Pedro Sánchez ha conseguido lo imposible: enfadar a los pensionistas, regalarle una victoria parlamentaria a la oposición y dejar en evidencia una vez más su debilidad aritmética… ¡todo en un solo movimiento!
El Ejecutivo aprobó a finales de 2025 un real decreto-ley que mezclaba —como viene siendo costumbre— la revalorización de las pensiones contributivas en un 2,7% (y subidas mayores para mínimas y no contributivas) con un paquete de medidas del llamado «escudo social»: prohibición de desahucios por impago a vulnerables, límites a cortes de suministros y otras concesiones que, según PP, Junts y VOX, equivalen a un cheque en blanco para okupas y morosos.
El objetivo era evidente: usar a los jubilados como rehenes para forzar la aprobación de todo el paquete de golpe. Un chantaje en toda regla que ya intentó el año pasado… y que ya le salió mal.
Pues bien: historia repetida. El martes 27 de enero de 2026 el Congreso tumbado el decreto con 178 votos en contra (PP + VOX + Junts + UPN) frente a 171 a favor. Sánchez se ha metido el chantaje por la culata con todas las de la ley.
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, lo dejó clarísimo:
Votaremos sí a las pensiones cuando las presenten sin el chantaje de mantener las okupaciones y los impagos que sufren miles de familias.
Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo ya lo había advertido: los pensionistas están siendo utilizados como rehenes para tapar otras medidas ideológicas y acuerdos con Bildu.
Y Sánchez, en vez de rectificar a tiempo como hizo en 2025, ha preferido jugársela… y ha perdido. Ahora la pelota está en su tejado: o saca un decreto «limpio» solo con la subida de pensiones (que PP y Junts ya han dicho que apoyarían), o arriesga que en febrero millones de jubilados cobren lo mismo que en 2025.
¿Resultado? El Gobierno se expone a una campaña brutal de desgaste: el presidente que presume de «proteger a los mayores» acaba siendo el que pone en riesgo su nómina por no querer soltar amarras con sus socios radicales.
