La política española no da tregua a la sorpresa ni al sobresalto. En pleno séptimo aniversario de la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la Moncloa, los titulares no celebran logros ni avances, sino que se ven monopolizados por el último escándalo: el caso del ‘tres’ de María Jesús Montero, un episodio de supuesta corrupción que parece extraído del manual clásico del género.
Si los socialistas soñaban con conmemorar su asalto al poder, la realidad les ha despertado con un jarro de agua fría: la denuncia sobre cómo José Antonio Marco Sanjuán, alto cargo en Hacienda, habría empleado dos testaferros para cobrar dinero en efectivo de un empresario al que, casualmente, se le anuló una deuda millonaria con la Agencia Tributaria. El escándalo adquiere tintes casi cinematográficos y amenaza con profundizar la crisis interna del PSOE, ya ahogado por los efectos colaterales de la corrupción y la gestión política bajo presión.
El número tres de Hacienda y la telaraña de sociedades
El epicentro del terremoto es José Antonio Marco Sanjuán, presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) y hombre fuerte en el organigrama del Ministerio de Hacienda. Según las revelaciones publicadas, Marco Sanjuán habría utilizado dos testaferros para canalizar pagos procedentes de empresarios beneficiados por resoluciones fiscales favorables. El modus operandi recuerda a tiempos pretéritos: sociedades instrumentales sin actividad real, facturación opaca y patrimonio inmobiliario camuflado.
Resulta especialmente llamativo el caso destapado en las últimas horas: el ‘tres’ de Montero habría cobrado —a través de su sociedad Investment Betancunia SL y con la intermediación de personas cercanas— importantes sumas en efectivo procedentes de un empresario cuya empresa vio cómo se le anulaba una deuda con Hacienda que ascendía a 1,2 millones de euros. La empresa, Discomtes Valladolid SL, había sido sancionada por Aduanas con una multa cercana a los 64.000 euros; curiosamente, tras recurrir ante el Tribunal Económico Administrativo Regional —presidido entonces por Marco Sanjuán—, la reclamación fue estimada y la sanción anulada.
La mecánica se repite en varios episodios: sociedades pantalla gestionadas por amigos o socios actúan como tapadera para facturar servicios inexistentes o inflados, mientras los bienes personales —viviendas, garajes o vehículos— aparecen a nombre de estas empresas para esquivar impuestos y evitar cualquier atisbo de transparencia patrimonial. Todo ello mientras el propio Marco Sanjuán impartía lecciones sobre ejemplaridad fiscal en congresos profesionales.
El séptimo aniversario amargo del sanchismo
La irrupción pública del caso no podía llegar en peor momento para el PSOE. Este 29 de mayo se cumplen siete años desde aquella moción de censura que tumbó al Gobierno popular y situó a Pedro Sánchez como presidente gracias al respaldo —no exento de polémica— de fuerzas nacionalistas y formaciones vinculadas al entorno proetarra. Lejos queda ya aquel discurso solemne sobre la “limpieza” institucional y la promesa socialista de acabar con las “cloacas” del Estado.
Hoy, ese mismo partido afronta su aniversario bajo mínimos morales y políticos. El Gobierno se encuentra “en modo supervivencia”, según reconocen voces internas, mentalizado para resistir escándalo tras escándalo mientras la agenda pública se ve contaminada por casos como el protagonizado por Marco Sanjuán. La ironía es palpable: quienes llegaron proclamando una nueva ética pública ven ahora cómo las acusaciones —de corrupción económica, política y moral— minan su credibilidad.
En apenas unas semanas se han sucedido dimisiones relevantes (como la del número dos del Ministerio del Interior), denuncias cruzadas entre partidos y un clima generalizado de sospecha institucional. La oposición no ha tardado en exigir explicaciones parlamentarias urgentes e incluso acusa abiertamente al Ejecutivo socialista de actuar como una “organización criminal”.
¿Corrupción estructural o episodios aislados?
La magnitud del caso Marco Sanjuán invita a una reflexión mayor sobre los males endémicos que afectan a las instituciones españolas. No hablamos solo de sobresueldos o comisiones puntuales; lo alarmante es comprobar cómo parte del aparato público puede convertirse en un terreno fértil para redes clientelares y prácticas opacas. El uso sistemático de testaferros para ocultar patrimonio y eludir impuestos no es solo un síntoma individual: revela una cultura política donde los controles fallan o resultan insuficientes.
El propio Ministerio dirigido por María Jesús Montero ha impulsado recientemente reformas legales para atajar fraudes similares en otros sectores (por ejemplo, las tramas vinculadas al IVA), pero los acontecimientos demuestran que ni las medidas más estrictas son infalibles si quienes deben velar por su cumplimiento caen en prácticas irregulares.
El contexto: alianzas incómodas y desgaste acelerado
No hay que perder de vista otro factor determinante: el desgaste acumulado tras años gobernando apoyados en alianzas frágiles con partidos independentistas y formaciones radicales. El precio político pagado por esos acuerdos se traduce hoy en aislamiento parlamentario e incapacidad para fijar agenda propia. A cada nuevo caso —ya sea económico o ético— resurge el fantasma del pacto original: aquel que permitió desalojar a Mariano Rajoy pero abrió la puerta a una etapa marcada por concesiones forzadas e inestabilidad crónica.
La percepción ciudadana tampoco ayuda: según encuestas recientes, crece entre los españoles la sensación de impunidad e incompetencia institucional. El relato oficial choca frontalmente con la realidad diaria; las “cloacas” siguen inundando titulares mientras los actores cambian pero los métodos permanecen.
Curiosidades y paradojas
- El ‘hombre fuerte’ sancionador convertido en beneficiario: José Antonio Marco Sanjuán fue nombrado presidente nacional del TEAC por María Jesús Montero poco después del desembarco socialista en 2018. Su carrera estaba marcada por su papel como azote contra el fraude… hasta ahora.
- Sociedades instrumentales como modus operandi: Investment Betancunia SL no tenía empleados ni actividad real conocida, pero acumulaba bienes raíces y vehículos —incluido un BMW— sin levantar sospechas durante años.
- Aniversarios incómodos: Mientras hace siete años Sánchez prometía limpiar las instituciones, hoy sus adversarios le acusan directamente en sede parlamentaria de encubrir una “organización criminal”.
- Ironías fiscales: El propio Marco Sanjuán presidía esta semana un congreso sobre ejemplaridad tributaria… justo cuando saltaba su caso a los medios.
La política española nunca decepciona cuando se trata de añadir capas al folletín institucional. Si algo nos enseña este episodio es que cada aniversario puede convertirse, inesperadamente, en motivo para revisar promesas incumplidas… y destapar nuevas cloacas.
