Las diferencias entre PSOE y BNG demuestran que hay dos gobiernos

Más preocupados en arrinconar al PP que en gobernar, sin otro plan de gobierno que desmantelar la herencia fraguista, en el bipartito gallego cada socio va por libre, lo cual impide llevar a cabo un proyecto eficaz y consensuado.

Bieito Rubido afirmaba en una entrevista con PD que en Galicia no hay una coalición sino una «cohabitación porque Galicia tiene dos gobiernos». La reflexión parece contrastada por los hechos: en el bipartito gallego cada socio va por libre. En el BNG, que ostenta las consellerías de Industria, Turismo, Comercio e Innovación, Cultura e Deporte, Desenvolvemento Rural y Vivenda e Solo, además de la Vicepresidencia de Relacións Institucionais e Benestar Social (un traje a medida que Quintana se inventó para repartir planes sociales), los conselleiros van a su aire, «pasan» del presidente de la Xunta y sólo reciben instrucciones de los jerarcas del partido.

En el PSdeG, que asumió Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Economía e Facenda, Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, Educación e Ordenación Universitaria, Sanidade, Pesca e Asuntos Marítimos, Medio Ambiente e Desenvolvemento Sustentable y Traballo, las desavenencias con el hemisferio nacionalista son ya una costumbre en los cuarteles que la Xunta tiene en la parroquia compostelana de San Caetano.

Para muestra basta un botón: en noviembre pasado, la Consejería de Vivienda que dirige la nacionalista Teresa Táboas pretendía un efectista lavado de imagen ampliando el porcentaje de suelo residencial reservado para vivienda protegida del vigente 20 por ciento a un 40 por ciento. La medida quedó apenas en una promesa porque fue boicoteada desde sus propios «socios» de Gobierno por la titular de Política Territorial, María José Caride (PSOE), a quien le molestó que no se haya consultado a su departamento para una medida de semejante calibre como la propuesta de Táboas.

De este rosario de desencuentros, otra capítulo lo protagonizó nuevamente Teresa Táboas, al desmentir al propio presidente Touriño, negando que estuviese barajando la implantación de un impuesto para las viviendas vacías. Para el líder del PPdeG, Táboas actuó con el «visto bueno» del vicepresidente Quintana a la hora de negar que se estuviese valorando esta posibilidad, anunciada veinticuatro horas antes por el presidente.

Esta imagen de desgobierno fue reconocida por el presidente Touriño al confesar que «pasaba dos tercios de su tiempo pactando con el BNG». Aún así los desplantes de Quintana al presidente de la Xunta son de antología. En diciembre de 2006, el BNG no acudió a la ofrenda al apóstol Santiago porque el protocolo de estos actos fue instituido «por el franquismo» y evidencia» el sometimiento del poder civil al religioso».

Acto seguido, mientras Pérez Touriño reivindicaba la vigencia de la Constitución Española de 1978 durante su intervención como delegado regio, a pocos metros de allí el líder del BNG vociferaba exigiendo un Estatuto «de Nación» y «de primera», o lo que es lo mismo, anticonstitucional.

No menos grotesco fue el enfrentamiento que tuvieron BNG y PSdeG por el himno gallego cuando fue interpretado en el Parlamento de Galicia, con un exótico toque de acordes flamencos, en un pleno extraordinario con el que la Cámara celebró el 25 aniversario de su constitución.

La «culpa» la tuvo la presidenta de la Cámara, la socialista Dolores Villarino, y su gran afición al flamenco. Lo que debería haber sido un acto de concordia el BNG lo consideró un incumplimiento de la Ley de Símbolos de Galicia y comenzó a preguntar en plan acoso y derribo por qué se había gastado la presidenta en la celebración 113.676,84 euros. Villarino acusó a los socios de gobierno de su partido, el PSdeG, de montar «una falsa polémica» por culpa de «su ignorancia y su falta de conocimiento», pues «asimiló de forma simple una determinada música con un territorio». La presidenta del Parlamento prometió volver a contratar a los artistas flamencos que versionaron el himno: «Si no quieren caldo, dos tazas», sentenció.

Las acusaciones de compra del voto emigrante a través de ayudas públicas vertidas contra el PSOE gallego han logrado abrir una brecha de dimensiones considerables en el seno del bipartito. La dimisión de la directora de la Fundación Galicia Emigración, Pilar Pin Vega, por el «grave error» de entregar cheques asistenciales a emigrantes gallegos en Uruguay a un mes de las elecciones le vino como anillo al dedo a Quintana, para sacar tajada política del «escándalo» que significa utilizar «como mercancía electoral» a los ciudadanos que deben votar desde el extranjero.

Entre las consecuencias indeseables de esta descoordinación destaca la falta de liderazgo y firmeza de Pérez Touriño, rehén de sus compromisos adquiridos con el BNG. Así se entiende que se haya limitado a calificar el grave incidente que tuvo el secretario xeral e de Relacións Institucionais de Vicepresidencia, Antonio Losada, con cinco policías autonómicos de «lamentable» luego de conocerse que Losada les había endilgado un un trato vejatorio por el cual hoy tiene un proceso judicial abierto. Touriño, que no se atrevió a cesar a Losada, consideró que «no me gusta, pero es cierto que en los gobiernos de coalición, siempre hay talantes, actitudes y prácticas un poco diferentes».

El último desplante del BNG a Touriño ocurrió en Ferrol cuando el presidente de la Xunta anunció sin la presencia del BNG su compromiso «conseguido y cerrado» con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para la liberación de 200.000 metros cuadrados de suelo en Navantia Fene para hacer un polígono industrial en lugar de impulsar proyectos navieros civiles tal como reclamaba la mancomunidad de Ferrolterra, el PPdeG y el BNG, que envió a «su» conselleiro de Industria a Bruselas para que lograra la venia de la UE ante la negativa de Touriño.

«Descubrimos que Touriño había dado instrucciones de votar en contra de construir buques civiles en Ferrolterra», denunció el Alberto Núñez Feijóo, acusándolo de «dejar solo» al conselleiro de Innovación, el nacionalista Fernando Blanco, en su reunión en Bruselas con el director general de Competencia, Philip Lowe. Poco después Fernando Blanco se «vengó» de Touriño paralizando el proyecto estrella del alcalde socialista Javier Losada, el ascensor panorámico del monte San Pedro en La Coruña, al cual la Consellería le cortó el suministro eléctrico por carecer de los permisos oficiales.

Con casi la mitad de la legislatura cumplida, el bigobierno gallego muestra una preocupante parálisis en lo que respecta a la toma de decisiones en momentos de crisis como se pudo comprobar en los colapsos de los centros de salud a principios de año o los incendios de agosto pasado. ¿Se necesitan todavía más desencuentros para que la coalición social-nacionalista enderece su rumbo y comience a gobernar?

Autor

Luis Balcarce

Desde 2007 es Jefe de Redacción de Periodista Digital, uno de los diez digitales más leídos de España.

Recibe nuestras noticias en tu correo

Lo más leído