Una militante del PSOE se ha viralizado por su desahogo en directo que desafía el discurso oficial del Gobierno sobre la okupación. En el programa Espejo Público, esta mujer, que ha votado a la izquierda toda su vida, compartió su angustiante experiencia de año y medio: okupas en su casa junto a la playa, mientras ella se hacía cargo de las facturas de luz y agua, disfrutando aquellos del jardín y la piscina. «Mi marido y mi hijo han sido de Podemos, yo soy socialista y he militado durante años. Cuando Pedro Sánchez decidió apoyar esto nuevamente, se acabó», exclamó con indignación contenida.
No se trata de una crítica cualquiera. Proviene de alguien que se siente traicionada por su propio partido, al que responsabiliza de ofrecer refugio a «sinvergüenzas» que viven a expensas de los propietarios.
En el fondo del asunto está la percepción de que las políticas actuales demonizan al propietario como «rentista» mientras brindan protección al intruso. «Nos llaman rentistas cuando la verdadera rentista es ella, quien ocupa mi casa y ha traído a hombres de dudosa reputación. Viven a mi costa», denunció. Esta situación no es un caso aislado. La okupación infringe el artículo 33 de la Constitución Española, que protege la propiedad privada, pero los desalojos se eternizan en unos juzgados atestados, donde los procesos pueden prolongarse meses o incluso años. Los propietarios siguen asumiendo gastos mientras los okupas, en ocasiones relacionados con actividades delictivas o narcotráfico, generan inseguridad en barrios y comunidades vecinales. Esto desincentiva tanto el alquiler como las inversiones, encareciendo los precios de la vivienda y minando la confianza en el Estado de derecho.
Un conflicto candente
Históricamente, la izquierda ha defendido la okupación como respuesta ante la falta de vivienda asequible; sin embargo, situaciones como esta revelan el costo humano que ello conlleva. Sánchez y sus aliados han endurecido su retórica ante la creciente presión popular, aunque las reformas legislativas suelen encontrarse con obstáculos en el Congreso. La militante lo dejó claro: «Esto es cuestión de sentido común. Si la izquierda radical lo ha perdido, pido al PSOE que se una al PP para alcanzar un acuerdo contra los okupas». En redes sociales, sus palabras se volvieron virales rápidamente. Aunque no todas fueron de apoyo con comentarios como «ha disfrutado lo votado, pero en serio» o «el monstruo que crearon les devora» reflejan un malestar generalizado.
Las repercusiones podrían ser políticas. Este tipo de testimonios fracturan la base electoral del PSOE, evidenciando que el desgaste comienza desde dentro. Los propietarios temen alquilar debido a la inseguridad jurídica, lo cual agrava aún más la crisis habitacional. Comunidades enteras enfrentan conflictos, mientras el sistema judicial colapsa bajo demandas de desalojo. Si el Gobierno no toma cartas en el asunto, más votantes tradicionales podrían alejarse, como esta mujer que tras 70 años de esfuerzo ve desvanecerse su patrimonio.
