumbre legal y presión para salir
El DHS está enviando correos electrónicos a los afectados donde se les comunica que su permiso ha sido cancelado y que deben abandonar Estados Unidos voluntariamente lo antes posible. La advertencia es directa: «Si no sale del país, podría estar sujeto a medidas coercitivas, incluyendo detención y expulsión sin oportunidad de trámites personales».
Para incentivar la salida voluntaria, las autoridades ofrecen incluso un bono de 1.000 dólares a quienes utilicen la aplicación CBP Home para organizar su regreso al país de origen. Además, advierten que quienes ignoren la orden podrán ser detenidos y deportados forzosamente por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).
Muchos beneficiarios del parole se enfrentan ahora a un escenario angustioso:
- Han perdido el derecho a trabajar legalmente.
- No pueden regularizar su situación salvo que tengan una solicitud pendiente (asilo, ajuste u otro remedio legal).
- Si no salen voluntariamente, temen ser objeto de redadas o deportaciones inmediatas.
Para algunos colectivos, como los cubanos, existía la posibilidad de acogerse a la Ley de Ajuste Cubano tras un año y un día en el país. Sin embargo, quienes no hayan iniciado ese proceso quedan ahora desprotegidos y expuestos a medidas coercitivas.
¿Dónde se esconden los migrantes tras perder protección?
La incertidumbre ha llevado a muchos migrantes a buscar refugio fuera del radar oficial. Aunque no existen cifras exactas por razones obvias, diversas organizaciones apuntan que los afectados por la revocación del parole suelen optar por varias estrategias para evitar ser localizados por las autoridades migratorias:
- Mudarse rápidamente a nuevas ciudades o estados donde hay menos presencia del ICE.
- Buscar alojamiento en viviendas compartidas con familiares o compatriotas.
- Refugiarse en comunidades con fuerte presencia latina o en ciudades santuario donde las autoridades locales limitan su cooperación con agentes federales.
- Algunos recurren a iglesias u organizaciones religiosas que históricamente han ofrecido santuario ante amenazas de deportación.
- Otros optan por vivir con un bajo perfil: evitan acudir al trabajo o realizar trámites oficiales mientras deciden sus próximos pasos.
Estas tácticas no garantizan seguridad permanente. Las redadas en barrios latinos se han intensificado en ciudades como Los Ángeles o Miami desde el anuncio oficial. Las redes sociales y aplicaciones de mensajería se han convertido en herramientas clave para advertir sobre operativos policiales o compartir consejos legales entre quienes están en situación irregular.
Impacto social y político
La decisión del gobierno ha provocado protestas espontáneas en varios puntos del país. Organizaciones pro derechos humanos advierten del riesgo humanitario que implica forzar la salida masiva de personas que han construido una vida durante los últimos dos años: han trabajado legalmente, sus hijos van al colegio e incluso algunos han iniciado trámites legales para regularizarse.
Desde el punto de vista político, esta medida refuerza el mensaje electoralista del actual gobierno centrado en “Estados Unidos primero” y mayor seguridad fronteriza. No obstante, incrementa las tensiones internas justo cuando el debate migratorio ocupa un lugar central en la agenda nacional.
Perspectivas: ¿qué puede pasar ahora?
A corto plazo:
- Se espera un aumento considerable en las solicitudes desesperadas de asilo o ajuste migratorio.
- Muchos optarán por permanecer ocultos mientras agotan recursos legales.
- Las organizaciones civiles prevén un repunte en casos de familias separadas o personas detenidas.
A medio plazo:
- Puede haber nuevas demandas colectivas ante tribunales federales por parte de defensores migratorios.
- La presión sobre gobiernos latinoamericanos para recibir a miles de retornados crecerá.
- El debate político sobre el futuro migratorio seguirá polarizando la opinión pública estadounidense.
La situación sigue evolucionando día tras día. Mientras tanto, más de medio millón de venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos viven hoy con miedo e incertidumbre sobre su destino inmediato dentro de Estados Unidos.
