Los judíos españoles cargan contra el Supremo por absolver a los responsables de la librería Kalki

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) discrepó este lunes «profundamente» de la decisión del Tribunal Supremo de absolver a los dueños de la librería Kalki, de Barcelona, por la venta de libros de ideología antisemita.

«Los judíos españoles vemos con mucha preocupación que la Justicia española, tan sensible para determinadas situaciones, no considere la venta de libros que niegan el Holocausto y promueven el racismo contemplado en nuestro Código Penal como un delito tipificado», añadió.

La FCJE se sumó a la iniciativa de la Fiscalía Superior de Cataluña y del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona para que se reforme el artículo 510 del Código Penal y garantizar así la persecución de actividades y actitudes que inciten al odio y desprecio por motivos de raza, etnia, origen, religión, tendencia sexual, identidad de género y discapacidad, sin posibilidad de

Los judíos españoles afirmaron que la legislación española en materia de racismo y xenofobia tenía que haberse reformado antes del pasado 28 de noviembre, por orden de una «decisión marco» de la UE, y señalaron que los dos delitos de los que se absuelve a los responsables de la librería Kalki son los que están en ese mandato: incitación al odio racial y xenófobo y la negación del Holocausto.

CAMPAÑA CONTRA LA IMPUNIDAD

Por otro lado, el Movimiento contra la Intolerancia y víctimas del racismo y de crímenes de odio, junto a organizaciones que actúan contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la islamofobia, preparan una campaña para movilizar a la opinión pública y a la sociedad frente a la impunidad del racismo y los delitos de odio relacionados.

El Movimiento contra la Intolerancia subrayó que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la librería Kalki «ha disparado las alarmas en nuestro país, que vive un contexto donde ve afectado por la irrupción del populismo xenófobo, que ya ha adquirido presencia institucional».

La campaña pretende conseguir la reforma del Código Penal, la creación de instrumentos eficaces en la persecución de estos delitos con las fiscalías contra los delitos de odio y discriminación y la ilegalización de los partidos racistas y organizaciones neonazis.

Esta iniciativa cívica llevará sus reivindicaciones a los grupos parlamentarios, al Gobierno, a las instituciones susceptibles de apoyar estas propuestas, a las ONG y a movimientos sociales como el 15-M.

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