La posibilidad de que Javier Milei privatice parcialmente YPF ha desatado una tormenta en el panorama político y económico argentino. El anuncio de abrir el capital de la petrolera estatal a inversores extranjeros busca atraer capital fresco, impulsar el desarrollo energético y multiplicar el valor de la compañía. Sin embargo, no faltan las voces críticas que advierten sobre los riesgos de perder el control de uno de los activos más estratégicos del país.
A día de hoy, 11 de septiembre de 2025, el plan del Gobierno gira en torno al llamado “4×4”: multiplicar por cuatro el valor de YPF en los próximos cuatro años. El presidente de la compañía, Horacio Marín, detalló que la estrategia incluye la venta de participaciones en empresas del sector, como Metrogas, y la apertura a fondos extranjeros, especialmente estadounidenses. Se trata de una transformación profunda en la que la petrolera dejaría atrás su rol tradicional de brazo estatal para convertirse en un actor más del mercado global.
La estrategia oficial: atraer dólares y consolidar Vaca Muerta
El objetivo declarado es claro: atraer inversiones y reforzar el papel de Vaca Muerta como epicentro del boom energético argentino. En palabras del propio Marín, “Ahora que está bajo el Riesgo País, por si alguien quiere invertir”, el mensaje va dirigido al círculo empresarial más influyente, tanto local como internacional.
- La hoja de ruta prevé:
- Venta de activos no estratégicos.
- Oferta de hasta el 49% de las acciones en bolsa a partir de 2025.
- Búsqueda activa de socios internacionales para proyectos clave.
El trasfondo es la necesidad urgente de capital para sostener el crecimiento de la producción de petróleo y gas, en un contexto de restricciones financieras y presión de los mercados. El Gobierno argumenta que la apertura permitirá modernizar la gestión y acceder a tecnología de punta, siguiendo el modelo de otras petroleras regionales.
Riesgos y advertencias de la oposición
La decisión de abrir el capital de YPF no está exenta de polémica. La oposición, encabezada por sectores del peronismo, advierte que la pérdida de control público sobre la empresa podría poner en peligro la soberanía energética argentina. Recuerdan que la nacionalización de 2012 fue una respuesta al vaciamiento y caída de producción durante la gestión privada, y que el control estatal permitió desarrollar Vaca Muerta y reducir la dependencia de importaciones energéticas.
- El fallo reciente de la justicia estadounidense, que obliga a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago a inversores extranjeros, ha encendido aún más las alarmas. Para la oposición, esto equivale a una privatización de facto y pone en jaque la capacidad del país para decidir sobre recursos estratégicos.
- El artículo 10 de la ley de expropiación de YPF establece que cualquier transferencia de acciones requiere autorización del Congreso por mayoría calificada, lo que complica la maniobra del Ejecutivo y anticipa una dura batalla legislativa.
El contexto internacional: Estados Unidos y la puja por los recursos
La apertura de YPF se inscribe en una estrategia más amplia de alineamiento con Estados Unidos. El Gobierno de Milei ha sellado acuerdos energéticos que incluyen asistencia técnica y logística del Pentágono para el desarrollo de Vaca Muerta, así como la participación de empresas norteamericanas en exploración y transporte de hidrocarburos.
- La agenda bilateral también abarca el litio, mineral clave para la transición energética y la industria tecnológica. El Pentágono busca garantizar el acceso prioritario a las reservas del “triángulo del litio” (Argentina, Bolivia, Chile).
- Organizaciones y expertos advierten que estos acuerdos, presentados como oportunidades de inversión, pueden suponer una cesión de soberanía y un vínculo asimétrico, sin garantías de transferencia tecnológica ni acceso preferencial para productos argentinos.
El ajuste fiscal y la presión del mercado
La privatización parcial de YPF se produce en el marco de un ajuste fiscal sin precedentes. El Gobierno de Milei ha recortado el gasto público y ha logrado, en 2024, el primer resultado fiscal positivo en años. La venta de empresas estatales, como la reciente de la metalúrgica Impsa a capital estadounidense, forma parte de la estrategia para reducir el tamaño del Estado y liberar recursos para otras prioridades.
- El recorte en empresas públicas ha sido especialmente severo, con reducción de plantilla y venta de activos no estratégicos.
- La apertura de YPF es vista por los mercados como una señal de liberalización, aunque persisten dudas sobre la seguridad jurídica y la estabilidad política necesarias para atraer inversiones a gran escala.
Claves para el futuro: inversión, control y desarrollo
El destino de YPF marcará el rumbo de la economía argentina en los próximos años. La tensión entre la necesidad de atraer inversión extranjera y el riesgo de perder el control sobre recursos estratégicos está en el centro del debate.
- Si la privatización parcial logra multiplicar el valor de la compañía y potenciar el desarrollo de Vaca Muerta, el Gobierno podrá exhibir un éxito en materia energética y fiscal.
- Si, por el contrario, la cesión de control deriva en fuga de capitales, pérdida de tecnología o subordinación a intereses extranjeros, Argentina podría quedar más expuesta a la volatilidad internacional.
Por ahora, el país se asoma a una nueva etapa de su historia económica, donde la pugna por el control de YPF simboliza la disputa por el modelo de desarrollo y el papel del Estado en la economía. El desenlace, aún incierto, será seguido de cerca tanto en los mercados internacionales como en el tablero político local.
