Nicolás Maduro y su círculo cercano habrían transformado los pasaportes diplomáticos en un producto muy codiciado por narcotraficantes mexicanos.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, funcionarios venezolanos vendieron estos documentos a miembros del Cártel de Sinaloa y Los Zetas, lo que permitió a los narcotraficantes moverse entre países sin levantar sospechas. Esta actividad formaba parte de un entramado más amplio de corrupción institucional en el que el Estado venezolano ponía sus recursos al servicio del crimen organizado.
El expediente judicial revela que entre 2003 y 2011, durante el mandato de Diosdado Cabello en cargos políticos y militares relevantes, Los Zetas colaboraron con traficantes colombianos para enviar contenedores desde puertos venezolanos hacia México, cargados con entre cinco y veinte toneladas de cocaína en cada envío.
Esta operación no era improvisada. Funcionarios militares venezolanos, conocidos como «los generales» bajo el liderazgo de Cabello, brindaban protección oficial a estos cargamentos. Los beneficios económicos fluían desde las bases militares hasta los altos mandos del poder, enriqueciendo a las familias de Maduro y sus principales aliados.
El Cártel de los Soles: la estructura del poder criminal
En el trasfondo de estas operaciones se encontraba el Cártel de los Soles, una élite corrupta tanto militar como política que convirtió a Venezuela en un punto neurálgico dentro de una red internacional de narcotráfico. Pese a que no tenía una estructura jerárquica, este sistema funcionaba como un holding logístico que utilizó los recursos del Estado venezolano para abastecer el mercado de la cocaína. La DEA posee grabaciones donde los sobrinos de la esposa de Maduro describen la existencia y funcionamiento de esta organización criminal.
El Cártel de los Soles no operaba solo. Estableció alianzas con grupos terroristas como las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como con la banda transnacional Tren de Aragua y los dos principales cárteles del crimen organizado en México: el Cártel de Sinaloa y Los Zetas. Según las acusaciones estadounidenses, el régimen chavista actuó bajo una lógica de narcoterrorismo, utilizando el tráfico de drogas para financiar agendas políticas y militares mientras empleaba su poder estatal para proteger a delincuentes.
Los sobornos millonarios de Diosdado Cabello
Diosdado Cabello, actual ministro del Interior y Justicia, se erige como una figura clave en este entramado corrupto. En 2006, tras la incautación de un cargamento de 5,5 toneladas de cocaína en Ciudad del Carmen, Campeche, se descubrió que Cabello había recibido un soborno por valor de 2,5 millones de dólares a través de un familiar para proteger a los funcionarios venezolanos implicados en el operativo. Este episodio no fue aislado.
Durante el periodo entre 2003 y 2011, Cabello permitió que cargamentos que alcanzaban hasta veinte toneladas de cocaína, pertenecientes a cárteles colombianos y a Los Zetas mexicanos, salieran desde diferentes puertos venezolanos rumbo a México y posteriormente hacia Estados Unidos. La entrega constante de sobornos era parte del juego: cuando se interceptaba un cargamento, la respuesta habitual era desembolsar millones para asegurar silencio e impunidad. La colaboración iba más allá del mero respaldo militar. El régimen venezolano institucionalizó el uso de recursos estatales para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico, incluyendo vuelos encubiertos y cobertura oficial para movimientos financieros y sustancias ilegales.
La familia de Maduro en la red criminal
Las imputaciones no solo alcanzan a Maduro y Cabello. Cilia Flores, esposa del presidente, habría aceptado cientos de miles en sobornos alrededor del año 2007 para organizar encuentros entre narcotraficantes y Néstor Reverol Torres, quien era entonces jefe antidrogas en Venezuela. Posteriormente, Reverol empezó a recibir mensualmente 100 mil dólares provenientes del narcotráfico. El hijo del mandatario, Nicolás Maduro Guerra, jugó un papel activo en la logística y organización del envío de drogas. Sus sobrinos, Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, negociaron envíos desde el «hangar presidencial» en Caracas, asegurando acceso directo a recursos estatales y protección oficial.
Las grabaciones obtenidas por la DEA revelaron que estos familiares operaban desde áreas restringidas del principal aeropuerto venezolano facilitando así el tránsito y carga hacia Centroamérica y Estados Unidos. En 2024, Maduro supuestamente recibió 5 millones en beneficios derivados del narcotráfico e incluso estuvo implicado en actividades relacionadas con lavado de dinero mediante Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El futuro penal de Maduro
La Fiscalía estadounidense ha formalizado cargos contra Maduro por narcotráfico y terrorismo. Las imputaciones incluyen conspiración para distribuir cocaína, lavado dinero y asociación con organizaciones terroristas reconocidas internacionalmente.
El proceso judicial tiene lugar en Nueva York. La justicia federal ha recolectado evidencia durante años sobre estas operaciones criminales. La acusación sostiene que Maduro utilizó la cocaína como «un arma» contra Estados Unidos mientras que los sobornos recibidos le permitieron mantenerse en el poder pese al rechazo internacional y las derrotas electorales sufridas. Si es extraditado y condenado podría enfrentar una larga pena; incluso cadena perpetua. No obstante, su captura presenta retos geopolíticos importantes debido a sus aliados regionales y su capacidad para mantenerse al mando pese a las sanciones internacionales.
Aunque ni Maduro ni Cilia Flores han sido sentenciados, las acusaciones detallan los delitos que podrían enfrentar si son encarcelados en Estados Unidos. Los cargos relacionados con narcotráfico internacional y terrorismo pueden acarrear penas severas. En el sistema penitenciario federal estadounidense, quienes son acusados por crímenes tan graves suelen ser recluidos en instalaciones consideradas máxima seguridad como la Penitenciaría Federal Supermax en Colorado; allí pasarían entre 22 y 23 horas al día encerrados.
La vida dentro estas prisiones es austera. Los internos tienen acceso limitado a visitas o comunicaciones; además las actividades recreativas son mínimas. Para alguien como Maduro, acostumbrado al poder presidencial, este cambio radical representaría un desafío monumental. Su edad —actualmente sobrepasa los 60 años— también implica que una condena prolongada se traduciría prácticamente en una sentencia vitalicia. Por su parte, Cilia Flores enfrentaría cargos similares con penas comparables debido a su complicidad en blanqueo e irregularidades económicas.
La acusación estadounidense ha construido un caso sólido fundamentado en décadas recopiladas mediante inteligencia; incluye grabaciones realizadas por la DEA junto con testimonios brindados por testigos protegidos así como documentación financiera relevante. Este expediente resalta cómo la cooperación entre Venezuela y Los Zetas fue más allá del mero transporte ilegal; abarcó también provisión armamentística, protección armada e incluso apoyo logístico además del blanqueo mediante empresas estatales. Para 2020 se estima que hasta 250 toneladas anuales transitaban por Venezuela; una parte significativa destinada a rutas controladas por Los Zetas.
El ciclo vicioso sustentado por corrupción ligada al narcotráfico bajo liderazgo madurista enriqueció tanto a funcionarios venezolanos como sus familias mientras favorecía a violentos narcoterroristas operando impunemente dentro del territorio nacional. Ahora bien; la justicia estadounidense busca cerrar ese círculo llevando ante los tribunales a todos aquellos responsables.
