En La Retaguardia de este jueves 17 de Julio, Eurico Campano analiza con el economista José Ramón Riera todos los detalles de la imputación del ex Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una red de tráfico de influencias para cambiar normas tributarias que favorecieran a empresas que hicieran pagos al bufete de su hermano. Además, vuelve otra edición del debate entre Eduardo García Serrano y Coto Matamoros.
Este miércoles 16 de julio de 2025, un juez de Tarragona ha imputado a Montoro junto a una treintena de personas en una causa que apunta a la creación de una red de influencias destinada a beneficiar a grandes empresas gasistas durante su etapa como máximo responsable fiscal del país.
La noticia, que ha sacudido los cimientos del Partido Popular y ha hecho las delicias de tertulianos y columnistas, pone el foco en las relaciones entre el poder político y económico. Las acusaciones no son menores: se investigan presuntos delitos de cohecho, prevaricación, fraude contra la administración pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Todo un catálogo penal digno del mejor manual universitario.
Equipo Económico: la consultora en el epicentro
El caso gira en torno a Equipo Económico (EE), despacho fundado por Montoro en 2006 y rebautizado posteriormente como Global Afteli. Según la investigación judicial, esta firma habría recibido pagos millonarios (hasta 779.705 euros entre 2011 y 2019) por parte de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) y varias grandes empresas del sector como Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos.
Lo singular es el método: EE habría utilizado su red para conseguir cambios legislativos favorables en materia fiscal —en concreto sobre el Impuesto sobre la Electricidad y el IAE— que beneficiaban a sus clientes. El propio auto judicial detalla cómo representantes de estas empresas participaron directamente en la redacción de disposiciones legales incorporadas después a los Presupuestos Generales del Estado. Así, las reformas se adaptaban «milagrosamente» a las necesidades del sector gasista —y todo sin justificación técnica aparente ni precedentes administrativos favorables.
La “red” y sus ramificaciones
El auto firmado por el juez Rubén Rus es contundente: existe una organización integrada por altos cargos públicos y directivos privados que habrían tejido una estructura para obtener lucro económico desde dentro del aparato estatal. No solo está implicado Montoro; también figuran ex altos cargos ministeriales y responsables del propio despacho Equipo Económico.
Las pesquisas arrancaron con el hallazgo casual de unos correos electrónicos en 2013, pero no fue hasta ahora cuando se han hecho públicos los detalles más jugosos: desde reuniones secretas hasta el supuesto encargo directo a EE para desbloquear reformas que llevaban años atascadas en los despachos ministeriales. Los investigadores subrayan cómo la negativa inicial del Ministerio se transformaba en aprobación tras la intervención de la consultora ligada al exministro.
Reacciones políticas y posibles consecuencias
El escándalo ha reabierto uno de los debates recurrentes en España: el fenómeno de las puertas giratorias y la opacidad en las relaciones entre lo público y lo privado. Desde la oposición han exigido explicaciones inmediatas al Partido Popular, mientras que algunos sectores internos temen un desgaste electoral si la causa avanza más allá de la fase judicial.
En el plano jurídico, Montoro se enfrenta a una investigación compleja. Aunque todavía no hay acusación formal ni fecha para un posible juicio oral, los delitos atribuidos conllevan penas severas e inhabilitación para ocupar cargos públicos. El caso también podría tener efectos colaterales sobre otras figuras relevantes del ministerio durante su mandato y sobre las propias empresas beneficiadas.
No es menos relevante el impacto institucional: las reformas fiscales bajo sospecha afectan a sectores estratégicos como el energético y podrían abrir la puerta a reclamaciones o revisiones legales si se confirma la existencia de trato privilegiado.
Curiosidades y datos para cafeteros políticos
- Cristóbal Montoro fue ministro con José María Aznar (2000-2004) y Mariano Rajoy (2011-2018), siendo artífice de recortes presupuestarios y reformas fiscales polémicas.
- La consultora Equipo Económico cambió su nombre tras verse salpicada por investigaciones previas relacionadas con asesorías fiscales “creativas”.
- Entre los investigados están varios directivos aún en activo en empresas energéticas multinacionales.
- La investigación ha rescatado correos electrónicos internos donde incluso se sugiere que las propias empresas gasistas redactaban borradores legislativos “para facilitar el trabajo” al ministerio.
- Aunque se trata formalmente de una “imputación”, el lenguaje popular sigue utilizando “imputado” pese a que la ley prefiere ahora hablar de “investigado”. Montoro, por cierto, siempre prefirió los tecnicismos… hasta hoy.
