La madrugada del 3 de enero marcó un punto de inflexión en la historia venezolana. Una cadena de explosiones estremeció a Caracas, seguida por el rugido de aviones y helicópteros sobrevolando la capital. Lo que durante meses fue rumor se convirtió en realidad: Estados Unidos había iniciado una ofensiva militar directa contra Venezuela.
Horas más tarde, el entonces presidente norteamericano, Donald Trump, celebraba la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en su cuenta de Truth Social. El anuncio confirmaba la caída del gobernante que durante más de una década desafió a Washington, y el inicio de una etapa que muchos califican de ocupación silenciosa.
La pareja fue trasladada a Nueva York, donde espera juicio por narcotráfico y terrorismo. En Caracas, su hasta entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder como presidenta interina bajo la mirada atenta de Estados Unidos y del propio Trump, quien prometió “reconstruir Venezuela desde sus cimientos”.
Liberaciones y giros inesperados
Uno de los primeros gestos del nuevo gobierno fue liberar a cientos de prisioneros políticos, activistas y periodistas encarcelados durante el régimen de Maduro. Según cifras oficiales, más de 600 personas recuperaron la libertad, aunque organizaciones de derechos humanos rebajan la cifra a unas 344 excarcelaciones verificadas.
Rodríguez anunció además una futura “ley de amnistía general” destinada a cerrar el ciclo de persecuciones iniciado en 1999, y ordenó el cierre de El Helicoide, centro emblemático de torturas según organismos internacionales.
El giro político resulta sorprendente frente a los pronunciamientos de años anteriores, cuando el chavismo había prometido “cárcel y no perdón” para sus opositores.
Petróleo bajo tutela extranjera
Con la caída de Maduro, la estructura petrolera nacional fue la primera en cambiar de manos. Trump declaró que Venezuela entregaría hasta 50 millones de barriles de crudo a EE.UU., cuyos ingresos serían “administrados directamente” por su gobierno en beneficio de ambos países.
Pdvsa reconoció luego la existencia de negociaciones con empresas estadounidenses, mientras la Asamblea Nacional reformó apresuradamente la Ley de Hidrocarburos, abriendo de nuevo las puertas a la inversión privada. Para analistas afines al chavismo, esta medida significó “la pérdida definitiva del control energético nacional”.
Economía convulsa y moneda débil
El impacto financiero fue inmediato. El bolívar se desplomó más de 20% frente al dólar oficial en enero, y hasta 800 bolívares por dólar en el mercado paralelo, generando un repunte inflacionario que golpeó con fuerza el costo de vida. Aunque las autoridades intervinieron con fondos provenientes de la nueva venta de petróleo, el alivio fue efímero: los precios se mantuvieron inalcanzables para la mayoría de los venezolanos.
Un país entre dos poderes
En medio del caos económico y la sensación de tutela extranjera, el nuevo gobierno busca estabilizarse entre la presión de Washington y la desconfianza del propio chavismo. La reactivación de relaciones diplomáticas con EE.UU., tras siete años de ruptura, fue confirmada con la llegada a Caracas de la embajadora Laura F. Dogu y una inusual visita del director de la CIA.
Sectores del oficialismo denuncian una “ocupación invisible”, mientras Rodríguez intenta proyectar independencia política. Sin embargo, las medidas tomadas —amnistía, apertura petrolera y liberaciones masivas— responden, en gran parte, a directrices estadounidenses.
“Delcy está intentando ganar legitimidad cumpliendo con Washington mientras estabiliza el país”, afirma la analista Carmen Beatriz Fernández. Otros expertos advierten que Venezuela atraviesa una transición frágil entre la intervención militar y una eventual apertura democrática.
El mensaje de Trump sigue resonando: “Si Rodríguez no hace lo correcto, el precio será aún más alto que el de Maduro.”
